La Fiscalía no se va a dejar meter gato por liebre, rastrea el patrimonio del empresario Carlos Mattos

La Fiscalía General adelanta un rastreo minucioso de los bienes del empresario Carlos Mattos para establecer si incurrió en un incremento del patrimonio con las actividades ilícitas que puso en marcha para sobornar a funcionarios y empleados de la rama Judicial para seguir controlando la comercialización de vehículos de la marca coreana Hyundai.

En la audiencia celebrada este martes, se conoció que el pasado 8 de julio un juez ya le dio la orden para que realice las pesquisas necesarias con el fin de establecer la existencia -o no- de este incremento ilegal. Esta acción se adelanta cumpliendo la orden de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que anuló la condena de nueve años y cinco meses de prisión por los delitos de cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos) y daño informático agravado.

El ente investigador ya estableció quién es el representante legal y el agente liquidador de la empresa Hyundai Colombia Automotriz. Tras contactar a Néstor Acuña se procedió a recolectar toda la información sobre las acciones que se adelantaron en contra de la empresa que por años manejó la comercialización de los vehículos de la marca coreana.

Igualmente, se recolectó la información necesaria en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sobre la declaración de renta, retención de fuente y el IVA de la empresa Hyundai Colombia S.A., para el año 2016.

La Fiscalía General también adelantó una inspección al juzgado de extinción de dominio de Bogotá. Junto a esto se procedió a enviarle una petición a la casa matriz de Hyundai en Corea del Sur para tener conocimiento frente a las acciones que se han tomado en el caso de Colombia.

En la diligencia judicial se conoció que Mattos había citado a rendir interrogatorio para esclarecer estos hechos, sin embargo, se negó asegurando que no tenía ninguna intención de asistir a la diligencia judicial bajo el derecho constitucional que le asiste a guardar silencio.

Carlos Mattos se encuentra actualmente privado de su libertad en la cárcel de Cómbita en Boyacá, después de protagonizar un escándalo en La Picota con permisos y salidas irregulares, las cuales eran aprovechadas para ir a su oficina en el norte de Bogotá y adelantar actividades meramente personales.

La reanudación de la audiencia en la que se espera conocer la nueva condena contra Mattos quedó para el 22 de julio. En contra del empresario ya existe una condena de cinco años y ocho meses de prisión por haber sobornado con 100 millones de pesos a la jueza que dejó en firme las medidas cautelares.

Incremento patrimonial

El pasado 9 de mayo, Mattos fue sentenciado a nueve años, cinco meses y diez días de prisión tras reconocer su participación en el plan para alterar el sistema de servicios en los juzgados civiles municipales de Bogotá y redireccionar una acción de tutela que había radicado su defensa en medio de un litigio internacional que tenía por la comercialización de los vehículos de la marca coreana Hyundai.

El empresario Carlos Mattos recibió este lunes su primera condena por haber planeado y puesto en macha un estratégico plan para alterar el sistema de servicios en los juzgados civiles municipales de Bogotá y redireccionar una acción de tutela que había radicado su defensa en medio de un litigio internacional que tenía por la comercialización de los vehículos de la marca coreana Hyundai.

El juez tuvo en cuenta el agravante de las conductas que ejecutó el empresario para lograr sus oscuros objetivos y obtener un beneficio económico. En el análisis del caso se manifestó que, tras resultar beneficiado, Mattos envió un mensaje negativo a la sociedad al demostrar que la administración de justicia se podía torcer por dinero y que aquel que tuviera los recursos podía lograr lo que quisiera.

Funcionarios y empleados de la Rama Judicial fueron sobornados para que modificaran el complejo sistema y de esta manera enviar directamente al Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá, que presidía Reynaldo Huertas, para que emitiera unas medidas cautelares que le permitieran a Mattos seguir comercializando estos vehículos en el país. El funcionario judicial ya había recibido un millonario soborno para emitir esta decisión en tiempo récord.

Después de un extenso litigio, que incluyó la extradición de Mattos de España a Colombia y un fallido preacuerdo, el empresario aceptó su participación y responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos) y daño informático agravado. Igualmente se comprometió a reparar a la rama Judicial con un millón de dólares y el ofrecimiento de excusas públicas por los daños causados a la sociedad por su conducta.

Mattos ya firmó un acuerdo de transacción con el representante de la rama Judicial para el adelanto del pago de 3.700 millones de pesos para la reparación económica. Sin embargo, el tribunal ordenó que se establezca si existió o no un incremento al patrimonio.

De comprobarse, no podrá tener las rebajas que se le pusieron de presente en el primer fallo.