La eterna pregunta

Dos importantes debate se dieron este año en términos medioambientales. Ambos tenían la eterna pregunta de cómo equilibrar la protección de la naturaleza con las necesidades económicas de un país que está creciendo. Por eso, el fracking y un nuevo decreto sobre licencias ambientales estuvieron a la orden del día.

El primer tema toca una de las fibras más sensibles de las finanzas del Estado en la actualidad: la caída de los precios internacionales del petróleo podría causar una bomba fiscal y por eso el país está buscando mantener o aumentar la producción. La explotación de este recurso por métodos no convencionales (fracking) hace parte de esa apuesta.

La técnica causó polémica en el país. Se conoce como fracturación hidráulica y consiste en inyectar agua con arena y químicos en las rocas del subsuelo para agrietarlas y liberar el petróleo o el gas atrapados. Así, el líquido sale a la superficie donde se separa para su procesamiento.

El problema es que esa técnica tiene impactos significativos en el agua. Mientras para un proceso convencional se necesitan 3.000 metros cúbicos del líquido por pozo, para esta son 25.000. De ahí surge otra preocupación: como algunos de estos componentes son considerados parte del secreto industrial, no se sabe con precisión cuáles son ni cuál será su impacto en el medioambiente.

El fracking le ha permitido a Estados Unidos reducir su dependencia del petróleo de Oriente Medio. Pero ni siquiera en ese país, que es el que hace más uso de la técnica, el permiso es total, pues hay estados y condados que han impuesto prohibiciones o moratorias. Australia, Bulgaria, Irlanda, República Checa, Rumania y Sudáfrica también han recurrido a las moratorias, al igual que algunos gobiernos locales en Austria, España, Italia, Nueva Zelanda, Países Bajos y Suiza. El Reino Unido y Alemania también han procedido con cautela. En Colombia, Dejusticia, WWF y el Foro Nacional Ambiental le pidieron al presidente Santos una moratoria para el fracking.

Pero el fracking ya es casi una realidad. El Ministerio de Minas y Energía expidió en marzo una resolución para establecer los requisitos de este procedimiento, y en la Ronda Colombia 2014 la Agencia Nacional de Hidrocarburos ofreció 18 bloques para exploración de este tipo de yacimientos. De estos, solo fue adjudicado uno en Cimitarra, Santander, a la firma canadiense Parex Resources, que se suma a Ecopetrol y ExxonMobil que en la Ronda 2012 recibieron cinco bloques de este tipo.

Pero la verdadera pepa de la discordia entre ambientalistas y empresarios fueron las licencias ambientales. Finalmente, estas son el último visto bueno que permite que un proyecto minero, de hidrocarburos o de infraestructura se haga realidad. Por eso generó toda una controversia la propuesta del gobierno de reducir los tiempos de este procedimiento a 90 días (actualmente ese proceso tarda más de un año).

Las empresas se quejan por los tiempos del sistema actual y los ambientalistas de la falta de rigor del proceso. Los senadores Jorge Robledo y Claudia López, así como de varios sectores del gremio de los ingenieros, expresaron reparos al decreto. En la actualidad, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se encuentra en medio de una reestructuración para terminar los procesos anteriores (que seguirán su trámite según las normas del decreto que está a punto de expirar) y empezar a trabajar con los que lleguen a partir de enero. Dentro de un año se verá qué tal funcionó la nueva normativa.