La fortuna escondida de los cerebros de InterBolsa

Juan Carlos Ortíz y Tomás Jaramillo, dos de los cerebros detrás del descalabro bursátil de InterBolsa, aceptaron su responsabilidad por los delitos de manipulación fraudulenta, estafa agravada y concierto para delinquir. Por ello fueron condenados a cinco años y nueve meses de prisión.

Sin embargo, sus problemas judiciales no paran. Mientras otro proceso por captación ilegal y habitual de dinero sigue su curso, las Fiscalía pidió la extinción de bienes por 20.000 millones de pesos. Estas propiedades, que serían de los dos responsables de la estafa a miles de ahorradores, estarían en cabeza de terceros para hacerle el quite a la acción del Estado.

En total, son 11 propiedades entre las que se encuentran una casa lujosa en el sector de Chicó, dos apartamentos en el conjunto residencial Torres de Llorente, y un apartamento en el norte de Bogotá. En Medellín, fueron allanadas oficinas y parqueaderos en el sector de El Poblado. En Tenjo, Cundinamarca, la Fiscalía incautó una finca cuya propiedad fue afectada en un 50 por ciento. Y en Cumaral, Meta, fue incautada una finca de 103 hectáreas. Esta propiedad fue afectada en el 27 por ciento. También se dictó medida cautelar sobre una lancha de nombre Gaia, cuyo propietario real sería el señor Tomás Jaramillo Botero.

A través de sociedades y terceros, las propiedades intentaron ser escondidas por los cerebros de la comisionista en Colombia. Sin embargo, no es lo único que persigue la Fiscalía. Van tras la pista de millonarios bienes en el exterior, por lo que se adelantan acuerdos de cooperación con otros países para ir detrás de estos capitales.

"Algunas propiedades fueron cedidas a terceros y otras hacían parte de sociedades que les permitían a estas dos personas hacer uso de ellas y disfrutarlas así no estuvieran a su nombre", dijo la vicefiscal María Paulina Riveros.

El descalabro bursátil de InterBolsa se destapó en 2012, con la toma de posesión por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Entre las anomalías descubiertas está el ofrecimiento de acciones en el denominado Fondo Premium de Curazao, el cual se presentaba como un producto financiero en el exterior.

Desde entonces comenzó un proceso judicial que ya lleva seis años en los estrados. Precisamente las dilaciones en las audiencias llevaron a enfrentamientos públicos con los jueces y la Fiscalía, que derivaron en un acuerdo para delegar funcionarios judiciales de manera especial que pudieran atender los casos con celeridad.

Sin embargo, la vicefiscal María Paulina Riveros alertó porque a pesar de que la jueza del caso declaró una audiencia continuada que se extienda por meses hasta que se den por finalizados los procesos, nuevos acontecimientos han "llamado poderosamente la atención del ente investigador".

"Hay dos hechos que llaman la atención: en el marco de la audiencia continuada se generó la renuncia de tres de los apoderados de las personas investigadas. Otro hecho fue la declaración de uno de los acusados en audiencia que manifestó su desconfianza del abogado suplente que lo estaba defendiendo".

Esta maniobra implicaría seguir descontando tiempos mientras llegan los reemplazos de los abogados para estos procesados.