La encrucijada de Duque tras la detención de Uribe

Cuando Iván Duque ganó las elecciones presidenciales, algunos pensaron que la vasta experiencia de Álvaro Uribe podría serle útil al frente de la Casa de Nariño. Una mancorna con el expresidente más popular de los últimos 20 años en Colombia podría augurarle margen en el Congreso y simpatías en la galería. Sin embargo, en sus primeros dos años de gobierno ha recorrido un camino culebrero y espinoso. Ha tenido diferencias y tensiones con el Centro Democrático, el partido de Gobierno, derrotas políticas en el Congreso y desencantos con la opinión. Pero el presidente Duque se ha mantenido fiel a sus postulados, algunos de los cuales le han costado políticamente. Ha mantenido una buena relación con su mentor y expresidente, y ha recuperado índices de popularidad con su manejo de la pandemia.

Ahora, con Uribe en detención domiciliaria, sobre Palacio se ciernen consecuencias políticas imprevisibles. Por lo pronto, sin duda el largo proceso judicial que enfrentará el senador en la Corte Suprema de Justicia repercutirá en el día a día del presidente y su equipo, quienes se quedan sin la influyente presencia diaria del fundador del Centro Democrático y también su principal escudero.

Uno de los efectos indeseables sería que las prioridades del Gobierno cambien y el mandatario y su partido se enfoquen más en defender políticamente a Uribe y se distraigan de la grave crisis económica y social que ha causado el coronavirus.

Como ningún Gobierno en el mundo, ni Duque ni sus ministros estaban preparados para enfrentar una pandemia. Pese a sus esfuerzos, el desempleo y la pobreza van a golpear severamente a los colombianos. La situación se podrá tornar más delicada en los dos años de mandato que le quedan a Duque.

Justo cuando la covid-19 le había trazado el rumbo a un presidente que parecía no tener una bandera definida, el caso Uribe desató un sismo político que va a poner a prueba el liderazgo de Duque. Sin el expresidente al frente de la lucha política, la agenda legislativa del Gobierno y del Centro Democrático puede perder fuerza y embolatarse por cuenta de las nuevas preocupaciones.

Las reformas a la justicia, a la política, a la salud, las que se avecinan en la próxima legislatura, o las necesarias en materia laboral, pensional y tributaria, todas ellas estructurales, no deberían perder su norte ni su impulso. Y requerirán el apoyo de muchas fuerzas políticas para pasar por el Congreso.

Sin embargo, el Centro Democrático ya dejó saber que, más que una reforma a la justicia tramitada con el consenso de todos los partidos, como era la idea de la ministra del Interior, Alicia Arango, va a proponer una constituyente para acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y unificar las cortes en una sola.

La indignación del uribismo puede ser un arma de doble filo, porque estas iniciativas van a generar fuertes tensiones con los demás partidos. El sabor a revancha de la reforma a la justicia que propone el uribismo le quita legitimidad y no ha tenido eco. La propuesta de constituyente no parece viable por su intención política, por los tiempos ni por sus consecuencias institucionales. Y el intento de reforma a la JEP, piedra angular del proceso de paz, ya salió derrotado.

Si esos proyectos llegaran al Congreso, seguramente el Gobierno volvería a sufrir el desgaste visto en el primer año con una oposición que en esta oportunidad ha pasado también a la ofensiva para respaldar a la justicia, con el argumento de que nadie puede estar por encima de la ley.

Esos debates encierran el riesgo de empantanar otras iniciativas, en las que sí puede haber consenso, que tienen que ver con la atención de la emergencia económica y social. O con reformas urgentes que estuvieron en el limbo en el primer semestre por cuenta de la pandemia y por las dudas sobre la manera en que debía sesionar el Congreso.

Cuando el país conoció la detención de Uribe, la bancada del Gobierno en el Congreso protestó y prefirió retirarse de una sesión virtual. El principal relato del uribismo es que no puede ser posible que Timochenko esté libre o que Santrich haya burlado la justicia y se haya fugado, mientras Uribe esté detenido en su hacienda El Ubérrimo. Si este tipo de protestas simbólicas se repiten constantemente, los proyectos del Gobierno se verán afectados y, en últimas, los ministros se pueden quedar sin respaldo en el Legislativo.

En otro escenario, la polarización no le dará tregua a un presidente que, paradójicamente, se posesionó en 2018 con la bandera de buscar la reconciliación nacional. La providencia sobre Uribe aumentará la confrontación, como ya está claro, y no resulta aventurado afirmar que Duque culminará su mandato bajo la égida del debate político en torno a su mentor.

La idea era que el tercer año del presidente llegara en un ambiente distinto y de diálogo con otros partidos. Pero la detención del líder del Centro Democrático va a endurecer el discurso uribista, centrado en la crítica permanente a la llamada “impunidad” para los exlíderes de las Farc. Duque es el presidente de todos los colombianos y, como jefe del Estado, símbolo de la unidad nacional, no puede terminar atrapado en esa encrucijada.

Hasta ahora, el mandatario se ha mostrado solidario con Uribe, pero la presión del Centro Democrático lo puede poner contra las cuerdas. A Duque lo critican los uribistas más radicales porque sienten que dejó solo a Uribe, pero en la oposición piensan que el presidente, con sus constantes intervenciones, vulnera la separación de poderes. En esa encrucijada, el camino no resulta nada fácil para Duque.

El presidente ha tenido reparos ante la constituyente que le exige apoyar el Centro Democrático y se ha mostrado reacio a darle su apoyo abiertamente. “La constituyente no se hace con una sola fuerza política, sino con consenso, y es un proceso largo”, dijo. También se desmarcó de la idea de unificar las cortes.

Hoy, el gabinete de Duque abarca dos escuelas. La de corte eminentemente uribista, encabezada por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García; la ministra del Interior, Alicia Arango; el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la canciller, Claudia Blum. Son los cuatro cargos clave en cualquier Gobierno, encargados de la seguridad, la política, el presupuesto y las relaciones internacionales. Para esta línea dura, la detención de Uribe representa un fuerte golpe anímico que amerita fijar posiciones y no actuar como simples espectadores.

El procurador Fernando Carrillo ha advertido que los funcionarios deben acatar a la justicia y no atacarla, en respuesta a los mensajes de rechazo de algunos integrantes del gabinete a la decisión de la Corte.

Duque promueve personalmente la segunda escuela. Se trata de funcionarios que respetan a Uribe y valoran su legado, pero no se formaron con él, no hicieron parte de sus dos gobiernos ni se consideran uribistas purasangre. Más bien pertenecen a una tecnocracia joven, de centro o derecha moderada. Su meta será seguir adelante con el plan de gobierno, mientras tratan al máximo que la tormenta no afecte el rumbo de las cosas. Pero no será fácil, porque algunas voces uribistas le exigirán al Gobierno más compromiso con la causa de su líder detenido.

El regreso del uribismo al poder, luego de ocho años de ejercer una férrea oposición al santismo, ha sido más traumático de lo esperado. El Gobierno perdió un tiempo valioso en el Congreso y no tendió puentes, en parte por un discurso que alejó a otros sectores de centro. Y también porque Duque, en su lucha contra la politiquería y la mermelada, prefirió no entregar ministerios a los partidos.

El tercer año del presidente, que se inicia este 7 de agosto, será su última oportunidad para concretar sus principales políticas, pues el último año estará marcado por la campaña por las elecciones de 2022.

En Casa de Nariño, hasta hace una semana, solo hablaban de proteger la vida, salvar millones de empleos y empresas, de reactivación económica y de la necesidad de que la vacuna contra la covid-19 esté lista cuanto antes.

Pero el factor Uribe gravitará en Palacio en un año político decisivo para el país, en el cual el presidente Duque tendrá que mantener un fino equilibrio entre la solidaridad personal, la gratitud política con el expresidente y el respeto por la institucionalidad y la propia Presidencia, justo cuando los colombianos esperan mucho más de sus dirigentes. Más allá de las maromas que deben hacer todos los mandatarios para capotear las crisis, los colombianos esperan que les resuelvan sus problemas y dramas cotidianos. En últimas, de eso se trata la política.