La Guajira: 6 niños wayúu han muerto por desnutrición en lo que va de 2021

Al menos 6 niños menores de 5 años, de la etnia wayúu, han muerto por causas relacionadas con desnutrición en los primeros tres meses de este 2021, según el Instituto Nacional de Salud (INS). Estos fallecimientos de menores de edad en La Guajira representan el 32 % de los casos reportados a nivel nacional.

La información fue divulgada por la presidente del Grupo Veeduría Ciudadana T-302 de 2017, Ruth Chaparro, quien señaló que debido a la dramática situación de la niñez en el departamento, la Corte Constitucional, a través del Auto 042 de 2021, pidió al Gobierno nacional dar cumplimiento a dicha sentencia.

En resumen, la T-302 lo que ordena es que el Estado desarrolle programas e invierta los recursos necesarios para “la superación del estado de cosas inconstitucional en La Guajira”. Es decir, que dé solución permanente al suministro de agua potable, alimentación sostenible, acceso efectivo a salud y participación de la comunidad wayúu, para frenar la morbimortalidad de los niños de esta etnia.

El documento de 2017 es el resultado de una lucha de años, al qué se llegó después del registro de la muerte de más de 4.000 niños por enfermedades vinculadas a la desnutrición. Pero la dura situación sigue siendo la misma en la Alta Guajira, en donde las mujeres y los niños caminan muchos kilómetros sobre la arena del desierto en busca de agua, que la mayoría de las veces no es apta para el consumo humano. Solo alrededor del 9 % de la población tiene acceso al líquido, mientras viven bajo temperaturas que superan los 38 grados centígrados.

Por eso, para el Alto Tribunal es evidente que, a pesar de las prórrogas y los plazos otorgados a las entidades accionadas, el incumplimiento de la Sentencia.

“La falta de articulación de las entidades, el desconocimiento de la misma por parte de la comunidad wayúu en su propia lengua y las fallas en el diálogo genuino han impedido la estructuración de la política pública o plan de acción para su implementación efectiva”, según la Corte.

La ponencia para esta nueva orden, hecha por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas y acogida por la Sala Octava de Revisión, primero ordena al tribunal reasumir la competencia para conocer el cumplimiento de la T302. Además, ordena al Ministerio del Interior proporcionar el listado y las grabaciones de la divulgación y comunicación de dicha sentencia en wayunaiki, la lengua hablada por estas comunidades indígenas, en un término de 15 días.

Chaparro explicó que el documento incluye cinco puntos más. Entre estos pide a la Presidencia de Colombia y a las entidades accionadas enviar a la Corte un informe sobre las acciones realizadas para el cumplimiento de la Sentencia y la conformación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas, en un tiempo de dos semanas.

“También mostrar evidencias de las medidas tomadas para atender a los niños wayúu con ocasión a la pandemia de covid-19, respecto a los derechos de agua, alimentación, seguridad alimentaria y salud, y a la Defensoría y Procuraduría dar cumplimiento de los dispuesto en el fallo e informar las actuaciones accionadas que garanticen el derecho de la niñez wayúu en medio de la emergencia”, resumió, a través de un comunicado.

El nuevo Auto de la Corte también pide que se organice una sesión técnica para escuchar a las comunidades frente al no cumplimiento de la Sentencia y sus consecuencias. De no poderse realizar de manera presencial, se realizará en forma virtual.

Para la presidente de la Veeduría, esta nueva orden de la Corte Constitucional es una gran paso, porque busca ponerle freno a las continuas prórrogas otorgadas a las entidades que tienen responsabilidad en la situación actual de las comunidades de la Alta Guajira, especialmente a la Presidencia de la Republica.

“Estos aplazamientos han incidido en que la política pública para proteger a la niñez wayúu no esté estructurada. Desde que se emitió y se notificó la Sentencia el 28 de septiembre de 2018, se han otorgado más de 5 prórrogas, periodo en el cual murieron 63 niños menores de 5 años por enfermedades asociadas a la desnutrición”, sentencia Chaparro.