La encrucijada de la corte

¿Podrá la Corte Suprema de Justicia, reducida al límite, salir del pantano en que está hace meses y que tiende a ensancharse? Eso se preguntan los 16 magistrados actuales y el país. El máximo tribunal civil enfrenta un panorama extremo e incierto. Los togados tienen que escoger al próximo fiscal general de la terna que anticipó el presidente Iván Duque, y además encontrar una fórmula de consenso que les permita también elegir siete nuevos magistrados para llenar sus vacantes. Pero el tiempo se agotó, y requieren unanimidad justo cuando abundan las divisiones internas.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia debe tener 23 magistrados. Pero en los últimos meses siete de ellos terminaron su periodo de ocho años sin que les hayan podido nombrar sus reemplazos. Así, solo hay ocupadas 16 sillas. Se trata del mínimo de votos con que la corte puede elegir el fiscal general o un nuevo magistrado. Eso significa que en las condiciones actuales los integrantes de la Sala Plena deberían votar unánimemente. Ahí está lo complicado.

La presión sobre la Corte Suprema aumentó esta semana cuando el presidente Duque decidió destapar su terna para fiscal general. El jefe de Estado había dicho, seis meses atrás, que prefería no desgastar los nombres que postularía y que aguardaría a que la corte completara los despachos vacíos. Pero cambió de opinión. El martes Duque llegó al Palacio de Justicia y entregó al presidente de la Corte Suprema, Álvaro García, el documento oficial con los tres nombres escogidos: Clara María González, Francisco Barbosa y Camilo Gómez. La corte acusó recibido y aceleró en lo que podía. Citó a los postulados para rendir entrevista, paso que se agotó el jueves.

La semana entrante los 16 magistrados tendrán un encuentro extraordinario, martes y miércoles, para empezar las rondas de votación tanto de las siete vacantes como de fiscal general. Aún cuando logren elegir los nuevos magistrados, estos solo podrán posesionarse en varias semanas, por lo que no estarán para ampliar el quórum y destrabar la situación.

Si no logran consenso esta semana, el lío quedará aplazado para 2020, pues la vacancia judicial arranca el 19 diciembre y la primera sala plena del año tendrá lugar el último jueves de enero. Para colmo de males, en febrero termina el periodo el magistrado Ariel Salazar Ramírez, de la Sala Civil. Si eso ocurre sin que para entonces hayan nombrado reemplazos, la Corte Suprema de Justicia se reduciría a 15 miembros, y en consecuencia quedaría en un limbo, sin posibilidad de elegir a nadie. Para salir de esa situación de brazos caídos habría que explorar mecanismos inéditos. Seguramente el presidente de la república, en el marco de algún estado excepcional, tendría que expedir un decreto que reforme transitoriamente el reglamento de la corte y que permita elegir con menos de 16 magistrados.

Eso solo se ha presentado una vez en la historia del país. En la toma a sangre y fuego del Palacio de Justicia en 1985, quedaron solo 12 magistrados para elegir a 11 faltantes. Por eso el presidente Belisario Betancur tuvo que declarar la conmoción interior para expedir un decreto que redujo a 8 votos el mínimo decisorio en la corte. Aquella vez, el país comprendió la necesidad de recurrir a esa fórmula.

Pero esta vez la Corte Suprema se marchita por cuenta de sus profundas divisiones y rencillas internas. ¿Tendrá que intervenir el Ejecutivo para lanzar un salvavidas a la cúpula de la rama judicial? ¿Definitivamente no lograrán los magistrados encontrar un consenso que anteponga la institucionalidad a sus diferencias particulares?

Las respuestas definitivas llegarán esta semana. El martes los togados intentarán llenar sus plazas vacías y el miércoles votarán la terna para encontrarle reemplazo en propiedad a Néstor Humberto Martínez. Los tres postulados a fiscal general hicieron una breve presentación y respondieron cinco preguntas. Francisco Barbosa lució mejor en la exposición ante los magistrados. En el Palacio de Justicia dicen que este candidato lleva la delantera pero aún no con unanimidad. Desde meses atrás, el presidente Duque le anunció en reserva que lo propondría y eso le permitió activar contactos con la rama judicial antes que los demás.

Francisco Barbosa Alto Consejero de Derechos Humanos

De los ternados Barbosa es el más cercano al presidente Duque. Se conocen desde que estudiaban derecho en la Universidad Sergio Arboleda. El candidato se desempeña como alto consejero presidencial para los derechos humanos y usó esa experiencia para perfilar su propuesta a fiscal general. “Yo quiero ser un fiscal de las regiones, no del búnker”, dijo Barbosa. Y recalcó en varios momentos que apostaría por desplegar la Fiscalía de acuerdo al mapa de criminalidad del país. También señaló que haría un especial esfuerzo por luchar contra la deforestación y prometió fortalecer la Policía Judicial y las Fiscalías locales para dar una respuesta pronta a la inseguridad cotidiana que afecta a la gente en las calles.

La corte le hizo las mismas cinco preguntas a los tres candidatos. Tres de estas inquietudes tuvieron que ver con asuntos problemáticos cuando Néstor Humberto Martínez llevó las riendas del búnker: la JEP, las salas de interceptación de la Fiscalía y el caso Odebrecht. Así envió el mensaje tácito de que a los magistrados les preocupa repetir esos errores y que las respuestas a esos temas pesarán mucho a la hora de decidir el ganador.

Barbosa dijo que había apoyado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y que como fiscal tendría una buena relación con ella. En efecto, este candidato respaldó la creación de ese tribunal, incluso trató de ser magistrado allí. Sin embargo, después pasó a ser crítico y desde que su nombre empezó a sonar para la terna ha guardado estratégico silencio. Respecto al desgobierno de las salas de interceptación dijo que en el búnker no podían haber ruedas sueltas y prometió revisar y profundizar las auditorías.

Clara María González, secretaria jurídica de la Casa de Nariño, hizo una exposición en clave técnica. Dijo que hay que optimizar los recursos de la entidad y aprovechar más la tecnología y herramientas como la big data. Señaló que le preocupa que la Fiscalía sea la tercera entidad del Estado con más demandas judiciales, con pretensiones por 54 billones de pesos, 14,6 veces su presupuesto anual. Así mismo resaltó que 54 por ciento de los procesos en los que la Fiscalía formuló acusación en 2018 terminaron en sentencias absolutorias. Y propuso, como fórmula para mejorar los resultados, fortalecer la parte técnica de las investigaciones.

Clara M. González Secretaria jurídica de la Presidencia

Frente al tema Odebrecht, González dijo que el país debe obtener resultados “eficientes y concretos” de esa investigación. Y señaló que con la JEP tendrá un nexo de cooperación con independencia. Acerca del lío de las salas de interceptación explicó que es necesario concluir las auditorías para conocer qué ocurrió allí y después “tomar las medidas pertinentes”. González no hacía su primera presentación ante la Corte Suprema de Justicia. Duque la ternó también meses atrás cuando había que nombrar un fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, dado los impedimentos del entonces fiscal Martínez. En aquella oportunidad la aspirante lució nerviosa y le restó posibilidad ser cercana al expresidente Álvaro Uribe. Las cosas no cambiaron mucho esta semana en su segunda cita.

Por su parte Camilo Gómez, director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, llegó ante los magistrados con el reconocimiento público de ser el escudero de Andrés Pastrana. Pero claramente la sombra del expresidente conservador no suma de cara a los magistrados.

Camilo Gómez Director de la Agencia de Defensa del Estado

Gómez genera la menor resistencia en sectores que respaldan el funcionamiento de la Justicia Especial. “La misión de la Fiscalía para construir la paz empieza con la colaboración armónica con la JEP”, dijo. El excomisionado propuso dar un viraje al funcionamiento de la Fiscalía y equiparó sus parámetros de eficiencia a los que debe tener un bufete de abogados. Así propuso quitarles cargas administrativas a los fiscales para fortalecer su gestión. Trajo cifras que dan cuenta de que los investigadores del ente de control perdieron el 50 por ciento de los casos que llevó a juicio y solo llevó a sentencia el 5,7 por ciento de los 2.645.516 procesos activos.

Su comparación con una oficina de abogados resulta lógica dado que por 15 años ha asesorado legalmente a empresas de diversos sectores. Ha estado en las juntas directivas de Ecopetrol, Fondo Nacional del Ahorro, Llanogás. En su hoja de vida también registra haber fundado en Colombia el controversial bufete Mossack Fonseca. La oficina principal de la firma en Panamá y varias sedes en Latinoamérica tuvieron que cerrar tras décadas de ayudar a celebridades, oligarcas y criminales mundiales a ocultar sus fortunas. Gómez aparece como fundador de Mossack Fonseca & Co Limitada en 2009 y quedó desvinculado en marzo de 2016, semanas antes de estallar el escándalo mundial de Panamá Papers.

El excomisionado ha explicado que esta vinculación se debe al trabajo que ha desempeñado durante años como asesor de muchas compañías. Si bien no tiene investigación penal alguna, de llegar a ser fiscal general tendrá su primer impedimento en un caso de alto interés nacional.

Gómez es el más político de los candidatos y fue fórmula presidencial de Marta Lucía Ramírez. Con ella ahora volvió a hacer llave desde la dirección de la Agencia del Estado, por ejemplo, para empujar una inhabilidad de Odebrecht para contratar en el país. Al igual que sus contrincantes, critica los resultados de las investigaciones de corrupción de la multinacional, a los que considera insuficientes.