El oscuro andamiaje del negocio de las libranzas

Tras el escándalo del sector extrabancario de libranzas, quedó demostrado que un grupo de cooperativas jugó un papel clave en el colapso que hoy afecta a más de 10.000 inversionistas y tiene en riesgo alrededor de 1,5 billones de pesos. Comercializadoras como Estraval, Elite, Vesting Group, Plus Values, Optimal,Tu Renta y Suma, entre muchas otras, se valieron de entidades de la economía solidaria para impulsar el mercado de libranzas (préstamos contra la nómina) que creció vertiginosamente en los últimos cinco años.

Estas cooperativas hicieron parte de un oscuro andamiaje que las autoridades están tratando de desenredar. Su papel era colocar créditos, en grandes volúmenes, entre trabajadores de entidades públicas, de manera que las comercializadoras tuvieran materia prima para su negocio, es decir, pagarés para ofrecer a los inversionistas.

Estraval trabajó con su propias cooperativas, a las que controlaba en su totalidad, mientras que Elite, Vesting Group, Plus Value, Optimal y demás hicieron alianzas con un grupo de cooperativas de la costa Atlántica, donde ocurrieron hechos que lindan con el fraude y que la Fiscalía tendrá que investigar.

Según el testimonio de un exfuncionario de Estraval, al que SEMANA tuvo acceso, esta firma, pionera en el mercado extrabancario, comenzó a trabajar con libranzas cuando tomó control de la cooperativa Coonalrecaudo. Luego adquirió el dominio de Cooprosol y constituyó Coopdesol con funcionarios de la misma Estraval. Con el paso del tiempo, la empresa llegó a tener diez cooperativas aliadas: Coonalrecaudo, Cooprosol, Coopdesol, J.Emilios, Coopsanse, Coopijao, Coopcredifap, Realcoop, Coopsonal y Mutuo Progreso.

Según la misma fuente, las decisiones administrativas, operativas, financieras y comerciales de las cooperativas recaían sobre un comité de Estraval que establecía las directrices, conformado por los dos accionistas principales de la firma, César Fernando Mondragón y Juan Carlos Bastidas, y por los funcionarios Iván Castiblanco y Rosalba Fonseca.

Era tal el control, que dicho comité tenía la facultad de nombrar o remover, a su criterio, los gerentes de las cooperativas; establecer sus presupuestos, fijar los incentivos o comisiones a pagar; aprobar o negar las estrategias y hacerle seguimiento a sus ventas. Estas, hasta finales de 2015, contaban con un equipo de fuerza comercial individual que les permitía generar grandes volúmenes de cartera.

Para 2010, esas cooperativas llegaron a tener más de 1.000 asesores a nivel nacional y se convirtieron en ejemplo a seguir por los demás competidores. En 2011 alcanzaron los mejores resultados de su historia con más de 33.000 operaciones, lo que lanzó a Estraval al liderato del mercado extrabancario de libranzas.

Los estrechos lazos de Estraval con este grupo de cooperativas quedaron en evidencia en la investigación de la Superintendencia de Sociedades. En una auditoría se encontró que Tecfinsa, filial de Estraval, se encargaba de realizar el estudio de crédito a los clientes que acudían a las cooperativas. En el archivo de Tecfinsa se encontraba la documentación de soporte de quienes solicitaban préstamos y en sus servidores se procesaba la información de cada una de las cooperativas y su contabilidad. Para analistas del sector solidario, esto es un hecho anormal que demuestra que estas entidades eran de papel o fachada y que solo se abrieron para el interés de la comercializadora.

Estraval compraba a las cooperativas -bajo la modalidad de descuento- los préstamos que estas colocaban, para luego venderlos a inversionistas que los adquirían recibiendo a cambio flujos mensuales o al vencimiento.

Este modelo, que funcionó al principio, comenzó a flaquear por varios motivos. Uno tiene que ver con el hecho de que las cooperativas tenían prohibido generar cartera a terceros, lo que limitaba su supervivencia a la caja de Estraval. Pero cuando esta se quedó sin flujos, el grupo de entidades solidarias vio frenada su producción de créditos.

El andamiaje se vino al piso. Con la fábrica de libranzas trabajando a media máquina, el negocio comenzó a desmoronarse. En este punto Estraval recurrió a las peores soluciones que ya conoce el público, como la asignación doble, triple y cuádruple de libranzas, en un craso error por el cual muchos de los afectados preparan acciones penales.

Con el foco en el Norte

Estraval inspiró a muchos a entrar al negocio de libranzas. Incluso, algunos de sus empleados salieron a montar sus propias firmas para participar de la fiesta. De ese modo creció la competencia y aparecieron las empresas que hoy también están en el ojo del huracán como Elite y las demás mencionadas. La diferencia es que estas últimas, en lugar de crear sus propias cooperativas, se aliaron con quienes ya las tenían. La investigación de la Superintendencia de Sociedades pudo comprobar una coincidencia en la red de cooperativas que les proveía créditos.

Se trata principalmente del grupo liderado por el excongresista Roberto José Herrera y su esposa Delvis Sugey Medina Herrera. Tiene bajo su control las compañías Inversiones Alejandro Jiménez (a la cual la Supersociedades decretó reorganización) y la Corporación de Inversiones de Córdoba Invercor (DYM SAS). Ellos también controlaban a Corposer, una corporación sin ánimo de lucro sombrilla de cuatro cooperativas. Estas son Cooinvercor, Coovenal, Coomuncol y Sigescoop (antes Redescoop).

Fuera de este microconglomerado, también colocaban cartera para Elite y otros intermediarios en Bogotá la Cooperativa de Créditos Medina Coocredimed, Credimed, Coomundocrédito y dos SAS más. Estas entidades operaban en Barranquilla, Cartagena, Valledupar y Montería, principalmente. Las autoridades tienen este entramado en la mira, porque este eslabón de la cadena explica en buena parte el colapso del mercado extrabancario de libranzas.

Clientes de Elite, Vestigroup y Optimal resultaron con pagarés que, supuestamente, respaldaban créditos colocados por el grupo de cooperativas de la costa Atlántica. Sin embargo, han aparecido grandes inconsistencias que para muchos rayan con el fraude.

Testimonios de inversionistas afectados que le han seguido la pista a sus pagarés han descubierto hechos muy graves. Por ejemplo, que era usual que algunas de estas cooperativas, en su labor comercial, recorrieran los pueblos de la costa ofreciendo créditos libranzas a trabajadores y pensionados de las alcaldías y otras entidades municipales. Muchos de ellos, ilusionados con la posibilidad de obtener un crédito, firmaron pagarés en blanco, convencidos de que estos papeles se llevarían a un estudio de crédito. Sin embargo, por distintas razones, al cabo del tiempo, no les aprobaban la solicitud. Lo grave es que no les devolvían los pagarés firmados (de los créditos no realizados) a los posibles deudores, a pesar de que se les aseguraba lo contrario. Y lo que era apenas una promesa de crédito se convertía en un título que Elite negociaba con los inversionistas.

Como informó SEMANA en ediciones anteriores, algunos clientes encontraron que el valor de sus pagarés-libranzas no corresponde con el dinero prestado a los trabajadores. En casos extremos incluso ni siquiera hubo desembolso, y en otros los títulos aparecen alterados. Por ejemplo, un crédito de 4 millones de pesos resultaba respaldando un pagaré de 14 millones. También préstamos ya cancelados seguían vivos, negociados en Bogotá a inversionistas.

Algunos piensan que concentrarse en la costa Atlántica para colocar créditos fue una estrategia premeditada, para aprovechar la pobreza de muchos pueblos caribeños, y sus dificultades para acceder al crédito.

Si bien las cooperativas vendieron la cartera con responsabilidad a las comercializadoras, también es cierto que a estas últimas les faltaron controles para saber lo que estaban comprando. Aunque algunos inversionistas aseguran que Elite, por ejemplo, sabía perfectamente que estaba adquiriendo “pagarés vacíos o falsos”, y que no le importó vendérselos a sus clientes. Esto lo tendrá que investigar la Fiscalía.

En los últimos días, el grupo de cooperativas liderado por el excongresista Roberto Herrera ha hecho una oferta a los clientes para responderles por el dinero, pero en la proporción que Herrera considere. Es decir, Elite y las otras comercializadoras deberán responder por el resto de la plata invertida por los afectados.

Queda claro que en este colapso fallaron todas las autoridades de control y en particular la Superintendencia de Economía Solidaria, que vigila a las cooperativas. Parte del problema es que las comprometidas en estos líos hacen parte de la categoría de Aporte y Crédito, que tiene un nivel de vigilancia muy superficial, prácticamente inexistente. Esta superintendencia necesita mayores facultades para evitar que los más astutos se sigan aprovechando de su debilidad. Por ahora, la entidad ordenó liquidar a las cooperativas que participaron en Estraval. Apenas comienza el caso de la costa Atlántica, donde muchos aseguran habrá grandes sorpresas.