La gran encuesta de la parapolítica

A diferencia del proceso 8.000, que casi tumba al gobierno de turno y en el que la zozobra terminó contaminando la economía, las revelaciones de los últimos meses sobre vínculos entre políticos y paramilitares no han producido ningún terremoto en la opinión pública. Al menos por ahora.

SEMANA contrató una encuesta sobre lo que piensan los colombianos sobre la para-política, con la firma Napoleón Franco y compañía. Además de las cuatro principales ciudades del país -Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla-, se incluyeron tres capitales de la Costa -Santa Marta, Valledupar y Sincelejo-, de las cuales provienen los principales políticos afectados, hasta el momento, por revelaciones de alianzas con grupos paramilitares.

Los resultados son sorprendentes. Ni el paramilitarismo ni la para-política han generado una gran preocupación entre los ciudadanos de las ciudades investigadas. Se aprecia también un grupo, cercano al 25 por ciento, que tiene una evidente inclinación pro-paramilitar. O que, al menos, tiene una sorprendente tolerancia frente a ese fenómeno delictivo. Como si se considerara que frente a las atrocidades de la guerrilla no hay que ser muy riguroso con los desmanes que cometieron quienes la atacaron. O como si se quisiera evitar a toda costa que el destape de la para-política dañe el buen curso que lleva el país o la popularidad del presidente Álvaro Uribe.

La gente quiere que haya investigación y que se descubran todos los delitos y las alianzas con el crimen, pero también anhela que las revelaciones no causen estragos ni cambien las tendencias políticas actuales. ¿Son incoherentes o contradictorios los colombianos? ¿Los afecta una epidemia de pragmatismo? ¿El exceso de violencia ha llevado a que nadie se 'pellizque' y se miren con frialdad las conductas más atroces?

Tres datos de la encuesta de Napoleón Franco resultan sorprendentes si se comparan con lo que ha pasado en otros países donde se han presentado grandes escándalos políticos. El primero, que se mantiene el optimismo generado por la victoria de Álvaro Uribe hace casi cinco años. En ese entonces, un 89 por ciento consideraba que el país iba por mal camino, cifra que ahora se reduce a menos de la mitad: 42 por ciento. Quienes afirman lo contrario -que el país va por buen camino- se treparon de 9 a 53 por ciento en ese lapso. En segundo lugar, y ligado a lo anterior, la imagen favorable de Uribe se mantiene en un 75 por ciento, casi la misma que tenía en 2002, cuando llegó a la Presidencia (en ese entonces era de 73 por ciento). La tercera conclusión asombrosa es que el paramilitarismo no es percibido como uno de los problemas más graves del país. En los últimos cinco años hubo un cambio: actualmente hay más personas preocupadas por los temas sociales (la pobreza, la educación, la salud, la vivienda, entre otros), que subieron de 51 a 92 por ciento, y menos por la violencia: bajaron de 91 a 76 por ciento. En el punto específico del paramilitarismo hubo un incremento de 2 a 6 por ciento, que es alto. Pero se mantiene un nivel que desconcierta por lo bajo.

La franja 'pro-para'

Los paras ni siquiera figuran en primer lugar a la hora de definir quiénes son los culpables por la violencia. El primer puesto se lo lleva la guerrilla, con un distante segundo lugar para el gobierno, e incluso están por delante los narcotraficantes y la delincuencia común. Parecería que la opinión pública considera que la responsabilidad recae en los principales actores enfrentados en el conflicto interno: el Ejército y las Farc.

Y no es porque desconozcan las acciones cometidas por los paras, o la atrocidad de las mismas. La encuesta indagó acerca de las reacciones que produjo un impactante informe publicado hace dos semanas en El Tiempo sobre la existencia de fosas comunes, las torturas que les hicieron a las víctimas, y la sevicia de asesinatos, que van entre 10.000 y 30.000 colombianos, y encontró que todas estas prácticas macabras, cometidas por los paras, eran conocidas por la opinión pública. A pesar de lo anterior, las opiniones se dividen por partes casi iguales sobre si esas informaciones empeoraron la imagen de los grupos paramilitares (42 por ciento) y aquellos para quienes siguió igual (38 por ciento). Incluso para un inexplicable 9 por ciento, la imagen mejoró.

No se trata de afirmar que la mayoría de los colombianos de las siete ciudades investigadas sea paramilitar o simpatice con su causa. Amplios sectores, cercanos a las dos terceras partes, los cuestionan. Consideran que ni siquiera en medio de un conflicto interno como el que golpea a Colombia, las masacres y los asesinatos son justificables. La imagen negativa de los paras llega a un 89 por ciento, un poco más alta que la que tenían hace cinco años y apenas unos puntos por debajo del rechazo que genera la guerrilla. Un 60 por ciento está en desacuerdo con la frase según la cual el paramilitarismo ha sido una especie de 'mal necesario' para acabar con la guerrilla. Qué pesa más: ¿el 75 por ciento que rechaza a los paras o el 25 que los tolera?

Hay un núcleo pro-para. Es decir, que soporta a las AUC por razones como la necesidad de contar con mecanismos de defensa frente a la guerrilla. Un conjunto muy amplio, por ejemplo, de 58 por ciento (¡tres de cada cinco colombianos!) considera justificable que ante la ausencia del Estado, los ganaderos y terratenientes se hayan defendido por sí mismos, incluso con las armas. La participación de militares en el trabajo sucio de los paras divide a la gente casi en bloques iguales.

Los perfiles de los encuestados dan algunas pistas sobre el tipo de personas que tienden a simpatizar con el paramilitarismo. Desde el punto de vista regional, entre las ciudades investigadas, hay más tolerancia en las ciudades de la Costa (Sincelejo, Santa Marta y Valledupar, en su orden) que en el resto. Los hombres son más tolerantes que las mujeres. Y los miembros de los partidos uribistas tienen posiciones más favorables hacia las AUC que los de la oposición.

Por otra parte, los ciudadanos están de acuerdo con la negociación con los grupos paramilitares que lleva a cabo el gobierno. Un 82 por ciento avala el proceso. Una cifra semejante cree que de igual manera se debería dialogar con la guerrilla. Sin embargo, ante la pregunta de "¿a quién debería combatir con mayor fuerza el gobierno?", un 73 por ciento afirma que a la guerrilla, y un 48 por ciento, a los paras.

Duro con los para-políticos

Según las conclusiones del estudio, la opinión pública castiga con mayor dureza a los políticos vinculados con paramilitares, que al paramilitarismo mismo. La asombrosa afirmación surge de la selección que se les ofreció a los encuestados sobre el tipo de castigos que se deben aplicar a ambos grupos. Mientras en el caso de los paras un 41 por ciento prefiere las alternativas más blandas (amnistía, o la Ley de Justicia y Paz), un 36 por ciento se las ofrecería a los políticos afectados por el escándalo. Al contrario, las posibilidades más duras (aplicarles todo el peso de la ley, penas altas, o extradición) se las aplicarían a los paras en un 54 por ciento y a los políticos en un 59 por ciento.

Hay hipótesis que podrían explicar el llamativo resultado. En la realidad, mientras los más criminales jefes de las AUC recibirán penas máximas de ocho años según la Ley de Justicia y Paz, los congresistas investigados por la Corte Suprema y por la Fiscalía podrían recibir sentencias mucho mayores, porque se les aplica el Código Penal normal. No es totalmente absurdo, además, que la ciudadanía sea más exigente con los políticos que con los paras.

Al fin y al cabo, los primeros actúan dentro de la ley y tienen responsabilidades trascendentales: representan los intereses de la gente y hacen las leyes. Los paras son ilegales, actúan en contra de la ley y, en consecuencia, son criminales por naturaleza. Eso podría justificar que haya una ligera tendencia a favorecerlos con concesiones en materia de reducir los castigos de sus actos delictivos, por más atroces que sean. El precio de la paz, aunque no se pueden descartar otros elementos, como doble moral de parte de los encuestados.

La opinión pública es muy drástica con los congresistas vinculados al escándalo. Un 78 por ciento afirma que los pactos con grupos paramilitares son imperdonables. Y un poco más cree que hay más casos de los que se han destapado hasta el momento, que el problema persiste y que sería deseable que se revelen todas sus dimensiones. El para-escándalo, para la mayoría, no ha terminado. En concordancia con ese sentimiento, los colombianos de las siete ciudades investigadas consideran que los medios de comunicación han hecho un buen trabajo con la investigación y la revelación de la para-política. Incluso ante afirmaciones como si el periodismo bogotano se ha inventado el problema o le ha dado más importancia de la que realmente tiene, un 67 por ciento se manifiesta en desacuerdo. Tampoco aceptan los argumentos de que detrás de los debates y las publicaciones hay intenciones políticas de la oposición contra el gobierno, o que sería conveniente bajarles el tono a las denuncias para no alborotar el avispero y mantener la estabilidad.

La gente quiere la verdad sobre la para-política y no acepta ninguna de las excusas planteadas en la encuesta para conocer sus reacciones. Mayorías amplias rebaten ideas como que los pactos eran necesarios para evitar amenazas de muerte en zonas dominadas por los paramilitares. Tampoco hay respaldo a la posibilidad de que el presidente Uribe acepte el apoyo de políticos que no estén formalmente condenados por la justicia, cuando existen sospechas de haber tenido lazos con los paras.

A pesar de lo anterior, la dureza que se observa en la encuesta frente a los involucrados en el escándalo se debe analizar con prudencia. Por una parte, las cifras son pequeñas, por ejemplo, en cuanto a la diferencia entre las penas que merecen los congresistas, en comparación a las que deberían recibir los paras. También hay otros hallazgos en la investigación que resultan contradictorios o que obligan a plantear hipótesis como la existencia de actitudes hipócritas o excesivamente pragmáticas.

¿Quién gana y quién pierde?

Ante la pregunta de si los ciudadanos estarían dispuestos a votar por los parlamentarios que están actualmente en la cárcel, bajo investigaciones judiciales, hubo resultados ambiguos. Se observa una mayoría amplia que no volvería a sufragar por ellos. Sin embargo, si se considera sólo la ciudad de origen del político, la fracción minoritaria que sí los reelegiría aumenta ligeramente y en algunos casos podría llegar a niveles suficientes para garantizar una curul. Trino Luna, el gobernador de Magdalena, y el senador por Cesar Álvaro Araújo, son los que más claramente podrían aspirar a ese escenario. Por ciudades, hay una mayor disposición a elegir a políticos afectados por el escándalo en Valledupar (42 por ciento); Sincelejo (31 por ciento); y Santa Marta (30 por ciento). Barranquilla, en el otro lado, sería la más drástica: sólo un 3 por ciento, seguida por Medellín (5 por ciento) y Cali (8 por ciento). En Bogotá un 12 por ciento reelegiría a un congresista investigado por posibles lazos con paras.

La investigación, finalmente, arroja algunas conclusiones sobre la manera como el escándalo ha afectado la política. El presidente Uribe sale bien librado, con una imagen positiva de 75 por ciento y con indicadores muy sólidos sobre la satisfacción de la opinión pública con la manera como ha manejado tanto el problema paramilitar como la crisis de la para-política. Mayorías amplias consideran que ha cumplido sus promesas de castigar estas prácticas y facilitar las investigaciones. Uribe, incluso, obtiene más reconocimiento que la Corte Suprema de Justicia y que la Fiscalía General. Y sólo una quinta parte dice que a raíz de las revelaciones ha empeorado la imagen del primer mandatario. En la esquina de la oposición también hay buenas noticias para el Presidente: al senador Gustavo Petro, los debates y denuncias le han servido para hacerse conocer, pero su imagen es muy negativa. Y el Partido Liberal, considerado en forma individual, es el que, según los encuestados, ha hecho más acuerdos con los paras.

Hay otros elementos, sin embargo, que obligan a matizar la conclusión anterior. Casi cuatro de cada 10 entrevistados creen que el Presidente ha hecho algún acuerdo con algún grupo paramilitar durante su larga carrera política. La aprobación de su gestión frente a los paras es menor que la que arrojan otras áreas de su agenda de gobierno. Y a la hora de definir cuáles son los partidos que más pactos de este tipo han hecho, los de la coalición uribista duplican a los de la oposición.

Lo anterior abre perspectivas de varios escenarios posibles. Que la gente separa al Presidente de los congresistas que lo acompañan, y sólo censura a estos últimos. O que la imagen positiva del primer mandatario se debe a su simpatía personal y por consiguiente, no se afecta con los procesos políticos.

También cabe la hipótesis de que si el escándalo crece, puede llegar a tocarlo. Por ahora no hay indicio alguno que alimente esta posibilidad. Muy al contrario, la encuesta contratada por SEMANA con la firma Napoleón Franco lo que demuestra es que la para-política no ha cambiado las actitudes y los sentimientos de la opinión pública. Lo cual es notable, si se tiene en cuenta la magnitud de la controversia, la gravedad de las denuncias y las repercusiones de los debates. Al menos por ahora, todo sigue igual: incluso el optimismo y la popularidad presidencial.