La dura realidad de Cartagena en cifras

En un video publicado el 2 de enero en su cuenta de Facebook, el nuevo mandatario de la capital de Bolívar, William Dau Chamatt, decidió explicar por qué la alcaldía no aportaría recursos para el Cartagena Festival de Música 2020. Dijo que la clase política local, a quienes comúnmente llama “los malandrines”, le entregaron una ciudad colapsada, con cuentas embargadas y una ciudadanía sumida en la pobreza. En pocas palabras, dio a entender que Cartagena estaba quebrada y lamentó no poder apoyar a ese importante festival cultural.

Una semana después, Dau volvió a hablar de las finanzas porque de la Secretaría de Hacienda se robaron un computador en el que había información importante sobre prescripciones de impuestos. El reclamo del alcalde a los funcionarios de esa dependencia se hizo público cuando se filtró un audio en el que no solo anunciaba un castigo para los responsables, sino que, además, denunciaba la existencia de una supuesta nómina paralela y la condonación de deudas por parte de trabajadores corruptos.

“Cartagena se respeta, carajo. Hay un millón de cartageneros por quienes yo tengo que velar (…) Cartagena es una ciudad rica, tiene billete, esta no es una ciudad para que haya pobreza, desigualdad, problemas de salud y educación”, gritaba el alcalde en la grabación. Las palabras de Dau generaron una controversia entre varios actores económicos. Pero, en especial, abrieron el debate sobre el estado real de las finanzas de la capital de Bolívar y la inquietud en una ciudadanía esperanzada en un cambio después de más de diez años de zozobra política y crisis institucional.

Pedrito Pereira, alcalde encargado durante el año pasado, considera exagerado afirmar que la ciudad está en quiebra. Eso sí, explica que en los últimos meses de 2019 la capital de Bolívar sufrió una ofensiva judicial sobre las cuentas. Pero que todo quedó previsto en el presupuesto de 2020, “para que la nueva administración pudiera implementar un programa de saneamiento fiscal y afrontar esos procesos legalmente”.

Según Pedrito Pereira, exalcalde de la ciudad, la nueva administración puede implementar un programa de saneamiento fiscal.

Pereira argumenta que dichos embargos afectan los ingresos corrientes de libre destinación, mientras que los del Sistema General de Participaciones y los de las regalías no tenían ningún inconveniente. “Respeto la posición de Dau, pero no estoy de acuerdo con esos términos tan trágicos. Lo que no desconoce que lo más grave es la situación judicial por fallos de obligaciones que hay que cumplir de cuentas que se deben hace muchos años y los acreedores han decidido cobrarlos por la vía ejecutiva”, dice. Estos, según fuentes no oficiales, rondarían los 500.000 millones de pesos.

Una radiografía

Pero las cuentas y el debate fiscal van más allá. El Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República, liderado por Jaime Bonet, gerente de la entidad en la ciudad, presentó esta semana el informe ‘Las finanzas públicas de Cartagena 2001- 2018’. El análisis deja en claro que el periodo entre 2012 y 2018 se puede considerar como de “crisis gubernamental”.

El informe determinó que, a pesar de la crisis institucional, los ingresos fiscales tuvieron un buen desempeño, pero no alcanzan para atender las necesidades de inversión, por lo que hay un descenso en el crecimiento del gasto público ejecutado. En los últimos 18 años, pero especialmente en los de la denominada crisis gubernamental, la ciudad presentó un rezago en la inversión promedio anual por habitante. Por ejemplo, en las 13 principales ciudades del país esta fue de 931.385 pesos y en Cartagena solo alcanzó 824.399 pesos.

El informe de Cartagena cómo vamos señala que el 26 por ciento de la población, es decir, más de 268.000 cartageneros viven en condición de pobreza y el 3 por ciento, que equivale a 35.000 personas, viven en la indigencia. Esto significa que es una de las dos ciudades más pobres entre las siete principales capitales del país. En promedio, sus habitantes tuvieron ingresos de 30 por ciento por debajo del salario mínimo mensual vigente. Y aunque la tasa de desempleo en Cartagena, 8,7 por ciento, fue inferior al promedio nacional, 54 por ciento de los ocupados se desempeñaban en actividades informales como el rebusque, empleos de baja calidad, bajos ingresos, inestabilidad laboral y sin garantía de seguridad social.

En educación el panorama es peor. Solo una institución educativa alcanzó el nivel A+, el más alto en las pruebas Saber y el 79 por ciento de los colegios oficiales de Cartagena no superan el nivel C, el segundo más bajo de la escala. Y en saneamiento básico se estima que alrededor de 25.898 personas carecen de acceso a agua potable y 45.040 a alcantarillado, la mayoría de estas en sus zonas rurales.

Sorpresivamente, en estos 18 años las arcas de Cartagena han pasado de recibir, en promedio, 500.000 pesos de impuestos anuales por habitante, a más de 1.200.000. Para Vivian Eljaiek, gerente de la Andi seccional Bolívar, estas cifras resultan irónicas, porque el crecimiento económico va en contravía al descenso en los indicadores sociales. De eso se podría concluir, como ha sugerido Dau, que una buena parte de la plata nueva que ha ingresado se perdería en el camino de la corrupción. O que la ciudad no la ha invertido con criterios de calidad en proyectos de impacto y bienes públicos, especialmente en reducir los índices de pobreza extrema.

En otras palabras la dirigente gremial plantea que los ingresos fiscales del distrito, a pesar de la crisis de gobernabilidad de los últimos años, han aumentado principalmente porque han crecido las dos fuentes de impuestos directos, el predial e industria y comercio, a pesar de que Cartagena solo recauda el 47 por ciento del predial que factura. Es decir, deja de recibir cada año cerca de 200.000 millones de pesos, a diferencia de ciudades cercanas como Barranquilla cuyo índice de recaudo hoy se acerca al 80 por ciento. Y eso, también, sin incluir al gran número de predios que no pagan impuestos por ser bienes patrimoniales.

El impuesto directo que más ha crecido es el de Industria y Comercio. Esto se debe, según Eljaeik, a que más empresas hoy tributan en la ciudad, especialmente las grandes. También al crecimiento industrial, logístico y portuario, y a que varias industrias se han trasladado de Medellín, Bogotá y Cali en busca de mayor competitividad.

Los retos del alcalde

Para 2020 Cartagena tiene aprobado un presupuesto de 1,9 billones de pesos. Pero más o menos el 60 por ciento de ese dinero proviene de las transferencias del gobierno central. Y 564.000 millones corresponden a ingresos corrientes de libre destinación, que sería, en teoría, el dinero que el alcalde Dau podría usar para desarrollar megaproyectos que impacten positivamente la vida de los habitantes.

Pero, como señaló el exalcalde Pedrito Pereira, el Concejo Distrital también aprobó un plan de saneamiento fiscal y este incluye, entre otros puntos, “cubrir el déficit de las cuentas por pagar y/o reservas presupuestales que deben constituirse cada año generados por los embargos judiciales a las cuentas del distrito; sentencias y conciliaciones; pasivo laboral y prestacional; pasivos por retroactivos laborales”. Esto podría significar arañar una buena parte del presupuesto de inversión.

De este modo Dau tendrá que, como recomienda el informe del Banco de la República, lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos, mejorar la estructuración y ejecución de los proyectos, disminuir los índices de corrupción y atraer inversionistas. Todo ello si quiere pasar a la historia como el líder que le cambió el rumbo a Cartagena y no como un alcalde más de los 12 que ha tenido la ciudad en los últimos 10 años.