La familia Ambuila, la Dian y la corrupción en Buenaventura

A propósito de la libertad de la familia Ambuila, uno de los casos de corrupción más sonados en Colombia, el reportaje que hizo SEMANA en 2019 y que deja en evidencia por qué los lujos de Jenny Ambuila solo muestran una cara de la mafia detrás del contrabando. 

Una semana después de conocido uno de los escándalos de presunta corrupción más sorprendentes ocurridos en el puerto de Buenaventura (Valle), el caso sigue vigente. Pero no por el tamaño y alcance de la investigación o de las mafias que operan en este terminal, sino por el Lamborghini, los viajes, las compras y demás excentricidades que exhibía en sus redes sociales la hija de uno de los funcionarios de la Dian capturados durante la operación.

Los trabajadores de aduanas Emilson Moreno y Ómar Ambuila quedaron detenidos por recibir presuntamente millonarias coimas. Pero el foco del escándalo se mantuvo sobre Ambuila, su esposa Elba Chará y su hija Jenny Ambuila Chará, también capturados. Aunque viven en Cali, nacieron en el norte del Cauca, donde predominan cabildos indígenas y consejos comunitarios. Salvo la joven, quien recibió detención domiciliaria, los demás se encuentran en la cárcel de manera preventiva mientras avanza el juicio en su contra por los supuestos delitos de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. 

Ómar Ambuila de la Dian, junto con su familia, llevaban una vida llena de excentricidades en el exterior. Este caso es solo un reflejo del millonario negocio que mueven las mafias en Buenaventura.

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Detrás de este vistoso caso, los colombianos desconocen ese peligroso y sofisticado entramado mafioso que maneja cifras astronómicas. El contrabando mueve, en promedio, 15 billones de pesos al año; es decir, el 10 por ciento de los tributos que recauda la Dian. Esa cifra se acerca al valor original de la polémica reforma tributaria que se le cayó al Gobierno.

En otro dato revelador, las autoridades coinciden en que la mitad del contrabando entra por el puerto de Buenaventura. Y que esa terminal marítima no está por primera vez en el ojo del huracán por cuenta de las fechorías de quienes tienen la misión de controlar e impedir el ingreso ilegal de mercancías. Solo este año, las autoridades han incautado en el puerto cuatro toneladas de cocaína, camuflada en contenedores con destino a Europa. En años anteriores, han descubierto millones de dólares producto del narcotráfico enviados subrepticiamente al país.

Se trata de una mafia poderosa, peligrosa y sus cabezas más altas no están en Buenaventura, sino en otras ciudades del país; incluso en el exterior. Daniel Rico, economista y politólogo experto en políticas antinarcóticos, advierte que “por medio del contrabando, los narcotraficantes no solo lavan sus ganancias ilícitas, sino que las duplican”.

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Para entender lo delicado de la situación, basta decir que siete hombres armados que lucían chalecos de la Sijín ingresaron el viernes a la casa de un porteño y lo secuestraron, luego de reclamarle un dinero. El caso hubiera quedado como uno más de la inseguridad de Buenaventura, de no ser por un dato llamativo: la víctima de ese plagio es el padre de una ahijada del señor Ambuila.

Esa mafia tiene un poder intimidatorio tan grande que amenazó al propio director de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), general Juan Carlos Buitrago, junto con su familia, por las operaciones que hace a la salida del puerto o en el corredor vial hacia Bogotá. Y en noviembre de 2017, intentó asesinar en Buenaventura a Claudia Gaviria, directora nacional de Aduanas, cuando lideraba una comisión de control portuario. Se salvó del ataque criminal gracias a que iba en una camioneta blindada.

De China a su casa

Hay dos formas de contrabando: el técnico, que consiste en bajarle el valor a la mercancía para pagar menos impuestos. Y el contrabando burdo, en el que el interesado miente sobre la mercancía que declara; en el papel aparece una cosa y en el contenedor hay otra. Bajo esas modalidades, mueven sobre todo textiles, calzado, autopartes y tecnología, en su mayoría provenientes de China.

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Tres inspectores aduaneros controlan el puerto para evitar ese delito mediante tres escáneres y, en ocasiones, hacen una revisión física. Pero lo malo de ese esquema es que solo revisan aleatoriamente el 10 por ciento del millón de contenedores que al año pasan por el puerto. El señor Ambuila dirigía ese equipo en la aduana de Buenaventura.

Después de salir de la terminal marítima, los contenedores deben superar otros cinco controles. Se trata de los puntos de inspección viales que opera la Polfa, ubicados en Buenaventura y Loboguerrero (Valle), La Tebaida (Quindío), y dos más antes de entrar a Bogotá. Pese a ello, los contrabandistas se dan el lujo de ofrecer paquetes de mercancía ilegal puesta en la puerta de su casa. “Se paga por volumen o por kilos, dependiendo del producto; ellos mismos se encargan del papeleo y dejan la carga en la puerta de su bodega”, explicó el empresario.

A cambio de esto, la cadena mafiosa se queda con cerca del 40 por ciento del valor del contenedor de la mercancía de contrabando. Eso explica por qué la Fiscalía asegura que en el caso del inspector Ambuila, habría recibido coimas por cerca de 75.000 millones de pesos en solo dos años.

Un líder transportador dio más detalles del esquema. Aclaró que, si bien los conductores no forman parte de esa mafia, “sospechamos porque cargan los contenedores ‘contaminados’ en horas de la noche o la madrugada”. Además, aseguró que buena parte de la carga cae en los retenes de la Polfa, “porque necesitan cumplir cuotas de incautación”. Esa tesis coincide con la denuncia que hizo un funcionario aduanero de la Dian, consultado por SEMANA. Según él, “cada contenedor contaminado que transite por el corredor Buenaventura-Bogotá debe pagar 2 millones de pesos en cada uno de los retenes de la Polfa”.

Ahí está el otro meollo del problema. Todo indica que entre la Dian y la Polfa hay una guerra de señalamientos, al parecer motivados por la usurpación de competencias. En la Polfa creen que esas denuncias surgen porque “aprehendemos mercancía de contrabando que ya tenía el visto bueno de ellos (Dian)”; mientras que los funcionarios de la entidad aseguran que, por el contrario, “los corruptos son los de la Polfa, que montan operativos contra mercancía legal que luego tienen que devolver, y cuando es de contrabando, las investigaciones solo salpican a los de la Dian”.

Esa denuncia coincide con la tesis que tiene Juan Erazo, presidente del sindicato de trabajadores de la Dian. Argumenta que esos escándalos buscan “desinstitucionalizar las funciones de los trabajadores, con el fin de argumentar una sospecha fundada o infundada”, dijo tras advertir que solo en 2018, a la Policía le donaron 14.738 millones de pesos en mercancía decomisada.

Para el general Buitrago, comandante de la Polfa, esos señalamientos, además de injustos, les siguen el juego a los criminales que buscan dividir a los funcionarios de la Dian y la Polfa. “Sabemos que hay mafias del contrabando en Barranquilla y Buenaventura, y que también están interesadas en que yo no siga en el cargo”, dijo el oficial tras revelar que viene otra investigación de mayor envergadura desarrollada con la Fiscalía, agencias estadounidenses y la Dian.

Precisamente, funcionarios de la Fiscalía que trabajaron en Buenaventura vivieron en carne propia la dificultad para investigar el contrabando:“No recuerdo que una de las tantas órdenes de Policía judicial que emití recibiera respuesta; eran los magos en dilatar”, expresó un fiscal que pidió omitir su nombre.

Pero quizás uno de los gerentes que pasó por la terminal marítima reveló la anécdota que mejor retrata la confianza con que delinquen los contrabandistas que controlan el puerto. “Estaba trabajando en Colón (Panamá) y varios amigos exportadores en ese país me dijeron, en son de queja: ‘Está cerrado el puerto de Buenaventura, no podemos mandar nada’. Y cuando llamé al puerto a preguntar si era cierto, me dijeron: ‘Eso es mentira, lo que sucede es que hay control aduanero extraordinario’”.