El polémico contrato que quiere firmar el gobernador (e) de La Guajira

Una empresa de transportes sobre la que existen varios interrogantes y que tiene vínculos con políticos de La Guajira es la que hasta hace unos meses prestó el servicio de transporte escolar en 12 municipios del departamento por 27.000 millones de pesos y aparentemente busca de nuevo hacerse con el jugoso contrato para el que hay dispuestos 29.000 millones de pesos. Ambos procesos de contratación tienen en común que se realizan justo en época electoral.

La empresa Transportes Relaturg, perteneciente al empresario del transporte y excandidato a la Alcaldía de Riohacha (Partido Conservador) Édgar Acosta Romero, primo hermano del exministro Amilkar Acosta, ha venido prestando el servicio de transporte escolar a la población infantil vulnerable de los municipios no certificados de La Guajira.

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Acosta es recordado entre los riohacheros porque hizo parte del grupo de ocho concejales que fueron destituidos e inhabilitados por la Procuraduría (el que menos fue sancionado durante diez años) por la elección irregular de un personero. En declaraciones a la prensa local en enero pasado, Acosta Romero expresó sus intenciones de regresar a la política.

“Desde hace muchos días tenía la idea y se la trasmití a los compañeros para ver si hacíamos un ejercicio político en bien del Distrito de Riohacha. La idea es postular a uno de los ocho para postularlo a la Alcaldía de Riohacha, y nuevamente uno o dos que aspiren al Concejo”, dijo al portal LaGuajiraHoy.com.

^{Sede principal de Relaturg en Riohacha, donde se ostenta publicidad de los candidatos del Partido Conservador a la Alcaldía de Riohacha y la Gobernación de La Guajira. Archivo particular.}

El contrato lo firmó por 27.406 millones de pesos la exgobernadora encargada Tania Buitrago —hoy directora del Partido de La U en el departamento— por 196 días de calendario escolar que iban del 2 de marzo del 2018 al 28 de mayo del 2019, con lo que cada día de transporte salía a 147 millones de pesos.

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La empresa cuenta con una flota de buses con aire acondicionado y todas las especificaciones de seguridad para el transporte escolar de niños -la misma flota que mostraba para ganar los procesos de contratación-, estaría prestando condiciones de servicio muy diferentes.

Señala uno de los denunciantes que, en muchos casos, los carros en los que se prestaba el servicio —incluso camiones y camionetas de estacas— son de segunda mano, varios provenientes de Venezuela. Los primeros, al ser vehículos de carga, no cumplen con las medidas de seguridad mínimas para prestar el servicio y los que no son nacionales no pueden acceder a los seguros y documentación necesaria para poder transportar menores a sus escuelas.

^{A la izquierda vehículo de estacas transporta a escolares, a la derecha un vehículo de placas venezolanas, adecuado artesanalmente para transportar 12 pesonas pero que suele llevar hasta 30 menores, lleva los letreros de transporte escolar. Archivo particular.}

Una casualidad rodea la firma del anterior contrato y la eventual contratación actual: ambas se adelantaron en cercanía época de elecciones. Mientras uno fue en marzo, para las elecciones legislativas, el actual se firmaría a semanas de los comicios regionales.

Nuevo gobernador

Apenas el pasado viernes 30 de agosto fue designado como gobernador encargado de La Guajira quien hasta ese día fuera el secretario de Gobierno, Jhon Fuentes. El presidente Iván Duque determinó que mantuviera las funciones que le confirió el mandatario seccional encargado Wilbert Hernández Sierra, enredado en un contrato de bilingüismo por 11.400 millones de pesos que le valió una suspensión disciplinaria de tres meses y con probabilidad de extenderse tres meses más, dijo en Riohacha el procurador general, Fernando Carrillo.

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El gobernador Fuentes, según dijeron a este medio conocedores de la política guajira, mantiene la línea de Hernández Sierra. El pasado 29 de agosto, horas antes de su designación y durante una rueda de prensa, buscó desmentir las versiones de prensa local que señalaron que fuera escoger a dedo a la empresa responsable del servicio de transporte escolar de los niños del departamento.

Según la publicación de ese día, en el perfil de Instagram de la Gobernación de La Guajira, “no se ha firmado documento de compromiso alguno, ni se ha reunido con ningún representante de dicha empresa”, sin indicar a cuál hacía referencia.

Sin embargo, la decisión era seguir adelante. “Como gobernador encargado le asiste el deber de brindarle cuanto antes el derecho a una educación digna a la población infantil de los municipios no certificados con el propósito que asistan sin trauma a las aulas de clases”.

Añade la publicación: “Manifestó [el gobernador en funciones] que el proceso de contratación directa con la finalidad de atender las necesidades del transporte escolar para los municipios de Albania, Manaure, Dibulla, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar sigue en curso”.

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Por el monto de la contratación, 28.000 millones de pesos, llama la atención que se busque hacerlo de forma directa y no por licitación. La normativa señala, con contadas excepciones, que los montos a contratar superiores a 650 salarios mínimos mensuales (507 millones de pesos), deben ser licitados.

Nuevo contrato

El gobernador Fuentes vendría ambientando la celebración de un contrato similar, a un costo de 29.322 millones de pesos con cargo a los recursos de regalías que le llegan al departamento a través del Sistema General de Participaciones. La Ocad Caribe ya le dio luz verde a los recursos.

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Públicamente habría dicho que Relaturg es una empresa “idónea” y que ya había ejecutado este tipo de contratos. El gran problema es que el contrato planea firmarse nuevamente a semanas de una jornada electoral en la que se eligen los mandatarios locales y durante ley de garantías. 

Fuentes se ha defendido de los señalamientos y anunció que buscará blindar el proceso licitatorio con la vigilancia de los entes de control, especialmente la Procuraduría, y del Ministerio de Educación. Este medio consultó con fuentes del organismo de control disciplinario que negaron estar realizando dicho acompañamiento.

El viernes, sin embargo SEMANA conocio que el ente de control disciplinario sí recibió el pasado 21 de agosto una peticion del gobernador (e) para sacar adelante el contrato de transporte escolar, por lo cual se le solicitó al mandatario seccional que solicitara formalmente, en vez de un acompañamiento, una vigilancia preventiva, ya fuera en contratación directa o proceso licitatorio.

En diálogo con este medio, el gobernador Fuentes insistió en que no tiene "nada qué ocultar" y aseguró que no habrá contratación directa sino que habrá licitación, aunque no entregó los detalles y señaló que estos se conocerán cuando "se abra el proceso en el Secop", sin dar una fecha definitiva. Aseveró además que desde la Vicepresidencia de la República se le ofició para que procediera con el proceso de esa manera y ofreció entregar la documentacion que así lo señala, pero que finalmente no llegó a esta redacción.

Por otra parte, la empresa Relaturg ha sido blanco en las redes por estar aparentemente vinculada a campaña a la campaña por la Gobernación de Nemesio Roys, y la campaña por la Alcaldía de Riohacha de Blas Quintero. Los buses con publicidad y que sirven a dichas campañas, según sus placas y la base de datos del Runt, corresponden a la Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira-Transportes Relaturg, NIT 900.251.817.

Este medio intentó comunicarse sin éxito con José Vega Vence, jefe de la campaña de Nemesio Roys para preguntar si ellos tienen contratos vigentes con Relaturg o si han recibido aportes de la empresa o de su dueño, Édgar Acosta. Vega es excontralor de La Guajira y renunció a su cargo luego de que SEMANA publicara una fotografía de él junto con un poderoso contratista y con la exgobernadora Buitrago, que también hace parte de la campaña.

Una búsqueda en el Registro Único Empresarial (Rues) da cuenta de que la Asociación aparece en el registro de las Esal, es decir, es una entidad sin ánimo de lucro que reporta apenas 10 empleados, así como 10 para un taller que depende de la asociación y otros 10 en Transportes Relaturg para labores de transporte. De ser esto verdad, una nómina de apenas 30 personas no sería la idónea para prestar un contrato de las dimensiones que requiere el servicio escolar de un departamento y alimenta las sospechas de denunciantes de que habría subcontratación.

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Con los antecedentes que hay en La Guajira, es necesario  que los organismos de control sigan con los ojos abiertos sobre la contratación en el departamento, máxime tan cerca de unas justas electorales.