La dura arremetida de Paloma Valencia y el Centro Democrático a senadores opositores de la Ley de seguridad ciudadana

El Centro Democrático, actual partido de gobierno, criticó fuertemente a los congresistas de la oposición que votaron en contra del proyecto de ley con el que se busca fortalecer la seguridad ciudadana facultando a las personas a la legítima defensa.

De acuerdo con la oposición, dicha defensa se puede malinterpretar en algunas ocasiones, haciendo que los actos de violencia indiscriminada sean apoyados por la misma ley colombiana.

“Quieren fusilar a los ladrones, encerrarlos en la cárcel. Vean, denles comida. Denle comida al pueblo de Colombia y verán cómo se reduce la inseguridad. Quieren avalar el fusilamiento de los que protestan. Ahí se juntan a la vertiente clásica del paramilitarismo en Colombia”, manifestó el precandidato del Pacto Histórico a la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro.

Argumento contrario es el que tiene la senadora uribista, Paloma Valencia, para quien los senadores que no votaron el proyecto no son otros sino los mismos que, según ella, buscan y promueven la violencia y el vandalismo durante las protestas en el país.

“Estos senadores que no apoyaron el proyecto de seguridad ciudadana son los senadores que promueven el caos en Colombia. Estos son los senadores que les gustan los bloqueos, que les gusta que secuestren las ciudades, estos son los senadores que creen que la protesta puede ser violenta, que creen que la protesta puede tener elementos de destrucción al sistema público de transporte, del patrimonio de los colombianos”, aseguró Valencia.

Asimismo, explicó que este tipo de propuestas en lugar de crear más violencia, lo que hacen es blindar las manifestaciones de violentos que pretenden empañar la indignación social con actos criminales.

“Los senadores que acompañamos el proyecto de seguridad ciudadana lo hacemos sobre la base de que la protesta está absolutamente resguardada, porque la protesta es un derecho pacífico que no puede ser en ningún momento violento. Esta ley lo que hace es defender la protesta de las infiltraciones de los violentos, de las infiltraciones de los vándalos, de las narcoterroristas y de todos los que quieren utilizar la protesta para destruir los bienes y la convivencia pacífica”, añadió.

Otro que habló sobre el tema fue el compañero de partido de Valencia, el senador Gabriel Velasco, quien, como lo demostró durante el proceso de aprobación del proyecto, comparte las tesis de Paloma sobre los “principales afectados” de esta casi nueva ley.

“Hay un grupo o sector político que se las da de demócrata, pero lo único que han hecho es promover las vías de hecho, la violencia, el caos y tratar de socavar con la institucionalidad que tiene Colombia. Votan no en un proyecto que lo único que busca es defender a la ciudadanía, proteger a la Fuerza Pública y tener herramientas para que las regiones del país no vuelvan a estar secuestradas. El Valle del Cauca estuvo secuestrado 45 días”, dijo Velasco, recordando el caos visto en Cali, una de las ciudades que más actos de violencia sufrió durante el paro nacional desarrollado entre abril y junio de este año.

Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios, representante del Gobierno en el debate del proyecto de ley, respondió a los grupos políticos que tildan esta iniciativa como una resurrección del paramilitarismo, negando dicha acusación.

“Algunos miembros de la oposición han querido decir que (la legítima defensa) es un tipo de paramilitarismo, o una autorización para que cualquiera pueda disparar en la calle, nada puede ser más lejos de la verdad (…) Logramos hacer unas afinaciones y como ha quedado es que hoy se entiende como legítima defensa privilegiada cuando la persona se defienda en su habitación, en su residencia o en su vehículo, frente a una intromisión violenta a su hogar”, explicó.

Igualmente, agradeció a los congresistas que votaron a favor del proyecto de seguridad ciudadana, asegurando que Colombia nunca apoyará la violencia, y menos cuando esta se ensaña contra la Fuerza Pública o las instituciones del Estado.

“Si a algunos no les gusta que agravemos la pena a quien incendie un CAI, es entendible, pero no lo comparto y no lo compartió la plenaria gracias a Dios. Si algunos no están de acuerdo con que se agrave la pena a quienes quemen un Palacio de Justicia, es entendible, no lo comparto y gracias a Dios no lo compartió esta plenaria, porque el pueblo colombiano no comparte esa posición”, concluyó Palacios.