El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ordenó compra de congresistas con millonarios contratos. Así fue la estrategia, según Fiscalía

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía arrancó con la imputación de cargos en contra de Olmedo López y Sneyder Pinilla, los dos exdirectivos de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y ahora principales testigos en contra de los altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y congresistas, que –aparentemente– se vieron beneficiados con los millonarios contratos de la UNGRD.

En el marco de la imputación de cargos, la Fiscalía reveló cuál fue el papel de cada uno, en particular de Olmedo López, y cómo junto con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hoy presidente encargado de Colombia, direccionaron los contratos que salieron de la UNGRD y que sirvieron para sacar los recursos destinados al pago de sobornos.

“Usted, señor Olmedo, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorro, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes”, señaló la Fiscalía.

En el relato de los hechos, la Fiscalía también explicó cuáles senadores, aparentemente, estaban interesados en los contratos que salieron de la UNGRD en determinados departamentos, no solo con los carrotanques, como inicio de este escándalo, sino de otras exigencias que surgieron de estudios, al parecer, manipulados con el único objetivo de firmar los contratos.

“En los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República, Julio Elías Chagüi, Wadith Alberto Manzur, Karen Astrid Manrique, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo Maya”, señaló la Fiscalía.

El ente acusador advirtió de qué manera salieron los recursos públicos de la UNGRD con destino al pago de sobornos de congresistas, principalmente al entonces presidente del Senado, Iván Name; de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, y por orden –aparentemente– del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González.

“Coordinó usted, señor Olmedo, con Sneyder Pinilla, la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vázquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, quien para la época de los hechos era la consejera para las regiones de la Presidencia de la República. Y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle Aguas”, explicó la Fiscalía en la imputación.

Advirtió la Fiscalía, con contundencia, que fue por instrucción de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y a través de Sandra Ortiz, entonces consejera para las regiones, que se repartieron los sobornos entre los congresistas que aparecen vinculados y con una compulsa de copias del ente acusador.