La garrotera por la presidencia de la Corte Suprema

La suma de todas los choques que ocurrieron el año pasado en la Corte Suprema de Justicia detonaron este jueves en una sala sin antecedentes. Un total de 18 magistrados se convocaron para escoger al nuevo presidente de la Corte Suprema, que entrará a reemplazar en esta delegación al penalista José Luis Barceló. 

El llamado a relevarlo en este cargo es el magistrado de la Sala Civil Álvaro García, quien venía siendo el vicepresidente de Barceló y le correspondía el turno de la presidencia. García en general no tiene mayor resistencia de sus colegas, excepto porque pertenece a una sala que el año pasado desafió las reglas electorales que los magistrados consideran intocables. Una primera votación por el magistrado García no alcanzó el mínimo de 16 votos, y salieron 9 en blanco. Un bloque de togados disconformes plantó cartas. 

De modo que comenzó una conversación tensa pero pausada, en la que los civilistas fueron acusados de "indebida interferencia". Fue entonces cuando salió a flote la ruptura del 2018, que se dio por la elección de las salas especiales de investigación y de juzgamiento de primera instancia.

Se trataba del reto más importante que tenían como Corte Suprema, ya que significaba la creación de unos tribunales de primera instancia, que iban a cumplir con una deuda histórica del Congreso de abrirle la posibilidad de tener segunda instancia a los aforados. Por eso, como es costumbre, los penalistas estudiaron las hojas de vida de un centenar de aspirantes para escoger los 12 nombres más idóneos. Lo que procedía es que el resto de la Sala Plena votara por ellos, a menos de que existieran objeciones insuperables. Estas mismas reglas se aplican cuando la elección es de un civilista o un laboralista. No obstante, en lo que algunos consideran un golpe de la sala civil, la elección de los nombres aportados por la penal resultó bloqueada. Al final, la elección se prolongó por más de cinco meses y los seleccionados no fueron quienes en un comienzo se habían considerado como los mejores.

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Para superar el atasco de presidente, los magistrados ventilaron este malestar. Aunque se guardaron otro, que todavía tiene heridas abiertas, el choque fue tan público y sensible, que es claro que esto también interfirió en la sesión de este jueves. El año pasado, ante la falta de artículos que establecieran las reglas de transición entre la Sala Penal y la llegada de las salas de instrucción especial y de juzgamiento de primera instancia, los magistrados penalistas tomaron una decisión radical. Prolongaron su competencia sobre los expedientes de los aforados en tanto se creaban las nuevas instancias, con el fin de no paralizar la justicia. 

No obstante, los civilistas en decisiones de tutela le dieron la razón a aforados que pedían que le quitaran las facultades transitorias que había tomado la Sala Penal. En una de sus decisiones, llegaron a tumbar la condena del representante a la Cámara Martín Emilio Morales Diz por parapolítica y bacrimpolítica, al considerar que la Sala Penal había perdido la competencia para sentenciarlo a 25 años de prisión. El mensaje fue recibido por la Sala Penal como un misil. Luego las decisiones fueron revisadas por la Sala Laboral que volvió las cosas a su sitio. Sin embargo, el desbarajuste está en la memoria de todos los magistrados. 

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El diálogo prosperó y cuando los magistrados de la Laboral y la Penal se disponían a votar, los civilistas pidieron aplazar. Esta decisión dejaba acéfala a la Sala Plena por eso las cosas se tornaron complejas. Había dos caminos: uno, reelegir a Barceló para que quedara encargado hasta que se lograran poner de acuerdo. Pero esta opción fue la primera descartada porque el magistrado de la Sala Penal va de salida en las próximas semanas y está postura no alcanzó la mayoría de votos. 

La segunda opción era seguir los antecedentes y designar en la presidencia al primero de la lista por orden alfabético. En ese orden de ideas, de manera interina la presidencia quedarían en manos de la magistrado penalista Francisco Acuña. Sin embargo, el nombre generó tanta resitencia que varios magistrados sentaron su voz de protesta. A la 1:00 de la tarde, la situación de la Sala Penal se convirtió, guardadas las proporciones, en un espejo de la crisis que vive Venezuela. Mientras unos optaban por dejar en encargo a Acuña a otros les generó tanta indignación que desconocieron a viva voz la presidencia del magistrado de la penal. Dos laboralistas abandonaron el recinto ante la decisión mayoritaria de aplicar los antecedentes.

Ya había ocurrido que ante la falta de consenso se designara temporalmente al primero de la lista. Antes de que Margarita Cabello Blanco  asumiera la presidencia estuvo temporalmente Barceló. Cuando la presidencia se le demoró a Rigoberto Echeverri, también fue designado transitoriamente Acuña. Pero esta vez las cosas no fueron pacíficas. 

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Para superar el impase, se propuso que los magistrados dejaran de votar de manera secreta y que apoyaran de frente a su candidato a ser el próximo presidente, sin embargo, esta idea está en el aire para ser discutida dentro de 15 días cuando vuelvan a reunirse. 

¿Qué hay detrás de esta trifulca? Además de los choques con los civilistas, se cree que una elección clave pueda estar moviendo los pesos. Este año los presidentes de las altas tienen que elegir Registrador. Hace cuatro años, cuando Leonidas Bustos era presidente adelantó todos los pasos del concurso sin consultar a sus colegas, lo que desató suspicacias y rencillas. Pero lo que sin duda está sobre la mesa, es la acomodación de pesos para la elección de cuatro magistrados que terminan su periodo: dos laboralistas y dos penalistas. Ante este juego de mayorías, hay quienes quieren anticipar cualquier golpe que pueda estarse gestando. En dos semanas, con ánimos renovados, los miembros de la Sala Plena se reencontrarán para tratar de desatar el nudo. Entre tanto, serán clave las gestiones de pasillo y los tintos que intercambien, a fin de desatorar la garrotera en que están.  

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