¿La Fuerza Pública está con las manos atadas en medio de una grave amenaza de inseguridad?

Si hay un asunto en el que el presidente Gustavo Petro ha sido implacable durante su primer mes en la Casa de Nariño ha sido la transformación de la fuerza pública. La escogencia de Iván Velásquez como ministro de Defensa apuntó exactamente en esa dirección: un defensor de derechos humanos y exmagistrado que combatió con dureza la corrupción. Velásquez inició su gestión aclarando que su tarea no es dirigir operaciones militares, sino “ejercer el control civil sobre la fuerza pública”. La apuesta del Gobierno es empezar a construir unas Fuerzas Armadas “para una era de paz”.

La transformación empezó con una poda en la que salieron más de 50 generales de todas las fuerzas, pero también con drásticos cambios en la estrategia de lucha contra las organizaciones criminales y el narcotráfico: suspensión de los bombardeos, interrupción de la erradicación forzada de cultivos ilícitos, no fumigación aérea con glifosato y reformas para eliminar el servicio militar obligatorio.

Sin embargo, mientras que el Gobierno da estos mensajes de paz, las organizaciones ilegales siguen hablando el lenguaje de la violencia: no paran las masacres y siguen apareciendo cuerpos desmembrados en bolsas de basura por las calles. ¿Está quedando el país con las manos atadas ante el preocupante avance de la criminalidad?

Uno de los anuncios más polémicos del Gobierno fue suspender de forma indefinida los ataques a organizaciones ilegales a través de bombardeos. La decisión se tomó para evitar que resulten muertos menores de edad reclutados por estos grupos criminales con el fin de ser puestos como carne de cañón.

Los bombardeos, muy efectivos en la guerra por la capacidad de hacer daño a los ilegales, han tenido muchas críticas, justamente, porque en medio de varios de ellos cayeron menores de edad o personas que no tenían vínculo con las organizaciones ilegales.

Esta decisión generó el aplauso de los sectores alternativos y las organizaciones defensoras de derechos humanos, pero también provocó duras críticas por las consecuencias que podría tener en la lucha contra la criminalidad.

Uno de los impactos que han advertido los expertos es el aumento en el reclutamiento de menores, pues ahora podrían ser utilizados como escudo por los grupos armados ilegales para evitar bombardeos.

Además, según le explicó a esta revista un oficial del Ejército que ha estado al frente de tales operaciones, esta decisión “favorece las nuevas dinámicas” de las bandas criminales.

Según explicó el oficial, contrario a lo que ocurría con guerrillas antiguas como las Farc, con las que se daban enfrentamientos “cuerpo a cuerpo” en medio de combates que se extendían por horas, ahora el conflicto se caracteriza “por su fragmentación”, lo que dificulta el accionar de la tropa “sin la operación aérea”.

Hoy en día, según Indepaz, existen al menos 32 grupos disidentes de las Farc, a los que se suman las bandas criminales y los bloques del ELN sin una jerarquía vertical clara y con raíces en grupos de milicianos que no entran en combate directo con la fuerza pública, sino que recurren a emboscadas, atentados y ataques individuales.

Otro de los anuncios que causó preocupación es la suspensión de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos y la negativa a volver a la aspersión aérea con glifosato. La decisión del Gobierno se dio teniendo en cuenta que la erradicación forzada, que implica que miembros de la fuerza pública lleguen hasta los cultivos para arrancar las plantas, no ha dado los resultados esperados. El grado de resiembra es superior al 50 por ciento.

Por ejemplo, el año pasado se erradicaron de manera manual 103.000 hectáreas de cultivos ilícitos, pero la disminución global de la siembra ilegal bajó apenas 4 por ciento, al pasar de 245.000 hectáreas sembradas en 2020 a 234.000 en 2021, según la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP).

La idea del Gobierno es pasar a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, un programa que, si bien genera una mejor relación con la comunidad, es de muy largo plazo. Durante los cuatro años de gobierno de Iván Duque, apenas se erradicaron 19.790 hectáreas mediante esta modalidad, lo que, según los expertos, podría llevar a que los narcotraficantes tomen ventaja e inunden al país de coca.

Más aún cuando también se descarta la aspersión aérea, un método criticado por sus posibles efectos sobre la salud y el medioambiente, pero que ha sido el más efectivo para mantener a raya los cultivos. Desde 2015, cuando se suspendió su uso, hasta la fecha, se ha doblado la cifra de cultivos ilícitos en Colombia, al pasar de 112.000 a 234.000 hectáreas sembradas.

Servicio militar

En medio de la transformación hacia la “fuerza pública de la paz”, el Gobierno también le apuesta a eliminar el servicio militar obligatorio para cambiarlo por un servicio social para la paz. Esta propuesta fue incluida en la llamada ley de “paz total” que radicó el Ejecutivo esta semana en el Congreso.

Aun cuando resulta lógico que en un país en paz se prescinda de la obligatoriedad de que los jóvenes –la mayoría de ellos de bajos recursos– tengan que ponerse el camuflado, expertos advierten que en las circunstancias actuales, en las que aún se libra una guerra contra la criminalidad, puede resultar contraproducente.

“Estarían descontando casi el 30 por ciento del pie de fuerza del Ejército Nacional, en unas circunstancias del país muy violentas y complicadas en seguridad”, afirmó el coronel retirado y actual presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore), John Marulanda. Actualmente, solo el Ejército tiene 71.942 jóvenes prestando su servicio militar.

A esto debe sumarse el hecho de que no hay recursos para mantener una fuerza tan grande como la que hay ahora si no existiera el servicio militar obligatorio. Entonces, habría que pensar en tener un ejército más pequeño.

Según le confirmó el Ejército a SEMANA, cada joven que presta su servicio militar le cuesta a la institución cerca 856.000 pesos, teniendo en cuenta bonificación, alimentación y transporte.

Esto es poco si se compara con lo que podría costar el reemplazo de esta planta de personal por solo soldados profesionales, que devengan como salario básico 1.600.000 pesos, aproximadamente, sin contar con la manutención en el área de operación, bonificaciones y seguridad social de toda la familia.

Otro elemento que podría dificultar la lucha contra el crimen, a pesar de que no tiene relación con el accionar de la fuerza pública, es la propuesta de Petro de modificar el mecanismo de extradición de colombianos a Estados Unidos. “Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano, con beneficios jurídicos y se comprometa a dejar definitivamente el narcotráfico no se extradita a Estados Unidos”, dijo el presidente.

Hay quienes consideran que el cambio en las reglas de juego podría entorpecer la lucha contra el narcotráfico. Nilson Pinilla, expresidente de la Corte Constitucional, mostró su preocupación: “Es suicida obstaculizar la extradición, concediéndole permanencia al requerido por otro país. Tarde o temprano, atentará contra el Estado alcahueta”.

Si bien todas estas decisiones se enmarcan dentro de la llamada “paz total” que busca el presidente Petro, ha causado inquietud que se hagan concesiones sin ni siquiera haber iniciado una negociación y con una fuerza pública que parece estar quedando con las manos atadas.

Mientras se avanza en la llamada paz total, Colombia sigue siendo un país violento, con masacres, líderes amenazados y bandas criminales que no tienen problema en dejar cuerpos descuartizados en bolsas de basura por las calles. ¿Conviene que el Estado baje los brazos?