La fórmula para que desmovilizados de las Farc puedan ser congresistas

A pesar de que la Farc presentó su lista de candidatos al Congreso y a la presidencia, la participación en política de sus miembros había entrado en un terreno de incertidumbre. Aunque ya hay una reforma constitucional que la habilita, existe un vació vacío jurídico sobre el régimen de inhabilidades que aplicaría a los antiguos miembros del secretariado de esa guerrilla.

Tres días después de conocerse los nombres de los exguerrilleros que participarán en las elecciones del próximo año, la Comisión de seguimiento a los delitos electorales, de la que hacen parte la Registraduría, la Procuraduría y la Fiscalía, concluyó que la inscripción de candidatos necesita de certificados y antecedentes disciplinarios en los que se demuestre la carencia de inhabilidades y suspensión de derechos políticos por parte del Ministerio Público.

Eso significa que aquellos candidatos sobre quienes pesan condenas por delitos de lesa humanidad, no podrían inscribirse a las elecciones del próximo año. Entre otras porque el acto legislativo que creó la jurisdicción especial de paz no define con claridad las inhabilidades en las que incurrirían los excombatientes, a pesar de que la justicia ordinaria tiene congeladas sus condenas.

Sin esa claridad, ha señalado el procurador, la Procuraduría no podría otorgarles el paz y salvo para ser candidatos a aquellos miembros del antiguo secretariado de la guerrilla que están adportas de llegar al Congreso, caso Iván Márquez, cabeza de lista al Senado, Jesús Santrich, candidato a la Cámara, incluso Timochenko, candidato presidencial.

Por si fuera poco, a la participación política de las Farc le surgió un escollo en el Congreso. En la discusión de la ley que reglamenta la justicia especial para la paz, que hoy se encuentra en el Senado, varios partidos políticos, Como Cambio Radical y el Partido Conservador, se opusieron a que los desmovilizados de la guerrilla participaran en las elecciones sin que antes se hubieran sometido a los tribunales de la JEP.

Como el Gobierno necesita votos, la rebelión de los conservadores puso en riesgo la aprobación de la JEP. Por eso tuvo que llegar a un acuerdo con los senadores de ese partido para que votaran el proyecto, pero también para garantizar la presencia de la Farc en los comicios del otro año.

La fórmula que acordaron el Gobierno y los partidos políticos  para permitir que los ex miembros de la guerrilla participen en las elecciones, consiste en que una vez aprobada la ley estatutaria de la JEP, y un mes después de que se posesiones los magistrados que la conforman, empiece a funcionar la sala de reconocimiento y verdad y antes del 20 de julio del año próximo, fecha en la que se posesiona los nuevos congresistas, puedan comparecer aquellas personas que resulten elegidas en las elecciones de marzo.

Cabe anotar que la Farc tiene garantizadas (como parte de los acuerdos de paz) cinco curules en el Senado y otras cinco en la Cámara. Por eso se da por segura la presencia de Iván Márquez, Santrich, Catatumbo, Lozada y Calarcá en el Capitolio.

“Con esta fórmula permitiríamos que (Farc) participen en las elecciones y que comparezcan ante la JEP antes de tomar posesión a sus cargos, con lo cual se cumple el acuerdo de paz, pero también las observaciones de algunos partidos como el Conservador”, explicó el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Con este acuerdo prácticamente se salva el difícil trámite la ley de la JEP, pero también comienza una carrera contrarreloj para el Gobierno y la Farc.  

De un lado, el Gobierno espera que el próximo 30 de noviembre el Congreso expida la ley, pero esta tendrá que ser revisada por la Corte Constitucional, un examen que podría tardar meses, y que seguramente no se conocerá hasta el próximo año.

Una vez la Corte le dé vía libre a la norma, tendrá que instalarse la jurisdicción especial de paz, que no se producirá de un día para otro. Y un mes después de que se posesionen los magistrados, los desmovilizados de las Farc deberán comparecer a la justicia transicional. La fecha límite será el 20 de julio del año próximo, si quienes resulten elegidos no han comparecido a la justicia transicional no podrán jurar como nuevos congresistas.

En todo caso, es probable que algunos de los desmovilizados de la guerrilla que resulten elegidos reciban sanciones en la JEP, en caso de comprobar su responsabilidad en graves delitos. De suceder eso, podría presentarse un escenario sui generis, que de día cumplan funciones de congresistas, y de noche paguen la restricción efectiva de la libertad. En todo caso la participación política de las Farc seguirá siendo un tema de controversia nacional.