NACIÓN
La Flip alerta sobre “capacidad de intimidación” del Estado a periodistas
Flagelada por un conflicto armado de más de medio siglo, Colombia creía haber pasado la página de la violencia con el desarme de la que fuera la guerrilla más poderosa del continente. Pero un nuevo ciclo de masacres, asesinatos selectivos y explosión del narcotráfico envuelve al país y atenta especialmente contra los periodistas en las regiones.
La radiografía sobre la libertad de expresión en el país es muy preocupante. Así lo demuestra con cifras y hechos consignados en un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Según el organismo líder en la lucha por proteger a los periodistas en el país, las amenazas, homicidios, desplazamientos y el exilio se han agudizado “de manera significativa” en los últimos cuatro años, con un total de 1.013 agresiones contra periodistas. En ese lapso, ocho de ellos fueron asesinados.
Las principales vulneraciones a la libertad de prensa en 2020 fueron las amenazas (152 casos frente a 90 en 2016), la obstrucción al trabajo periodístico (44 frente a 38), las agresiones físicas (30 frente a 36) y la estigmatización (19 frente a 17).
Además, los periodistas Abelardo Liz y Felipe Guevara fueron asesinados en 2020, ubicando al país como el tercero más peligroso para la prensa en América, después de México (ocho homicidios) y Honduras (tres), según el estudio “Páginas para la libertad de expresión”.
La ONG, que difundió la publicación con motivo del Día del Periodista en Colombia, hizo notar que “las víctimas eran reporteros de medios indígenas o comunitarios, sobre quienes pesa un peligroso estigma”. Los asesinatos ocurrieron en regiones “desprotegidas por el Estado”, las advertencias de amenazas no fueron investigadas y los crímenes están impunes.
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Flagelada por un conflicto armado de más de medio siglo, Colombia creía haber pasado la página de la violencia con el desarme de la que fuera la guerrilla más poderosa del continente. Pero un nuevo ciclo de masacres, asesinatos selectivos y explosión del narcotráfico envuelve al país.
La principal ONG de defensa de los periodistas en Colombia registró un incremento del 10% en las amenazas a comunicadores en 2020 con respecto al año anterior y expresó “mayor preocupación” teniendo en cuenta que la pandemia impuso medidas de confinamiento en todo el país. Las agresiones provienen de funcionarios públicos, particulares, miembros de la fuerza pública, bandas criminales, paramilitares y guerrilla, y otros autores que no han sido identificados.
La Flip llamó la atención especialmente sobre la “capacidad de intimidación” del Estado colombiano sobre los periodistas. “Una alarmante operación de espionaje (a reporteros), el abuso de la fuerza policial contra la prensa durante las manifestaciones y la actitud displicente y estigmatizante por parte de funcionarios de más alto nivel se suceden con tal flagrancia y reiteración que es imposible no asumirlo como un mensaje en el que la prensa se entiende como oposición”, indicó Jonathan Bock, director de la Flip. La ONG ha registrado 162 homicidios asociados al ejercicio de la labor periodística desde 1938, de los cuales cerca del 80 % están impunes.
Los periodistas no son el enemigo
En el día del periodista, la Flip publicó un escrito en el que reflexiona sobre las amenazas que se ciernen contra el oficio. Lo publicamos a continuación:
Una alarmante operación de espionaje, el abuso de la fuerza policial contra la prensa durante las manifestaciones y la actitud displicente y estigmatizante por parte de funcionarios de más alto nivel se suceden con tal flagrancia y reiteración que es imposible no asumirlo como un mensaje en el que la prensa se entiende como oposición; en el que no existe tolerancia hacia el pensamiento crítico.
El 2020 profundizó el deterioro de los medios de comunicación y del estado de la libertad de expresión en el país. La violencia contra la prensa ocurre con la misma sistematicidad y permisividad como sucedía en décadas pasadas, durante los años más oscuros de Colombia. En ciudades medianas como Puerto Libertador en Córdoba o en capitales como Arauca no existe la posibilidad de ejercer el periodismo de manera libre. A esos dos ejemplos pueden sumarse decenas de municipios donde las y los reporteros deben calcular cada noticia antes de publicarla y hacen su trabajo con la permanente sensación de que en algún momento serán amenazados.
En los últimos cuatro años, en el país han sido asesinados ocho periodistas y se han denunciado 618 amenazas; es el segundo país más letal del continente, después de México. Durante el año de la pandemia, y a pesar del confinamiento general, fueron amenazados 193 periodistas, un 10% más que en el 2019. Dos periodistas fueron asesinados: Abelardo Liz y Felipe Guevara. Esto ocurre mientras se invierten miles de millones de pesos en un mecanismo de protección que lamentablemente ha perdido efectividad y naufraga sin legitimidad, a la espera del prometido plan de reingeniería.
Esta atmósfera ha encallado a la prensa en la autocensura. Así lo admiten propietarios(as) de medios, directores y reporteros(as) por igual. Claro está que lo hacen de manera confidencial. La mayoría de las veces la sociedad, que depende de la prensa para estar informada, no se entera de la existencia de esa autocensura o puede no conocer su nivel de prevalencia entre los periodistas. Sin embargo, el precio que pagamos como sociedad es altísimo, ya que en un sistema democrático es indispensable que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a informarse sobre cualquier tema.
El periodismo en Colombia es un paciente con comorbilidades y la pandemia amenaza con enviarlo a cuidados intensivos. A pesar de esto el Gobierno ignoró los trapos rojos que la empresa periodística ha batido con fuerza. Para el presidente Duque las prioridades están en otros asuntos. Por ejemplo, instalar un nuevo paradigma, normalizar su burbuja informativa y forjar una engañosa interlocución directa con la ciudadanía. Ha gastado al menos veintiséis mil millones de pesos en priorizar su comunicación institucional y la trata como si fuera superior a la pluralidad que ofrece el periodismo. Esta agresiva estrategia fortalece el riesgo de prácticas de propaganda sin precedentes en el país.
En las primeras semanas del 2021, se dieron algunas señales de que finalmente el Gobierno adoptará medidas económicas para el sector, de no ser así, la supervivencia de muchos medios de información, la pluralidad y el futuro del periodismo profesional se podrían ver en entredicho.
Las decenas de periodistas que fueron objeto de seguimientos y espionaje entienden que para el Estado ellos son los enemigos. Eso mismo asumen los reporteros de los medios comunitarios y los comunicadores indígenas que lloran cada que asesinan a uno de sus compañeros. Así mismo los ciudadanos que se atreven a preguntar. La única oportunidad que tiene este Gobierno de quitarles la razón es investigando y que las víctimas conozcan la verdad, como constantemente lo ha prometido. Sin embargo no lo hace y las preguntas persisten, ¿quién dispara? ¿quién amenaza? ¿quién dio la orden de los perfilamientos?
*Con información de la Flip y AFP
