La frontera del terror: así es el control criminal de disidencias colombianas en Ecuador

Sobre las aguas del río Mataje, al norte de la frontera entre Colombia y Ecuador, camina el dolor de quienes se saben abandonados a su suerte y controlados directamente por manos criminales, despiadadas y déspotas. Disidencias de las Farc y más de una docena de grupos armados son dueños de la vida de quienes residen en ambos lados de la franja fronteriza, del territorio y su destino.

En esta zona no se distingue dónde termina un país y comienza el otro. Las fronteras invisibles están demarcadas por la operación criminal de quien se adueñó a sangre y fuego del territorio. Entre el corregimiento de Llorente (Nariño) y la provincia de Esmeraldas (Ecuador) el control lo ejerce la disidencia Oliver Sinisterra, antiguamente comandada por alias Guacho; más abajo, sobre el Putumayo, la frontera le pertenece a la Segunda Marquetalia y una decena de grupos que buscan quedarse con este territorio estratégico, próspero en coca y abandonado por ambas naciones.

En el norte, la Oliver Sinisterra obliga a los campesinos a cultivar hoja de coca, a producir la base para cocaína y negociar con ellos a un precio cómodo. Un kilo de base es comprado a dos millones de pesos y vendido a los dueños de los laboratorios clandestinos en casi seis millones de pesos. Esa estructura criminal vigila y protege a quienes transforman ese insumo en cocaína de exportación y los acompañan en el viaje para depositarla en los centros de acopio, cerca de principales puertos y aeropuertos del lado ecuatoriano, como Manta, Manabí y un poco más al sur, en Guayas y Puerto Bolívar, así como a las plataformas internacionales que representan cada uno de estos puertos.

Todo el entramado criminal es financiado por carteles mexicanos. De acuerdo con información suministrada a SEMANA por miembros de inteligencia de Ecuador, en el ala norte de la frontera –ciudades como San Lorenzo y Esmeraldas– opera el cartel de Sinaloa, que financia la operación de las disidencias. “El negocio funciona así: la droga se siembra en el lado colombiano, pero se comercializa en el lado ecuatoriano”, comenta el coronel (r) Mario Pazmiño Silva, exdirector de Inteligencia Militar de Ecuador.

En medio de este entramado criminal queda la comunidad, que a veces sirve de escudo para los disidentes. En la vereda Puerto Rico, zona rural de Tumaco, y a menos de cinco minutos de Ecuador, la Oliver Sinisterra obliga a los residentes a pagar una vacuna para construir una carretera en medio de la selva, así los dueños del negocio podrán entrar a comprar hasta el territorio. A los verdaderos propietarios del negocio nadie los ha visto. Nadie los conoce. Son personajes fantasma que entran en la noche y no amanecen en el mismo lugar. Dirigen desde la lejanía. En su mayoría, según información entregada a SEMANA, son colombianos que tienen enlaces con carteles mexicanos.

Ellos conocen las rutas en aguas internacionales, tienen contactos en el extranjero para depositar la droga y sostienen relaciones ilegales con miembros de la fuerza pública de ambos países. Uno de esos compradores fantasma fue capturado hace unos días en Cali, a más de 650 kilómetros, en una lujosa vivienda del sur de la ciudad, a Lucio Burbano Portilla las autoridades le encontraron 8.700 millones de pesos en efectivo. Este señalado narcotraficante sería uno de los enlaces de las disidencias y los carteles mexicanos en el cordón fronterizo con Ecuador.

De Burbano Portilla se sabe que fue funcionario de la Dirección Marítima y Portuaria de Tumaco, también que dotó de armas y uniformes a una estructura paramilitar que ingresó al Pacífico a mediados del año 2000. Hace una década fue objeto de extinción de dominio de propiedades que ascendían a 143 bienes, nueve establecimientos comerciales y una entidad financiera, avaluadas en 30 millones de dólares.

A pesar de que las investigaciones señalan que Burbano tenía laboratorios en Puerto Rico, allí nadie lo conoce, ni por su nombre, ni por el alias del Señor. En esa zona solo reconocen al comandante Albeiro, quien está a cargo del frente Oliver Sinisterra. A él le rinden cuentas y le pagan la vacuna de 600.000 pesos mensuales que le corresponde a cada casa para el desarrollo de la carretera, es él quien lleva la cuenta de quiénes y cuántos días trabajan en la apertura del nuevo camino por tierra hacia la vereda Mataplatano.

La guerra que se avecina

A la casa de don Pastor Quiñones los disidentes de las Farc llegaron pasado el mediodía del viernes 13 de noviembre. Cuatro hombres vestidos de civil, botas de caucho, bolso de mano y fusil terciado asestaron tres golpes breves a la puerta de madera; la charla fue corta, Pastor sacó 300.000 pesos en un puñado de billetes arrugados y los entregó sin hablar más de lo necesario. “Viejo, ahí quedamos pendiente de cuándo le toca su día de trabajo”, le dijeron al marcharse.

Minutos después, se oyó el toque de la puerta en la casa de al lado, los disidentes del frente Oliver Sinisterra se pasearon durante 40 minutos por ese caserío de casas rústicas y extensas fincas pobladas de coca, que solo el río Mataje separa de Ecuador. Los caminos por tierra son ásperos, de monte alto y suelo fangoso, la única salida es por las aguas de este río.

Los disidentes se preparan para una guerra. “Aquí nos citaron a todos y nos dijeron que viene un nuevo grupo y que muy probablemente haya combates”. A la estructura armada que busca abrirse paso y quedarse con el próspero negocio de narcotráfico en la frontera se le conoce como los Contadores, un reducto criminal fundado por Albeiro Arrigui, alias Contador, en zona rural de Barbacoas y que cuenta con más de 300 hombres bien armados y el apoyo económico del cartel de Sinaloa.

Los Contadores ya le han ganado varios pulsos a la Oliver Sinisterra, que tras la muerte de Guacho perdió fuerza en el Pacífico nariñense. En enero de este año –y tras intensos combates– desplazaron a los disidentes hacia el cordón fronterizo con Ecuador, su último y más poderoso bastión.

A diferencia de la Oliver Sinisterra, esta nueva estructura no tiene génesis en las antiguas Farc. Los Contadores es la estructura netamente narcotraficante más grande del suroccidente colombiano. La carretera en construcción es un plan alternativo de la Oliver Sinisterra por si no logran hacerle frente a los Contadores.

Los moradores de Puerto Rico trabajan –sin saberlo– en una ruta de escape para sus verdugos. “Aquí cuando estaba la guerrilla buena era diferente, ahora con esa gente no se puede dialogar, el que diga algo se lo llevan para el monte, lo matan y no devuelven más el cuerpo. Y quien se atreva a ir a reclamarlo, también se muere”, cuenta Pastor.

La economía de Puerto Rico se mueve por los crecientes cultivos de coca. Cuando hay lánguidos operativos del Ejército Nacional las matas son defendidas por motines organizados por los mismos disidentes que, vestidos de civil, meten presión a la fuerza pública para evitar la erradicación forzada manual. La comunidad también participa, porque “los guerrilleros lo están viendo todo y ellos saben quién ayudó y quién no y luego se la cobran”, agrega Pastor.

A los militares los rodean, forman una cadena humana de cara a los cultivos e impiden que pasen. Los soldados, que saben del peligro de la zona, llegan hasta cierto punto, de ahí no pasan, porque el caserío Puerto Rico está sitiado con minas antipersonal. Pastor sabe dónde están. Todos saben dónde están. Por eso camina con cuidado y sin prisa para evitar que un despiste lo lleve en dirección a la muerte.

En Puerto Rico, los días de cosecha son largos: decenas de jovencitos se amarran un costal en la cintura y cobijan los dedos de las manos con hilo blanco para evitar el roce directo con la mata. En cuestión de mediodía ya han raspado en promedio diez arrobas, que son pagadas por los dueños de las fincas a 44.000 pesos la arroba.

En Ecuador cambian ese dinero por dólares y compran lo necesario; van al vecino país porque es más seguro –y más cerca– atravesar el río que emprender camino hacia el interior y encontrarse con otras estructuras armadas que no preguntan, solo disparan. La droga también sale por Ecuador. Primero hace tránsito por el río Mataje hasta las ciudades costeras de Esmeraldas y San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, donde las disidencias colombianas tienen el control criminal.

Ellas custodian toda la operación hasta que la coca sale hacia Centroamérica. Cuando el cargamento ya está en puerto, la responsabilidad recae sobre los carteles. Este paso estratégico se denomina Corredor del Pacífico y es, según inteligencia militar, el mayor centro de comercialización de droga en el suroccidente colombiano y el noroccidente ecuatoriano. El control de las disidencias en zona de frontera con Ecuador se resume así: ellos son la ley y quien desobedezca una orden se muere. No hay puntos medios.

No en vano, en la provincia de Esmeraldas se ha triplicado la cifra de asesinatos desde hace dos años, cuando alias Guacho le declaró la guerra al Estado ecuatoriano. El rebelde disidente atacó la principal estación de Policía de San Lorenzo con un carro bomba el 26 de enero de 2018, asesinó a uniformados y trabajadores estatales, y cuando la prensa nacional puso sus ojos sobre el problema de orden público en la frontera, secuestró en Mataje a los periodistas de El Comercio Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, y posteriormente los asesinó en la selva colombiana.

Tanto en San Lorenzo como en Mataje, la Oliver Sinisterra tiene células urbanas. Grupos de milicianos que se encargan de mantener el orden criminal en la ciudad. Su centro de operaciones son los barrios periféricos Nuevo San Lorenzo, Luis Ceballos y 12 de Octubre, donde hay gran cantidad de personas de raíces colombianas o con doble nacionalidad que escaparon de Colombia por la violencia despiadada en el Pacífico nariñense.

San Lorenzo no supera los 23.000 habitantes. Es una ciudad pequeña bordeada por el mar. Sobre la zona turística está el único muelle, desde donde salen lanchas rápidas para Colombia, Limones o la región de Mataje, a esta última se puede llegar en menos de 40 minutos de trayecto por agua. A diario arriban cientos de embarcaciones de bajo perfil con plátano, coco y camaroneras bien selladas. “La droga está entre los camarones. Eso todo el mundo lo sabe aquí, hasta la Policía, pero nunca hacen nada”, le cuenta a SEMANA una de las personas encargadas de transportar el cargamento.

La mayoría de esa droga viene de Puerto Rico y Mataplatano, así como del interior de Llorente, de la zona rural de Tumaco y de los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán. La dinámica criminal funciona a la perfección, nunca se detiene ni tiene mayores contratiempos. El poder de las disidencias en suelo ecuatoriano es grande, incluso tienen los recursos para atacar a funcionarios de la justicia. Días antes de que SEMANA llegara a San Lorenzo, fue baleado el juez Óscar Cuenca, quien tiene en su despacho los casos de una veintena de jóvenes capturados por ser parte de las células urbanas de la Oliver Sinisterra. Y aunque el togado salió ileso del ataque, ya quedó advertido de quiénes en realidad controlan la ciudad.

“Dos días antes del atentado contra el juez hubo un enfrentamiento entre la fuerza pública y hombres armados que entraron hasta la ciudad a disparar contra ellos”, señala el coronel (r) Pazmiño. Asegura que en Mataje, San Lorenzo y Esmeraldas no hay presencia permanente –como estructura armada– del frente Oliver Sinisterra. “Lo que sí puede existir son retenes ilegales temporales en algunas áreas. Son retenes por una hora, dos horas como máximo, y luego se retiran”.

El papel de los mexicanos

Contrario a lo que sucede en Colombia, las autoridades ecuatorianas sí hablan abiertamente de la participación de carteles mexicanos en el cordón fronterizo. En el vecino país se estima la presencia de tres: Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y el Golfo. Cada uno de ellos apoya a un grupo armado en específico, por eso la violencia en la frontera es atomizada y aguda.

El periodista ecuatoriano, investigador y analista en temas de seguridad Arturo Torres plantea que en los 586 kilómetros de frontera terrestre entre ambos países operan más de 20 grupos armados ilegales, entre disidencias de las Farc, ELN, células narcotraficantes y herederos de los paramilitares. “Esa zona no está controlada por ninguno de los dos Estados, hay un control simulado que no logra diezmar el negocio del narcotráfico”, dice. A todos los financian carteles mexicanos. Sinaloa está con la Oliver Sinisterra, pero también con los Contadores, que ofrecen la droga a un precio más económico a las estructuras internacionales. Su crecimiento y poderío en armas se debe a eso: los verdaderos dueños del negocio buscan economía, efectividad y discreción, tres pilares que hasta ahora el grupo de Arrigui mantiene.

Jalisco está con las Guerrillas Unidas del Pacífico, una estructura disidente venida a pique tras la violenta guerra que sostuvo entre 2017 y 2018 con el frente Oliver Sinisterra. Más abajo, hacia los lados de Putumayo, opera el cartel del Golfo con pequeñas estructuras como la Constru, Comandos de la Frontera y la Segunda Marquetalia, que tiene una presencia fuerte en las poblaciones ecuatorianas de Sucumbíos, Gonzalo Pizarro, Cascales, Shushufindi y Puerto Carmen. “Tienen una presencia muy sólida con campamentos de descanso, cobros de vacunas, actividades de comercio para mantener presión hacia la comunidad”, subraya Pazmiño.

Esa frontera sur, también denominada Corredor Amazónico, es otro fortín del narcotráfico transnacional. El centro de operación criminal se concentra en la ciudad de Baños, donde se redirige la droga hacia la provincia de Manabí, más al sur de Esmeraldas. En Manabí se encuentra gran parte del abastecimiento y salida de las trazas internacionales que van a las Islas Galápagos, Centroamérica y México. Allí, según el coronel (r) Pazmiño, hay un comercio mucho más fuerte de alcaloides que en Esmeraldas o San Lorenzo. Álvaro Torres apunta a que la presencia constante de grupos colombianos en la frontera se da porque hay un ambiente permeable, “los niveles de corrupción son muy altos, y el control judicial está muy contaminado en ambos lados”.

Otra de las preocupaciones en Ecuador es que el dinero del narcotráfico logre infiltrar el proceso electoral a nivel regional en la frontera. Denuncias realizadas a SEMANA por líderes de San Lorenzo señalan que hay serios indicios de que carteles mexicanos y disidencias de las Farc estarían haciendo donaciones –mediante testaferros– a diferentes campañas políticas para las elecciones de febrero.

“Lo primero es que ellos esperan que se dé este tipo de elecciones, porque ahí van y ofrecen cierta cantidad de dinero al candidato por medio de un testaferro; inmediatamente viene la segunda etapa, una vez que el candidato salga electo, comienzan a pedir favores, ahora sí como estructura delictiva”, puntualiza el coronel (r) Pazmiño. Los carteles mexicanos tienen una estrategia marcada en Colombia, y ahora en Ecuador: influenciar el control gubernamental a través de campañas políticas, infiltrar los organismos de control (fuerza pública) y persuadir los estamentos judiciales, porque de esa manera logran cierto amparo e impunidad para su negocio.

Pacto de silencio

La madrugada del 27 de marzo de 2018 fue mucho más agitada de lo habitual en la vereda Puerto Rico, recuerda Pastor: “Se escuchaban pasos fuertes, gritos como dando órdenes. Y al otro día llegaron militares”. Dos días antes fue la última vez que vio a alias Guacho. “Él acostumbraba a pararse ahí, sobre esa peñita, para coger señal del celular”, dice.

En la tarde del 26 marzo, Guacho y sus hombres secuestraron a los periodistas de El Comercio mientras realizaban un trabajo periodístico en Mataje. El plagio no fue algo planeado. Ese día el frente Oliver Sinisterra ordenó a sus estructuras armadas detener a cualquier extraño que ingresara a la región, había una especie de toque de queda criminal que terminó por decidir la suerte de los comunicadores.

Puerto Rico es una vereda pequeña, de no más de 20 casas en madera y fincas extensas, de manglares y pasos fangosos hacia la selva suroriental de Nariño. Probablemente Paúl, Javier y Efraín fueron llevados allí inicialmente. Arturo Torres, que investigó y documentó el secuestro en su libro Rehenes, asegura que los periodistas trabajaban en un informe sobre cómo el atentado a la estación de Policía de San Lorenzo en enero y el creciente número de asesinatos en esa zona estaban ligados a la presencia de estructuras criminales colombianas.

En los primeros días de 2018, la ciudadanía ecuatoriana veía horrorizada lo que ocurría en la frontera norte. “Ellos fueron testigos de la penetración de ciertos carteles en las provincias de Esmeraldas y Manabí, donde ya se veían actividades relacionadas con narcos mexicanos”. Sobre el secuestro hay muchas dudas porque los tres periodistas fueron secuestrados en pleno casco urbano, no en la selva, como inicialmente se dijo. Torres cree que los disidentes recibieron ayuda de algunos militares ecuatorianos.

El plan de Guacho era obligar al gobierno de Lenín Moreno a un canje humanitario con los miembros del frente Oliver Sinisterra capturados a comienzos de año. Las negociaciones nunca prosperaron en los días de secuestro, a pesar de que en el territorio hubo algunos amagos de posible liberación, que no se materializaron porque en las supuestas zonas escogidas por los disidentes el Ejército colombiano lanzó operativos para tratar de lograr un rescate por la fuerza.

“En el momento en que se iba a dar la liberación hubo incursiones armadas del lado colombiano. Hubo una descoordinación por parte de los Estados. Los Gobiernos dijeron que no iban a realizar operativos, pero en la práctica fue diferente. Fue mal manejada esta situación porque no hubo transparencia. Hubo dos planes: el plan A era una liberación a través de incursiones armadas y el plan B, que era el que se conocía públicamente, era la negociación”, reseña Torres. Sobre lo que ocurrió realmente en la selva se sabe poco. Paúl, Javier y Efraín fueron asesinados con tiros de gracia en suelo colombiano. En diciembre de ese año fue abatido alias Guacho y con él se cerró para la justicia ese lamentable episodio, aunque las heridas en los familiares aún siguen abiertas.

Yadira Aguagallo, pareja sentimental de Paúl, exige verdad y justicia. Los supuestos disidentes que participaron en el secuestro, y fueron capturados en Colombia, hoy están en libertad; en Ecuador tampoco avanza la investigación para definir responsabilidades de lo que pasó. El caso ha tenido tres fiscales y ninguno ha podido establecer una hipótesis clara de los hechos. “Hay silencio en los dos Estados. Y mucha impunidad. Cuando se está por cumplir tres años, ninguno de los Estados, ni las Fiscalías han entregado avances significativos”, dice. Ella está en búsqueda de la verdad. Al Estado ecuatoriano le pregunta ¿quién permitió que ocurriera el secuestro? ¿Qué acciones se desarrollaron y cuáles se omitieron? ¿Qué es lo que detonó este nivel de violencia en la frontera?; y al Estado colombiano le indaga ¿por qué lanzaron operaciones militares en la zona si sabían que esto pondría en riesgo la vida de los secuestrados?

“En el informe del equipo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue entregado hace un año, se apunta claramente que una página de noticias del propio Gobierno colombiano informó de operativos constantes durante el secuestro”, subraya Yadira. El secuestro y asesinato de los periodistas acalló las investigaciones periodísticas en la frontera, los grandes medios ecuatorianos evitan enviar reporteros a San Lorenzo, Mataje o Esmeraldas. La muerte de Paúl, Javier y Efraín ratificó el poder de las disidencias. Arturo define la situación así: “Lo que ocurrió después del asesinato fue más trágico, porque la cobertura en esa zona ya es muy esporádica. Si antes era muy puntual, ahora no existe una cobertura de los medios en esa región”. Hay un pacto de silencio.

Contrario a lo que se creía, la Oliver Sinisterra se convirtió en un referente criminal omnipotente capaz de atroces crímenes para mantener el negocio ilegal. “Los secuestros no han parado, los asesinatos no han parado en la frontera, solo que ahora no hablamos de eso”, complementa Yadira. El coronel (r) Pazmiño, por su parte, dice que nadie volvió a hablar de la frontera porque allá no hay votos. “La población que vive allá es mínima (...) los gobernantes creen que todo se soluciona metiendo militares, la solución es que los Gobiernos intervengan con todos sus poderes estatales. ¿Por qué creen que los campesinos que viven en la frontera no tienen como referencia de autoridad al alcalde o gobernador, sino al capo, al comandante de una columna guerrillera? Los niños y pobladores quieren ser como estas personas, porque en el ideario que tienen es que ese tipo tiene mucho dinero”, reseña el exmilitar.

En la vereda Puerto Rico no saben qué es el Estado. Allá las leyes son dictadas por el comandante de turno y a él se le paga con fidelidad. “Durante la pandemia no nos dejaban salir a Ecuador ni a Colombia. Teníamos que estar en las fincas, dizque para no traer el virus, y como ellos dijeron eso nadie salió de sus casas”, recuerda Pastor. Las disidencias son un monstruo creciente, un pulpo criminal con tentáculos cada día más grandes que exprimen a la comunidad, se sirven del negocio y se alimentan con sangre y dolor.