¿La Fiscalía obstaculizó a la JEP en el proceso contra Jesús Santrich? Esta es la respuesta de la delegada de la ONU

Antonia Urrejola, experta independiente de derechos humanos de la ONU, reveló este jueves los primeros avances del informe que analizó la existencia de obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz firmado en septiembre de 2016 por el entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc tras cinco años de negociación en La Habana (Cuba).

Uno de los acápites centrales de este informe tiene relación con la detención del excomandante de las Farc, Seuxis Paucías Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, y los hechos que motivaron a que varios de los integrantes del Secretariado de las Farc le dieran la espalda al Acuerdo para la creación de la disidencia conocida como la Segunda Marquetalia.

Haciendo mención directa a la denuncia hecha en marzo pasado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), frente a la falta de colaboración en el caso Santrich, Urrejola señaló que ya se recolectaron evidencias frente a lo manifestado y en marzo de 2024 presentará el respectivo informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

“Quiero reiterar que no se trata de un mandato investigativo mediante el cual se atribuirían responsabilidades de tipo penal, sino de un análisis del contexto en el que ocurrió la situación referida por la JEP, y sus consecuencias sobre la implementación del acuerdo de paz, en particular desde una perspectiva de derechos humanos”, reseñó la experta internacional.

En este sentido recordó que Santrich fue detenido el 9 de 2018 acusado de cargos de narcotráfico. Frente a esto la defensa del excomandante guerrillero le pidió a la JEP la garantía de no extradición puesto que, como parte del Acuerdo, Santrich había sido designado como Representante a la Cámara por el partido que se conformó en la negociación.

Tras esto, la JEP le solicitó a la Fiscalía General el envío de la información necesaria para tomar una decisión, situación que habría presentado demoras, afectando así el debido proceso y la garantía de la defensa.

“Es preciso señalar que los hechos denunciados por la JEP en marzo de este año, relativo al asunto de Jesús Santrich, se enmarcan en un contexto que generó, no sólo a través del legítimo debate político, sino también por el uso abusivo de la persecución judicial, el debilitamiento de la confianza ciudadana en el acuerdo de paz y en el sistema de justicia transicional”, aclaró.

La experta de la ONU indicó que “estos hechos también reforzaron el estigma sobre los liderazgos de las personas firmantes de paz y comparecientes ante la JEP, acelerando a la vez la división interna, la cual afectó también la reincorporación tal y como estaba prevista en el acuerdo. Asimismo, creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP”.

En las conclusiones del informe preliminar presentado este lunes, la experta indica que tras siete años de la firma del acuerdo de paz hay un compromiso continuo con la paz de la “gran mayoría de los firmantes, a pesar del estigma, de las amenazas, de los ataques, y de los homicidios en su contra en un contexto de seguridad complejo, debido a la violencia que continua en varias regiones del país”.

Igualmente, destacó que el Gobierno actual denota una “voluntad política de implementar” el acuerdo por medio de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz (CSIVI) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS).