La Guajira, de la ciencia a la corrupción: ¿Cómo fue la alianza entre científico y José María Ballesteros Valdivieso, exgobernador del departamento?

La Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud (Olfis) fue contratada en 2014 para investigar el dengue en el departamento de La Guajira; en un contrato por 17.584 millones de pesos. Sin embargo, el simple hecho de haber escogido a Olfis ya presentaba un problema: esta entidad no tenía sede, experiencia en investigación, no tenía ca­pacidad técnica, administrativa o financiera.

Esta contratación fue impulsada por el goberna­dor de La Guajira José María Ballesteros Valdivieso, quien estuvo en su cargo entre 2014 a 2015 y luego fue condenado en 2019 por la Corte Suprema de Justicia a 177 meses de prisión como coautor de los delitos de peculado y con­trato sin cumplimiento de requisitos lega­les. “La conducta del acusado fue dolosa”, señaló la Corte.

Analizar a profundidad las acciones de Olfis revela el fraude realizado entre el científico y representante legal de esta firma, Fredi Alexánder Díaz Quijano y el gobernador Ballesteros Valdivieso. La interventora del proyecto era la facultad de medicina de la Universidad Nacional (UNAL) con sede en Bogotá. De acuerdo con un documento de este ente educativo del 27 de diciembre de 2016, fueron varias las irregularidades en la ejecución de la investigación.

La primera que destaca era que el principal entomólogo de Olfis, Fredy Galvis Ovallo, se encontraba como profesor de la Universidad de São Paulo en la ciudad brasileña, en vez de estar en el departamento de La Guajira investigando el dengue. Galvis Ovallos recibió 35 millo­nes de pesos supuestamente como ento­mólogo de la Olfis en La Guajira durante nueve meses en 2015 a 2016.

La segunda era la toma de muestras a 1.200 pacientes por parte del contratado de Olfis, Alfonso Javier Rodriguez Morales. Según denuncia la UNAL, no hubo ningún avance en este proceso, ningún paciente se vinculó con alguna IPS y tampoco se registró los avances en plataforma GESPROY, herramienta de seguimiento y de proyectos del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

La tercera fueron las trabas que puso Olfis a la Universidad Nacional para acceder a los extractos bancarios de la firma. Según la firma científica, argumentaban que estos documentos financieros se encontraban en Bucaramanga, Santander, en manos Corporación Barka quien se encargaba de la contabilidad del proyecto.

A lo anterior se le suma que Olfis no contaba con el espacio ni con los equipos básicos de laboratorio para recibir, conservar y procesar muestras, acti­vidades que debía desarrollar según el con­venio. La Olfis “no tenía siquiera una sede administrativa propia porque la dirección reportada de la misma en la ciudad de Bu­caramanga no correspondía a aquella, sino a un conjunto residencial”, según un testigo citado por la Corte Suprema de Justicia.

Las denuncias de la interventoría de la Universidad Nacional fueron apoyadas por la Contraloría General de la Nación, según un documento de esta entidad del Estado en 2018. De acuerdo con la Contraloría, el proyecto debía realizarse en el departamento de La Guajira, pero los equipos y documentación técnica y financiera del proyecto fueron trasladados a Bucaramanga en abril de 2017. Olfis no hizo el reintegro de los equipos a la gobernación de La Guajira, los cuales tuvieron un valor de 1.290 millones de pesos.

La firma Olfis también estaba obligada a capacitar a 22 de la región para la toma del diagnóstico de dengue junto con la realización de la prueba PCR en tiempo real. Además, no se capacitó a 50 personas para hacer prevención y control en los municipios afectados por el mosquito en la región Caribe.

Por último y considerando todas las denuncias y hechos, la Contraloría concluyó que era irrefutable la “existencia de un daño patrimonial al Estado”, una daño avalado en más de 4.366 millones de pesos.

Otro documento de la Contraloría del año 2018 señala que al momento de Olfis incumplir el contrato, la interventoría pidió a la gobernación de La Guajira que hiciera efectiva la póliza de seguro con Liberty, cosa que no sucedió. “(...) la Gobernación de La Guajira está en mora del cobro de la Garantía 2423754, expedido por la compañía LIBERTY SEGUROS S.A. y cuya vigencia de uno de sus amparos, finaliza el día 20/07/2018.”, dice el informe.

La respuesta de Olfis a la Universidad Nacional por estas denuncias fue pedir una reparación a la entidad educativa con sede en Bogotá. La primera reparación sería al mismo Fredi Alexander Díaz Quijano, su hermano Ronald Díaz Quijano y Ruth Martinez Vega por préstamos personales a Olfis. Préstamos personas con un valor de 430 millones de pesos, sin embargo, el centro científico no presentó pruebas de estos movimientos.

Además de eso, Olfis reclamó a la UNAL reparaciones de 50 millones de pesos por gastos en defensa en el proceso penal en su contra. La firma estimó que sus perjuicios materiales fueron 6.758 millones de pesos, siendo 3.493 millones en un tercer desembolso. Por último, Olfis reclamó que el departamento de La Guajira le debía 2.064 millones de pesos en un avance parcial de un cuarto desembolso.

El fraude del representante de Olfis, Fredi Alexander Díaz Quijano, y el exgobernador de La Guajira José María Ballesteros Valdivieso, generó la pérdida de más de 4.000 millones de pesos. El exgobernador permitió que la Olfis se apropiara de 318 millones de pesos, to­mados del primero de dos anticipos que se hicieron. En la compra de ovitrampas, que son recipientes plásticos, hubo sobrecostos del 727 por ciento, equivalentes a un ma­yor valor de 7 millones de pesos.

El convenio causante de todo se firmó en 2014 y se finan­ció con dinero de regalías. En la declaración de renta de 2013, el patrimonio líquido de la Olfis ascendía tan solo a 4.524.000 pesos y tenía ingresos netos por 19 millones de pesos. En la declaración de 2012 tenía ape­nas 2.500.000 pesos de patrimonio líquido y 0 pesos en ingresos. “La paupérrima ca­pacidad financiera de la entidad particular no guardaba ninguna proporción con la naturaleza especial y menos con la eleva­da cuantía del convenio”, concluyó la Corte Suprema de Justicia. Pero antes de la firma, Colciencias certificó la “calidad científica y técnica” de la Olfis.

Sin embargo, las señales de la corrupción estaban desde el inicio del proyecto. En un documento del Sistema General de Regalías (SGR) de julio de 2013, Díaz indicó que era funcionario de la gobernación de la Guajira al momento de presentar el proyecto.

Fredi Alexánder Díaz Quijano, el re­presentante legal de la Olfis, que firmó el contrato con el gobernador Ballesteros Valdivieso, es profesor asociado del depar­tamento de epidemiología de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo. Se graduó en 2003 como médico en la Universidad Industrial de Santander (UIS), tiene maestría de la misma univer­sidad y doctorado en Salud Pública con­ferido en 2011 por la Universidad de São Paulo. En abril de 2017 fue capturado por la Fiscalía, pero luego liberado. La Fiscalía certificó en noviembre de 2017 que Díaz Quijano era prófugo de la justicia, acusado por falsedad, peculado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.