Los cada vez más serios cuestionamientos sobre el gobernador (e) de La Guajira

El 9 de mayo de 2005 tuvo lugar la masacre de Monguí, corregimiento de Riohacha que se hizo célebre por tal hecho de sangre. Allí fueron asesinados Cristian Manuel Acosta Brito, Elida Brito y Gerel Pinto, todos familiares del exministro Amilkar Acosta, crimen por el que se acusa al frente Contrainsurgencia Wayú, comandado por Zuley Castro Sosa, alias Ramiro, quien a su vez recibió órdenes de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

La historia parecería una vendetta más de La Guajira. Sin embargo, podría no ser así. Los sobrevivientes de esta familia han visto partir a siete personas de su apellido, la última de ellas fue asesinada el 17 de noviembre de 2018 en un atentado en el que murió un niño de 13 años. Ellos, 10 días después, instauraron una denuncia ante diversas autoridades y organismos internacionales asegurando que los querían asesinar, documento conocido por SEMANA.

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Se cree que "su pecado" fue ser familiares de Sisoy Acosta, gatillero señalado de asesinar a Víctor Ojeda, el esposo de Marta Dinora Hernández Sierra, la Chachi, hermana mayor del clan familiar encabezado por Francisca Sierra, conocida como Mamá Franca, matrona de toda una poderosa estirpe que hizo de Maicao su feudo y que no ha sido ajena a los escándalos. El menor de sus hijos es el actual gobernador (e) de La Guajira, Wilbert Hernández Sierra, nombrado por el presidente Iván Duque el pasado 28 de mayo.

Ojeda era un reconocido contrabandista y narcotraficante, uno de los que ayudó a introducir el paramilitarismo en La Guajira, tal y como lo reconocen varias versiones de postulados a la ley de Justicia y Paz. Una de sus primeras acciones dentro de esa sociedad criminal fue iniciar una guerra sin cuartel contra la delincuencia en la región luego de que tuviera que pagar 500.000 dólares para liberar a una de las hijas de su pareja, la Chachi.

En esta mal llamada ‘limpieza social’ contó con el apoyo del frente Contrainsurgencia Wayú, parte del Bloque Norte de las AUC comandado por Jorge 40, que habrían sido acompañados por unidades del Gaula del Ejército, según las mismas versiones de Justicia y Paz.

En este contexto de persecución, Sisoy habría asesinado a Ojeda, lo que habria dado inicio a una matanza en represalia contra los Acosta Brito. Sisoy intentó esconderse en Caracas, pero hasta allá habría llegado la mano de la Chachi, quien según testimonios de paramilitares mantuvo la operación criminal de su marido muerto.

Los asesinos de Sisoy solo recibirían su pago al entregar la cédula de su víctima. La Chachi de cuando en vez, mostraba en las parrandas el macabro trofeo.

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El asesinato de la Chachi ocurrió en 2012, en Santa Marta, por órdenes de los Mellizos Mejía Múnera. Según dijo a la justicia Arnulfo Sánchez, Pablito, jefe del frente Contrainsurgencia Wayú, fue un ajuste de cuentas por la pérdida de un cargamento de 500 kilos de cocaína. Pero ello no cortó la estela de muertes.

Los Acosta Brito señalan directamente a la familia Hernández Sierra, en cabeza de Wilbert Hernández Sierra, su sobrino Víctor Iván Ojeda Hernández (hijo de la Chachi y de Víctor, que habría reorganizado la estructura narcotraficante) y a la matrona Francisca Sierra.

“Los autores intelectuales y materiales de estos últimos sucesos son prácticamente los mismos que participaron en el ataque hace 14 años”, dice la denuncia y añade un agravante: un nuevo capo del narcotráfico, José ‘el Chato’ Bonilla, sería el enlace entre los Hernández Sierra y los sicarios, según el escrito. Incluso, algunos testigos hablan del reagrupamiento de la estructura Contrainsurgencia Wayú.

“Queremos dejar claro que nosotros confiamos en la justicia y que los criminales aquí denunciados, por décadas, han cometido barbaries contra personas, familias y comunidades, que de igual manera pueden ser objeto de reataliaciones de cualquier índole. Con la anterior relación de derechos, demandamos de la Fiscalía General de la Nación como de las demás entidades competentes se atienda la urgente necesidad de impedir el exterminio nuestra familia”, puntualiza el documento.

Gaula: vuelve y juega

Este no sería el único caso en el que unidades del Gaula en La Guajira habrían resultado involucradas en actividades irregulares a favor de los Hernández Sierra. De hecho, por ello hay una condena por porte ilegal de armas y por concierto para delinquir contra dos militares que fueron detenidos en Barrancas (La Guajira) en 2009.

Fueron los soldados Faber Sánchez y otro de apellidos Vásquez Colorado. Este último confesó a la Fiscalía que Wilbert Hernández Sierra le entregó en un vehículo a su comandante, Richard Gámez, 200 millones de pesos y las instrucciones para atentar contra Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, para entonces exalcalde de Barrancas.

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Él se entera a través de un tercero de la preparación de un presunto atentado en su contra y lo denuncia a la Policía. Dos fuentes, testigos del proceso, corroboraron la historia.

Los militares, con vehículos, prendas y armamento del Ejército, fueron sorprendidos por la Policía haciendo inteligencia para el presunto atentado, los detuvo y los judicializó. Hacían parte de la unidad operativa contra la extorsión y el secuestro, y actuaban en operaciones ilegales sin conocimiento de sus superiores.

El fiscal que llevaba a cabo la investigación, Fabio Martínez, detenido hoy por el escandaloso caso de las interceptaciones a los pilotos de Avianca, nunca habría llamado a Hernández Sierra a interrogatorio, pese a los serias acusaciones en su contra, basado en los testimonios de los militares, quienes además declararon que la autora intelectual era su hermana mayor, la Chachi.

Ambos procesos hacen trámite en la Fiscalía sin que se conozca resultado alguno. Este medio ya había recordado el una denuncia penal de 2013 interpuesta ante la Fiscalía por el asesinado Rubén Darío ‘Memín’ Cotes en contra del Wilbert Hernández Sierra, por las conductas de injuria y calumnia, en las que responsabilizaba al hoy gobernador (e) de lo que le sucediera.

El presidente Duque, cuya cercanía con Francisca Sierra es patente, finalmente dejó al hijo de la matrona wayú al frente del departamento en lo que el mandatario describió como un "proceso transparente", pese a estos y otros cuestionamientos que le han hecho.

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Serán siete meses atravesados por una campaña electoral, en los que los guajiros se preguntarán si sus instituciones estarán a la altura de las circunstancias, tras casi 12 años en que no han conocido más que gobiernos interinos.