La foto que destapó los desmanes de la operación Orión

Un hombre alto, vestido de camuflado pero sin distintivos militares, señala con su mano derecha hacia una casa. El brazo levantando a media asta significa, en el contexto de la fotografía, una sentencia inapelable. Con el gesto delator  el personaje le indica a los soldados que lo rodean, a plena luz del día, que “ahí es, que ahí están”.

La escena no tendría nada de extraña si no fuera porque ese mismo hombre, detrás del cual hay un puñado de soldados de las Fuerzas Antiterroristas Urbanas, lleva la cara cubierta con una capucha. Los verdaderos uniformados cargan chalecos antibalas, fusiles, cascos, prensillas, insignias. El encubierto, en cambio, exhibe un arma no menos peligrosa: el dedo que apunta.

La fotografía fue tomada por el reportero gráfico Jesús Abad Colorado entre el 16 y el 19 de octubre del año 2002, mientras transcurría Orión, la más grande operación militar urbana que haya tenido lugar en Colombia, según un informe del grupo de Memoria Histórica, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, publicado en el 2011.

Penetrar a la Comuna 13, significaba para las autoridades retomar el control de un territorio en el que operaban, camufladas entre civiles, las milicias urbanas de las FARC, el ELN y los CAP (Comandos Armados del Pueblo). Durante los primeros tres días de operativos los habitantes de la Comuna 13 de Medellín no pudieron ir a otras partes de la ciudad, recuerda Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, ONG que defiende y asesora a víctimas de desaparecidos. Nadie podía entrar o salir de los barrios Belencito Corazón, 20 de Julio, El Salado, Nuevos Conquistadores y Las Independencias II.

Helicópteros artillados y un despliegue de 1.500 efectivos, entre Ejército, DAS, Policía, CTI, Fiscalía y las Fuerzas Especiales Antiterroristas, escudriñaron durante cinco días palmo a palmo las empinadas callecitas de la comuna. Para las autoridades civiles y militares, Orión fue el triunfo de la institucionalidad sobre la delincuencia. Así lo dijo el alcalde de ese entonces, Luis Pérez Gutiérrez. Orión se ejecutó en el marco de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien lideró y brindó el apoyo necesario para que las el Estado operara articuladamente.

Las cifras respaldaban el optimismo. De acuerdo a datos del CINEP, durante la avanzada, la Fuerza Pública realizo´ 150 allanamientos y capturo´ a 355 personas, de las cuales 82 terminaron sindicadas. Pero la operación arrojó también otros números que empañaron la eficiencia y la transparencia de las autoridades. El Instituto Popular de Capacitación (IPC) habla de un civil muerto, 38 civiles heridos y ocho más desaparecidos.

Un mal síntoma de los resultados fue que la Fiscalía ordenó luego la libertad de 88 de los judicializados. Para comienzos de 2007, solo dos de los capturados habían sido condenados. Lo más preocupante, dice Diego Herrera, director del IPC, es que a partir de Orión comenzaron a afincarse en el territorio los hombres del Bloque Cacique Nutibara, de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). “Orión permitió sacar a un grupo armado (la guerrilla), para darle entrada a otro, que terminó controlando lo que pasaba en la Comuna 13. Esta fue la puerta de entrada a la hegemonía paramilitar que se vivió después en todo Medellín”.

Eso también lo dice el informe de Memoria Histórica:  “Orión no implicó el fin del conflicto armado ni del poder ejercido por actores ilegales en la Comuna 13. Los espacios dejados por la guerrilla fueron copados por el Bloque Cacique Nutibara, que continuó incurriendo en acciones violatorias de los Derechos Humanos hasta el momento de su desmovilización en diciembre de 2003”. Prueba de ello es que el día en que dicho Bloque entregó oficialmente las armas, se vieron salir de la Comuna 13 buses llenos de muchachos rumbo a desmovilizarse. Una vez pasaron los actos protocolarios, en los mismos vehículos retornaron a los barrios.

Un dato revelador es que entre 2002 y 2003 se registraron en Medellín 92 desapariciones forzadas. Y si se amplía aún más el rango de tiempo, las personas que los paramilitares se llevaron de la Comuna 13 y que nunca volvieron a sus casas pueden llegar a 300, según lo documentó en un auto la Sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Medellín. Pero pueden ser más, o pueden ser menos. Ese es el incierto rompecabezas que ahora la Fiscalía intenta armar en La Escombrera, la enorme montaña de basura donde los paramilitares escondieron los cadáveres de quienes se llevaron a la fuerza, tal como lo indican varios testimonios de desmovilizados.

La foto de Jesús Abad Colorado, así como el registro que durante Orión hicieran varios reporteros gráficos de El Colombiano, entre ellos  Henry Agudelo, no son hoy simples anécdotas. Que un encapuchado aparezca patrullando la Comuna 13 junto con la Fuerza Pública, coincide con la versión que ante la instancia de Justicia y Paz rindió el excomandante paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Berna.

“El Cacique Nutibara hizo inteligencia, logró la ubicación de guerrilleros, se infiltró dentro de la población civil y todos estos datos se le adjudicaron a las Fuerzas Militares (…) Varios de nuestros hombres fueron allá, muchos de ellos iban encapuchados, se identificó a varias personas, algunas fueron dadas de baja, otros fueron capturados y después desaparecidos”, dijo el 28 de noviembre de 2008.

La posible complicidad entre la Fuerza Pública y actores armados ilegales nunca fue investigada por la Procuraduría General de la Nación. Tampoco judicializada. Solo varios años después y gracias a una Acción de Tutela y al aporte de pruebas y testimonios, la Corporación Jurídica Libertad logró que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abriera una investigación preliminar en contra de los generales Mario Montoya, comandante de la IV Brigada del Ejército durante la ocurrencia de los hechos, y del general en retiro Leonardo Gallego, comandante de la Policía Metropolitana. Hasta el momento, no obstante, nadie ha asumido la responsabilidad política de lo que sucedió en Orión.

Una persona que conoce los hechos de la operación como testigo, pero que ahora teme ser identificada, le dijo a Semana.com: “Mucho antes de la operación, los milicianos de la guerrilla también cometieron atropellos graves en contra la población civil. Sin van a buscar restos en la montaña van a encontrar víctimas de lado y lado. Lo que uno no puede entender es que el Estado se equipare con el delincuente. Es mucho más cuestionable y más grave, que la autoridad participe de un delito”, dice.

Taparse el rostro durante un operativo, deshacerse de los distintivos militares detrás del anonimato, no ha sido la manera en que las Fuerzas Militares han desempeñado su papel durante más de 50 años de conflicto. Es por eso que la foto de Jesús Abad Colorado lleva implícito un atributo que trasciende el testimonio gráfico. Más que un registro, la imagen lleva el peso de una prueba sumarial.