La diplomacia del absurdo

En este momento, alrededor de 3 millones de colombianos residen en Venezuela y 2 millones de venezolanos, en Colombia. Muchas de esas personas necesitan asistencia, ya sea para resolver su situación judicial, para sacar algún documento o para atender una emergencia. Sin embargo, hoy no existe absolutamente ningún canal de comunicación entre los dos países.

Eso no tiene antecedentes en la historia reciente. Hasta en los años duros de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética tenían el teléfono rojo. En medio de amenazas de guerra nuclear, Donald Trump se reunió personalmente en la frontera de Corea del Norte con Kim Jong-un. Irán y Estados Unidos, que se odian, recientemente intercambiaron prisioneros. Por eso lo que ocurre hoy entre Colombia y Venezuela no se entiende y es a todas luces una situación insostenible.

La captura de Aida Merlano por la fuerzas de Maduro le ha servido al mandatario venezolano para cuestionar la estrategia de la política exterior colombiana.

El nuevo capítulo de la novela de Aida Merlano confirma esa innegable realidad. Después de haberse fugado a Ecuador y tras llegar a Venezuela, la capturaron las fuerzas de Nicolás Maduro en un apartamento nada modesto de un barrio residencial de Maracaibo. Cuando la Fuerza de Acciones Especiales (FAE) irrumpió en el apartamento, la exsenadora habría ofrecido a los agentes 300.000 dólares para evitar su captura.

Sorprendentemente, los uniformados no aceptaron el dinero, y la excongresista colombiana acabó en la cárcel. De ahí en adelante, el episodio adquirió visos cómicos. Colombia le pidió la extradición al presidente interino Juan Guaidó, quien tímidamente contestó que en medio del “secuestro institucional” haría lo necesario para “facilitar” el regreso de Merlano al país. Tanto la carta como la respuesta fueron ridiculizadas por razones obvias. La verdad es que el Gobierno de Colombia tiene muy claro que Guaidó no puede hacer absolutamente nada, pero, por coherencia con la estrategia que la Cancillería ha tenido hasta ahora, esta consideró que tenía que hacer ese gesto simbólico.

Como era de esperarse, el gobernante venezolano hizo chistes sobre la actitud colombiana de recurrir a Guaidó, aunque luego salió con una iniciativa inesperada: pidió reabrir relaciones consulares entre los dos países para dar fin a la gravísima inexistencia de un contacto entre ambos. En Bogotá recibieron esa propuesta como una rosa con espinas. Para algunos, abrir ese tipo de relaciones constituiría una concesión a Maduro porque implicaría reconocer a su gobierno. Para otros, lo que propone es sensato y tiene más ventajas que desventajas.

El episodio de Aida Merlano, que hoy parece una tragicomedia, puede servir para darle manejo a una sinsalida que existe entre las dos naciones, a la cual nunca debieron haber llegado. El único país del mundo que no podía romper relaciones totalmente con Venezuela era Colombia. Con más de 2.000 kilómetros de frontera, 5 millones de migrantes entre los dos, y grupos criminales que se pasean de un lado al otro, la ausencia de canales de comunicación es un absurdo práctico y diplomático.

¿Cómo se llegó a esa situación? La historia es larga y llena de altibajos. Cuando Hugo Chávez llegó al poder durante el Gobierno de Andrés Pastrana, no hubo mayor colaboración, pero tampoco ningún problema. El primer colombiano que enarboló la bandera del antichavismo fue Juan Manuel Santos, en la época que escribía una columna en El Tiempo y aspiraba sin posibilidades a la presidencia de la república. Eso le sirvió para posicionarse políticamente en ese momento, y cuando Álvaro Uribe lo nombró ministro de Defensa, su pelea con Chávez se convirtió en la pelea del Gobierno. Uribe trató de evitar esa confrontación e incluso nombró a Chávez con Piedad Córdoba como facilitadores para la liberación de Íngrid Betancourt y los otros secuestrados. Sin embargo, después se arrepintió y les revocó ese encargo.

Chávez, ofendido, se convirtió en un enemigo acérrimo del Gobierno colombiano. Esa tensión creció después del bombardeo al campamento de Raúl Reyes en territorio de Ecuador. En ese momento, el presidente venezolano, en solidaridad con el ecuatoriano Rafael Correa, envió sus tanques a la frontera para protestar por la violación de la soberanía de su aliado. Tanto Chávez como Correa rompieron relaciones diplomáticas con Colombia. Después, la situación se calentó aún más porque Santos anunció un tratado que permitiría establecer bases norteamericanas en Colombia. Y al final del Gobierno de Uribe, el estado de ánimo se volvió de preguerra, pues el embajador en la OEA, Luis Alfonso Hoyos, denunció la ubicación exacta de los campamentos de las Farc en Venezuela.

Paradójicamente, el propio Santos enderezó las cosas. Tres días después de llegar a la presidencia, invitó a Chávez a Santa Marta y lo describió como su “nuevo mejor amigo”. Aunque la frase recibió muchas críticas, dejaba claro que el nuevo mandatario entendía la diferencia entre ser candidato y ser presidente. Entonces, Santos convirtió a su anterior enemigo en uno de sus principales aliados del proceso de paz con las Farc. La relación fue tan buena que el presidente colombiano asistió al entierro del comandante venezolano, y, posteriormente, le entregó las banderas de la mediación con las Farc a su sucesor, Nicolás Maduro. Esa luna de miel terminó, dado que, firmado el acuerdo de paz, Maduro para perpetuarse en el poder se inventó su propia constitución y se atornilló en Miraflores. El Gobierno colombiano en ese momento volvió a criticar al régimen bolivariano, pero ninguno llegó a romper relaciones.

En medio de esa situación se desarrolló la campaña presidencial de 2018. En esta los candidatos del Centro Democrático competían en antichavismo para complacer las bases uribistas del momento. Iván Duque, mejor orador que sus rivales, se destacó en ese frente y no perdió oportunidad de atacar a Maduro. Al llegar a la presidencia, en lugar de moderar la retórica, la intensificó, y tumbar a Maduro se convirtió en la principal bandera de su política exterior. Esa fue una jugada demasiado arriesgada, cuyas consecuencias podrían ser muy graves.

Colombia pasó de ser un crítico más del régimen ilegal de Maduro a liderar la cruzada continental para derrocarlo. Dados los nexos entre los dos países, la superioridad militar aérea de Maduro y su carácter impredecible, convertirse en el enemigo número uno del vecino no era prudente. Participar como uno más en el Grupo de Lima era lógico, pero la apuesta de aliarse con Donald Trump y servirle de punta de lanza en la región no podía salir bien.

Y, definitivamente, no salió bien. En esa jugada de póker, el presidente se jugó el todo por el todo. Si le salía bien y Maduro se caía, Duque se convertía en el adalid de la democracia en el continente y en Venezuela le hubieran levantado varias estatuas. Pero si no resultaba, las consecuencias serían muy delicadas, como en efecto pasó. Sostenido por Rusia y China, Maduro logró mantener su régimen, y, si bien está débil, puede quedarse un rato más. Indignado con lo que considera la conspiración de la troika Duque-Trump-Guaidó, el presidente venezolano rompió relaciones con Colombia y, a diferencia de la vez anterior, esa ruptura se ha prolongado sin solución a la vista.

Con esto no solo quedaron abandonados a su suerte los 5 millones de migrantes mutuos, sino que todos los grupos criminales enemigos del Gobierno pudieron ampararse al otro lado de la frontera bajo la protección de Maduro. Eso les ha permitido planear sus ataques sin que nadie los persiga y regresar campantes a Venezuela después de llevarlos a cabo. Esa era la situación hasta la captura de Aida Merlano esta semana.

A la exsenadora se le apareció la Virgen con la petición del Gobierno Duque a Guaidó de que la extraditara a Colombia. Eso fue un plato suculento para Maduro, quien va a utilizarla como instrumento para tratar de ridiculizar la política exterior colombiana y desprestigiar al establecimiento del país. Maduro oirá feliz todas las verdades sobre corrupción electoral que la Fiscalía quería que Merlano confesara. Y, seguramente, las va a usar para deleitar a su auditorio y seguir dándole palo al Gobierno colombiano. Eso hace pensar que es poco probable que extradite a su nueva mejor amiga. No solo porque no quiere, sino porque no se lo han pedido.

Lo cierto es que detrás de este episodio de confrontación diplomática hay una crisis humanitaria que va mucho más allá del caso particular de Aida Merlano. Las personas que residen en las poblaciones limítrofes viven un drama diario que no siempre dimensionan o entienden los funcionarios en Bogotá o en Caracas. Por ejemplo, durante la visita del canciller español a la frontera, en las cercanías del lugar del encuentro ocurrió un homicidio. Pero ni las autoridades de Cúcuta ni las de San Antonio se atrevían a organizar el levantamiento del cadáver, pues no estaban seguros de tener competencia.

La situación es tan grave que el alcalde de Cúcuta esta semana propuso militarizar la ciudad para combatir la delicada situación de orden público que enfrenta. El hecho es que en la actualidad no hay protocolos para actividades indispensables como transporte fronterizo, movilidad estudiantil, sanidad portuaria, desplazamiento de ambulancias, etcétera. Eso ha hecho que las autoridades de esos departamentos o estados fronterizos quieran coordinar con sus homólogos del otro lado, independientemente de sus Gobiernos centrales. Los colombianos se apoyan para esto en el artículo 289 de la Constitución, según el cual los departamentos y municipios ubicados en esas zonas podrán adelantar directamente entre ellos programas de cooperación e integración en beneficio de su gente.

Ese vacío de autoridad se ha traducido en una economía informal sorprendente. El año pasado, las exportaciones legales a Venezuela ascendieron aproximadamente a 200 millones de dólares, cuando en su mejor momento superaron los 6.000 millones. Como la frontera está cerrada, no es posible exportar legalmente productos, desde dulces hasta papel higiénico. Por esto, el contrabando, según la Cámara Colombo-Venezolana, asciende probablemente a más de 1.500 millones de dólares. Y esto sin mencionar las mercancías abiertamente ilícitas como drogas, armas y minería ilegal. La dolarización de facto de Venezuela soluciona el problema de los pagos en bolívares desvalorizados. Ante la destrucción del aparato productivo vecino, ese país demanda todo tipo de bienes y productos, lo cual constituye una gran oportunidad comercial para Colombia.

Ante este dramático panorama, no hay que descartar de primerazo la propuesta de Maduro de restablecer relaciones consulares, pues una cosa son las relaciones diplomáticas y otra, las económicas y sociales. El argumento de que abrir relaciones consulares implica reconocer el Gobierno de Maduro es falso. El artículo dos de la Convención de Viena estipula en forma explícita: “La ruptura de relaciones diplomáticas no entrañará, ‘ipso facto’, la ruptura de relaciones consulares”. La mayoría de los países del Grupo de Lima sostienen en la actualidad relaciones consulares con Venezuela, con la excepción de Colombia. Y hasta Estados Unidos conserva un mecanismo de relacionamiento con ese país.

Por más ilegítimo y dictatorial que sea el régimen de Maduro, es el poder de facto, y todo indica que no se acabará pronto. También está quedando claro que la actual situación es menos sostenible. Por eso, el presidente Duque pudo haberse precipitado al rechazar categóricamente la propuesta venezolana, pues hasta el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, habló de la necesidad de una transición en Venezuela, con lo que bajó un poco el tono. El Gobierno no puede limitarse a una admirable e ingenua defensa de la democracia venezolana haciendo caso omiso de los múltiples intereses colombianos en juego. Ha llegado el momento de inyectarle una dosis de realpolitik a las relaciones exteriores del país.