La Fiscalía imputará nuevos cargos a una exministra del Gobierno Petro. ¿De quién se trata?

Una inusual situación se presentó en medio de una imputación de cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, en el Tribunal de Bogotá. La exfuncionaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro, llegó a la audiencia sin abogado y la magistrada que está al frente del caso, tuvo que aplazar la diligencia.

Por esa razón, la magistrada Alejandra Ardila Polo, del Tribunal de Bogotá, que cumple función de control de garantías, decidió reprogramar la audiencia para el próximo 20 de noviembre. La Fiscalía esperaba exponer todos los elementos de prueba que tiene en contra de la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, investigada por presuntos hechos de corrupción durante su administración en la cartera del deporte.

Urrutia llegó a esa cartera de la mano del presidente de la República Gustavo Petro, convencidos de que la mejor administración sería de alguien vinculado estrechamente al deporte. Sin embargo, tan solo unos meses después y apunto de finalizar el año, se firmaron millonarios contratos de manera express, con la firma de la entonces ministra.

La Fiscalía recaudó los elementos de prueba necesarios que advertían la presunta responsabilidad de María Isabel Urrutia en los hechos de corrupción y este miércoles ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, el ente acusador hará la imputación de cargos.

Hace un año la Fiscalía la había imputado cargos a la exministra por la firma de los contratos en solo días para extender la permanencia de un centenar de funcionarios, ante el anuncio de sus salida del ministerio. Los hechos fueron vergonzosos y la Fiscalía los condensó en la imputación de cargos, a la que ahora se suman nuevos hechos.

“De acuerdo con los elementos de prueba, luego de que el Presidente de la República le solicitó públicamente la renuncia, la noche del pasado 27 de febrero, la exfuncionaria habría ordenado dar por terminado de manera selectiva y subjetiva 104 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, los cuales tenían una vigencia de cuatro meses”, dijo la Fiscalía en su momento.

La nueva imputación de cargos que hace la Fiscalía en contra de la exministra, nace de un contrato para implementar procesos de biometría en los estadios de fútbol y por más de 5.000 millones de pesos. El contrato, de acuerdo con la Fiscalía, no cumplió lo requisitos legales, justo en el mismo escenario donde investigan el otro centenar de contratos.

“Cada uno de los contratistas que suscribió el acta de terminación anticipada argumentó motivos personales, situación que no correspondería a la realidad porque días después y por instrucción de la entonces ministra fueron contratados nuevamente, pero por un término de ejecución mayor, que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023″, advirtió el ente acusador en la primera imputación.

En esta oportunidad la Fiscalía imputará los delitos de contrato sin los requisitos legales y falsedad en documento público en una audiencia que se fijó para el próximo 20 de noviembre en el mismo Tribunal Superior de Bogotá-