“La Fiscalía no debe llamar a declarar a ningún integrante de las FARC, no es legal”: Yesid Reyes

La confesión del senador Carlos Antonio Lozada como responsable del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado abrió una discusión política y jurídica sobre la versión y las hipótesis que por 25 años ha tenido la justicia. Además, inició un choque de trenes entre la justicia ordinaria y la transicional: la Fiscalía llamó a Lozada a una declaración juramentada y la JEP a rendir versión.

En SEMANA en Vivo el exministro de Justicia Yesid Reyes aseguró que la Fiscalía no debería llamar a declarar a ningún integrante de las FARC, como efectivamente lo hizo, porque no tiene esa facultad al tratarse de firmantes del Acuerdo de Paz. “La Fiscalía no debe llamar a declarar a ningún integrante de las FARC. No es legal, no es la facultad que le corresponde a la Fiscalía, está expresamente prohibido en la Ley Estatutaria de la administración de justicia. Por lograr que la Fiscalía tuviera esta facultad, Néstor Humberto Martínez se dio una gran pelea, que duró muchos meses y finalmente la perdió ante la Corte Constitucional, que dejó absolutamente en claro que esa clase de diligencias no las puede realizar la Fiscalía”, explicó.

“Tiene que haber un trabajo armónico entre la justicia ordinaria y la JEP, deberían ser vasos comunicantes para que la JEP pudiera tener acceso a la información de la justicia ordinaria”, explicó Reyes. En ese mismo sentido se pronunció la JEP este miércoles, al llamar a versión libre a los senadores del partido FARC, Rodrigo Londoño y Julián Gallo, por el homicidio de Gómez Hurtado.

La JEP le pidió a la Fiscalía la remisión de copias de los expedientes sobre los seis homicidios de los cuales las FARC dijeron tener responsabilidad; es decir, el de Álvaro Gómez Hurtado, Hernando Pizarro Leongómez, José Fedor Rey alias “Javier Delgado”, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín. Además, la JEP aseguró que “tiene competencia prevalente y preferente para investigar los hechos del conflicto armado”, según las normas constitucionales.

El caso del magnicidio de Álvaro Gómez es prioritario para el Gobierno nacional. Al posesionar a Francisco Barbosa como fiscal general, el presidente Iván Duque le encomendó la tarea de esclarecer el crimen. Ahora que las FARC se atribuyeron la responsabilidad, el presidente recalcó que “eso no limita la actuación de la Fiscalía General de la Nación”.

“Si bien se han hecho proclamaciones de hechos deleznables, como el cruel crimen de Álvaro Gómez Hurtado, y que quienes se lo atribuyen afirman que su juez es la justicia transicional, también es importante que atiendan los llamados de ese tribunal. Que tengan claro que eso no limita la actuación de la Fiscalía General de la Nación”, dijo el jefe de Estado, quien además le pidió a Lozada que renunciara al Senado si se verifica que efectivamente es responsable del hecho que se atribuye, un crimen de lesa humanidad.

La versión de Lozada –que hasta ahora se conoce por una entrevista en El Espectador– es que la orden la recibió de Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy, y que la ejecutaron cuatro personas de la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN), la cual dirigía Lozada. El gran interrogante que hay es cuáles son las pruebas que presentará el antiguo Secretariado de las FARC y si estas serán tan contundentes como para desmontar las otras dos hipótesis que se han tejido durante un cuarto de siglo.

Por su parte, José Miguel Santamaría, analista político cercano a la familia Gómez Hurtado, no solo cuestionó la veracidad de la versión de las FARC, sino qué pasaría en caso de que esto resultara ser una farsa. “¿Qué pasa con toda la gente que ha sufrido por eso, privados de la libertad por años? ¿Qué consecuencias puede traer para las FARC? ¿Qué pasa si no es verdad?”, dijo Santamaría, quien apoya la teoría de la familia Gómez Hurtado, que dice que se trató de un crimen de Estado en cabeza del expresidente Samper con ayuda del cartel del norte del Valle.

Para el periodista Jorge Gómez Pinilla, que ha dedicado años a la investigación del magnicidio, es sospechoso que las FARC se adjudiquen este crimen después de tantos años, sin presentar pruebas. “La impresión que me dan es como si estuvieran pasando algo por debajo de la mesa. Es una cosa muy sospechosa, no tiene asidero, no tienen pruebas (...) Lozada coincide con Rasguño en que le adjudica la orden a un muerto: el Mono Jojoy”, aseguró. Pinilla es autor del libro Los secretos del asesinato de Álvaro Gómez, en el que escudriña sobre el caso y se pregunta si el dirigente conservador fue asesinado por negarse a participar en un golpe de Estado contra el entonces presidente Ernesto Samper.