La encrucijada en el alma del ministro de Salud: ¿le dará su aval al uso del glifosato?

En 2015, en el gobierno de Juan Manuel Santos, el entonces viceministro de Salud, Fernando Ruiz, fue el primero en alertar sobre un nuevo estudio que revelaba los riesgos del glifosato para la salud. En esa ocasión, Ruiz le informó al entonces ministro Alejandro Gaviria de una monografía publicada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés). La investigación concluyó que había una relación entre el uso sistemático y repetitivo del herbicida y el cáncer.

Con esa evidencia científica, Gaviria libró una batalla por suspender las fumigaciones, tal como sucedió hace cinco años. “Desconocer la evidencia sobre el glifosato sería antiético”, aseguraba Gaviria en múltiples escenarios, en los que solía hablar acompañado de Ruiz. Por ejemplo, ambos estuvieron en los debates en el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Congreso de la República.

El Ministerio de Salud defendió vehementemente el principio de precaución ante los riesgos que podrían tener las aspersiones aéreas con glifosato entre la gente de los alrededores. La IARC mostró un hallazgo contundente e incontrovertible.

Esta agencia, dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), catalogó al glifosato como “probablemente carcinogénico para humanos”. A esa conclusión llegaron 17 expertos de 11 países luego de una investigación publicada en la revista The Lancet Oncology. El entonces viceministro Ruiz decía en los medios de comunicación que el glifosato de uso comercial tenía que llevar una advertencia del riesgo que representa para la salud de las personas.

Hoy, cinco años después, el Gobierno de Iván Duque está convencido de la necesidad de reanudar las fumigaciones con glifosato contra las más de 154.000 hectáreas de coca sembradas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Por eso, muchos se preguntan qué hará el ministro de Salud frente a la férrea voluntad del presidente de acudir al herbicida para atacar los cultivos ilícitos, a los que señala de ser el principal combustible de la violencia que sufren varias regiones.

Al Gobierno le resultará muy difícil encender las avionetas y asperjar con glifosato las selvas del país sin tener a la mano un concepto del Ministerio de Salud que descarte los riesgos. ¿Qué hará el ministro Ruiz? ¿Cambiará su postura, soportada en la evidencia científica que él mismo defendió hace cinco años? ¿Cómo lidiará con la presión política del Gobierno y el uribismo en general?

El ministro, al que todos le reconocen una gran gestión frente a la pandemia del coronavirus y su carácter eminentemente técnico, afronta una verdadera encrucijada. Ruiz llegó al Gobierno con el apoyo de Cambio Radical y como un hombre cercano al exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Pero ha evitado que el ministerio termine politizado y ha logrado mantener su carácter técnico.

Al ministro le reconocen su vasta experiencia, y su nombramiento fue bien recibido, incluso entre los opositores del presidente Duque. Tiene una hoja de vida brillante. Es médico, máster en Economía de la Universidad Javeriana, máster en Salud Pública de la Universidad de Harvard y doctor en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública, en México.

En el pasado fue consultor del Banco Mundial y dirigió el proyecto del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer, financiado por el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo. Durante dos décadas, además, estuvo al frente del Centro de Proyectos para el Desarrollo (Cendex), de la Javeriana. Se trata de un funcionario capaz, que no se dejará llevar por los cantos de sirena de los políticos que le exigen al Gobierno la reanudación de las fumigaciones, sin sopesar con cabeza fría sus consecuencias.

Pero como los cultivos de coca crecieron en los últimos años, Duque ha priorizado retomar el uso del herbicida. El Gobierno tiene encima una fuerte presión de la Casa Blanca, pues el presidente Donald Trump le pidió a Duque reiniciar las fumigaciones para acabar con la coca. El ministro Ruiz no ha querido pronunciarse, pero este tema lo trasnocha.

El Gobierno no podrá ignorar lo que él advierta. SEMANA lo buscó para conocer su postura ante el plan del presidente Duque, pero señaló que, por ahora, no iba a dar respuesta a las inquietudes planteadas. El ministro enfrenta un dilema complejo porque las evidencias no han variado y, por el contrario, publicaron nuevos estudios que reafirman los peligros del glifosato para los humanos.

“En 2015 se tomó una decisión basada en la evidencia y eso no ha cambiado de ninguna manera”, aseguró Alejandro Gaviria, exministro de Salud. El año pasado, Gaviria reseñó una investigación del profesor Rodrigo Soares, de la Universidad de Columbia, que investigó los efectos del glifosato en la mortalidad infantil. Concluyó que, al contaminar las fuentes de agua, el glifosato aumenta casi en una muerte adicional por cada 1.000 niños nacidos vivos. Además, el herbicida está relacionado con más de 500 decesos adicionales en menores.

En 2017, además, la Universidad de los Andes publicó una investigación de los profesores Daniel Mejía y Adriana Camacho, quienes demostraron empíricamente que la exposición al glifosato tiene efectos causales significativos de enfermedades respiratorias, dermatológicas y abortos espontáneos. En la misma encrucijada del ministro se encuentra la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina, quien en el pasado dirigió el departamento de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud.

De esa dependencia procedían los estudios técnicos sobre el glifosato que llevaron a suspender las fumigaciones en octubre de 2015. El primer ministro de Salud del Gobierno actual, Juan Pablo Uribe, defendió los drones para fumigar puntualmente las matas de coca y minimizar los riesgos. Pero ahora el Gobierno no está pensando en esa sofisticada técnica, sino en las aspersiones tradicionales.

El presidente no se ha cansado de repetir que “a más coca, menos paz”. Por esa razón espera que antes de finalizar este año estén listos los protocolos que exige la Corte Constitucional para poder reanudar las aspersiones aéreas.

Por medio de la Sentencia T-236 de 2017, el tribunal fijó seis condiciones para hacer volar de nuevo las avionetas con glifosato. Según una de ellas, el Gobierno debe demostrar con “evidencia objetiva y concluyente” que el herbicida no afecta la salud de las personas.

El año pasado, en una aclaración de la sentencia sobre la ausencia del daño, la corte dijo que “el Consejo Nacional de Estupefacientes deberá considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica disponible en lo que se refiere, por un lado, a la minimización de los riesgos para la salud y el medioambiente, y, por otro, a la solución al problema de las drogas ilícitas, conforme a los instrumentos de política pública”.

En este punto, el papel del ministro de Salud resulta fundamental. El funcionario ha recibido aplausos por lo realizado para contener la pandemia de la covid-19 y hace unos años le tocó lidiar con el zika y el chikunguña. Dado que en el pasado se opuso rotundamente, ahora el país está a la expectativa de su opinión sobre el plan de Duque de fumigar con glifosato los cultivos de coca.