La FLIP alerta por récord de periodistas agredidos en los últimos dos meses

Desde que comenzó el paro nacional, el 28 de abril, y las protestas que le siguieron, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha lanzado múltiples alertas por las agresiones a la prensa. De acuerdo con el balance más reciente, el número de víctimas en todo el país asciende a 299, la cantidad más alta jamás registrada por la organización independiente.

Según la FLIP, los reporteros que han cubierto las manifestaciones de los últimos dos meses han recibido ataques, amenazas y han sido heridos y detenidos de manera ilegal. Los casos, que suman 260, sucedieron en donde hubo puestos de resistencia de la protesta como Bogotá, con 73 denuncias al respecto, Valle del Cauca con 45, Antioquia con 36 y Cauca con 18.

En el 58,5 % de los casos el agresor fue un miembro de la fuerza pública; en el 28,1 %, se trató de un desconocido; en el 10 % de particulares, y en el 3,5 %, de funcionarios públicos.

Los casos están discriminados de la siguiente manera: 102 de las agresiones registradas fueron físicas, 45 amenazas, 26 obstrucciones, 17 hostigamientos, 15 acciones arbitrarias en redes sociales, 14 robos y eliminación de material, 11 detenciones ilegales, 7 negaciones de acceso a la información, 6 daños a infraestructura, 5 exclusiones, 4 espionajes o invasiones, 4 otras formas, 3 ciberataques a páginas web y 1 estigmatización.

“Este escenario, lejos de encontrar un freno institucional, ha sido normalizado por las principales autoridades, un grave síntoma de un Estado que descuida los pilares de la democracia. Resulta prioritario y urgente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haga un control estricto del incumplimiento del Estado colombiano de sus obligaciones para procurar las condiciones óptimas para ejercer una prensa independiente y libre de violencias”, urge la fundación en el comunicado difundido por sus plataformas digitales.

La FLIP señaló que en solo dos días, entre el 27 y 28 de junio, recibió 14 denuncias de ataques a periodistas, de los cuales once fueron agresiones físicas y tres amenazas. Entre otros, un fotógrafo que trabaja para agencias internacionales denunció que fue golpeado en la cabeza con un arma de dotación, otro recibió un puñetazo en la cara por parte de un agente del Esmad mientras que hacía el cubrimiento y dos periodistas mujeres de RCN Radio fueron empujadas y agredidas físicamente por agentes de esta fuerza pública, en el momento que registraban en video los abusos que estos cometían.

Para la fundación es importante que la fuerza pública tenga muy presente que los periodistas, camarógrafos, fotorreporteros y comunicadores que cubren las protestas cumplen la función de buscar, solicitar, encontrar y difundir información de lo que pasa en las manifestaciones y protestas, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad. Además, que “la libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir cualquier incidente”.

“El silencio de las autoridades, la ausencia de un rechazo público y fehaciente de los hechos violentos y la falta de una directiva clara de cero tolerancia promueven el miedo y la autocensura. Sumado a esto, observamos indicios claros de impunidad por la falta de diligencia investigativa. Las investigaciones penales de dos casos de agresiones de fuerza pública a la prensa, plenamente documentadas y de conocimiento público, fueron archivadas (...) Gracias a las denuncias públicas, las investigaciones fueron reabiertas”, agrega la FLIP.

Otro de los llamados que hace la fundación es a los alcaldes de Medellín, Bogotá, Cali y Popayán, donde se han presentado la mayoría de las agresiones, para que revisen cómo están diseñados los operativos policiales para que se adopten medidas idóneas y efectivas de prevención de violencia contra la prensa, que se garantice la seguridad física de los reporteros y se permita la ejecución del periodismo independiente.