Radiografía: así es ser LGBTI en la Colombia rural

La última década fue clave para la comunidad LGBTI en Colombia. Gracias a la lucha en las calles y los tribunales, el Estado ha comenzado a reconocerle algunos de sus derechos. Por ejemplo, la Corte Constitucional sentenció en 2008 que las uniones libres del mismo sexo tienen derecho a reclamar la pensión de su pareja. En 2011 se pronunció sobre el matrimonio igualitario y en 2013 les abrió la posibilidad de casarse en las notarías.

Estos triunfos legales mejoraron en parte la vida de los LGBTI colombianos. Pero son logros más notorios en las grandes ciudades y poco aplicables en los sectores rurales y apartados del país. Sus historias dan cuenta de ello.

“La gente en mi pueblo era machista. Salía a la calle y me trataban mal. ‘La van a matar’, decían. Yo sentía mucha presión”. Las palabras son de Andrea Fernanda Tovar, una transexual de 25 años que vive en Chaparral, en el sur del Tolima. Nació en el municipio de Planadas -también en este departamento- y trabaja en un salón de belleza.

Ella cuenta que huyó hacia Bogotá por la discriminación y la intimidación. Incluso, en algunos establecimientos de la región no le permitían ingresar por su género. “Un día me dijeron: ‘Nos reservamos el derecho de admisión porque acá no dejan entrar a gente como usted’. Y tuve que salir”, recuerda.

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Desde hace seis años, Andrea Fernanda se estableció en Chaparral. Su vida ahora es más tranquila, pues no siente miedo ni amenazas por su sexualidad. Tampoco la discriminan.

Los derechos alcanzados en los últimos años benefician poco a la población LGBTI rural

Lillit Natasha Border tiene una historia parecida. Con 44 años, esta transgénero de Medellín lucha desde la cultura por el reconocimiento de su identidad y la de otros LGBTI en Antioquia. “La clave está en entender que somos seres cambiantes y que por encima de lo que la sociedad espere, mis convicciones y principios son innegociables”, recalca.

En El Dovio, municipio del noroccidente del Valle del Cauca, la personera Marlén Pilar Ortiz ha dado la batalla para hacer respetar los derechos de las personas con sexualidad diversa en su territorio, considerado como uno de los más conservadores en este tema. “Ser LGBTI en un pueblo es muy difícil. Aquí todo es muy cerrado”, expresa. Sin embargo, el año pasado ella y organizaciones sociales de la zona llevaron a cabo la primera Noche de Tacones, evento que promueve la igualdad y el respeto.

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Otra iniciativa parecida se da en Ciénaga, norte de Magdalena, donde recientemente nació la primera asociación de abuelos LGBTI del departamento. El objetivo: brindar apoyo a los jóvenes. “Para la humanidad, nosotros somos una válvula de escape”, comenta Jorge Rafael Peña, de 62 años y uno de sus miembros más activos.

Discriminación y desplazamiento

De acuerdo con Wilson Castañeda, director del colectivo Caribe Afirmativo, las acciones que hasta el momento se han llevado a cabo para reivindicar los derechos y proteger a la comunidad LGBTI colombiana están centradas en la población urbana. Y es que ni el Estado ni las organizaciones sociales se han preguntado cuál es la realidad de los homosexuales, transexuales o bisexuales de las zonas rurales.]

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“El movimiento LGBTI en el país comenzó en Bogotá y luego se dispersó por las ciudades importantes. Mejor dicho, la gente de las regiones cree que para salir del clóset hay que migrar a las grandes urbes”, señala. Esto no significa que la homofobia no ocurra en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y otras grandes ciudades. Según la Defensoría del Pueblo, 298 personas fueron atendidas en 2016 tras sufrir hechos de violencia o discriminación por su orientación sexual. Y hasta mediados de mayo de este año ya se contabilizaban 66 casos.

Del total de episodios registrados el año pasado, 59 ocurrieron en el Valle del Cauca (incluida Cali), siendo la región donde más casos se reportaron. El segundo puesto lo ocupa Bogotá con 30; le sigue el departamento de Arauca con 29, Córdoba con 23 y Santander con 20.

“El 38 por ciento de las personas que atendimos fueron discriminadas por negarles acceso a trabajo, salud, identificación e información de sus derechos”, señala Diana Rodríguez, defensora delegada para asuntos de género. “El 19 por ciento llegó a la Defensoría por hechos vinculados al conflicto armado y el 10 por ciento debido a diferentes agresiones físicas”.

Rodríguez agrega que en el campo es más visible la discriminación, especialmente en zonas donde la guerra ha sido más cruenta porque los grupos armados y otros actores pretenden imponer su ideología y la población LGBTI no encaja en la visión de la sociedad que ellos tenían o tienen.

Ser LGBTI en medio de la guerra

De las más de 8 millones de víctimas del conflicto armado, existe un pequeño registro de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales que se han visto afectados por la guerra. De acuerdo con las cifras de la Unidad de Víctimas, se trata de 2.201 personas hasta abril de este año.

El delito con mayor incidencia contra la población LGBTI es el desplazamiento, con 1.049 casos; la amenaza, con 322, y el homicidio, con 53. Sin embargo, estos números rojos pueden ser mayores, pues hay miembros de la comunidad que no han hecho pública su situación o no pueden acceder al sistema estatal de denuncias.

“Vemos que los actores del conflicto no aceptaban la diferencia en los territorios. No permitían que las personas decidieran sobre sus cuerpos o escogieran qué estudiar o en qué lugares les gustaría estar. Tenían confinadas sus vidas”, resalta Luis Eduardo Fernández, investigador vinculado a la organización Colombia Diversa y quien ha indagado sobre las repercusiones de la guerra en la población LGBTI.

Colombia todavía no sabe la realidad de la población de sexualidad diversa en sus municipios. De hecho, se desconoce cuál es el número de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales que habitan en el país. El Estado no ha hecho el ejercicio de crear un censo nacional y las organizaciones sociales tampoco llevan un registro.

Los expertos coinciden en que se requiere pasar a políticas locales para proteger y asegurar los derechos LGBTI. Un primer paso sería censar a esta población en las ciudades y en el campo. El DANE le dijo a SEMANA RURAL que esa labor comenzará en el 2018. La Alcaldía de Cali, por ejemplo, ha entendido esta necesidad y desde la Oficina de diversidad sexual y género prepara un estudio demográfico de la población LGBTI en la capital del Valle.

Política LGBTI en las regiones, a paso lento

En Colombia hay cuatro concejales y un alcalde de la población LGBTI según el Observatorio de participación política de Caribe Afirmativo. Estos líderes políticos fueron elegidos en los comicios regionales de 2015, donde se presentaron 73 candidatos representando a esta comunidad.

Los cinco cargos son un logro para el movimiento, a pesar de ser una pequeña cifra en el mundo de la política. Y por primera vez fue escogido un alcalde abiertamente gay. Se trata de Julián Bedoya, del partido Centro Democrático, quien está a cargo del municipio de Toro, norte del Valle del Cauca.

“Sabemos que hay percepciones ortodoxas que no permiten el avance de la comunidad, pero nosotros contamos con las cualidades necesarias. Por ahora no me han impedido hacer política en el municipio”, dice el alcalde Bedoya.

Nixon Padilla, coordinador del colectivo León Zuleta, explica que la organización social y la incidencia en la política de los LGBTI creció en los últimos cinco años. Sin embargo, falta que exista más apoyo para fortalecer a esta población, especialmente en las regiones. “En algunos casos, la participación se ha reducido a nombrar a un interlocutor entre el Gobierno y la población”.

En Twitter: @josedapuentes