La ‘guerra’ azota escuelas en Medellín

El último gran episodio de la violencia en Medellín fue una balacera en el barrio Juan XXIII, en la Comuna 13, el pasado miércoles. Desde las 2:00 a. m., muchachos de grupos armados que quieren controlar el territorio para quedarse con el dinero de extorsiones y de venta de droga empezaron a dispararse.

El enfrentamiento de esa hora fue corto, pero volvió a reventar hacia la 1:00 p. m. La balacera se prendió con tal intensidad, que los habitantes de ese barrio y de La Quiebra, de La Divisa y de Altos de la Virgen, prefirieron encerrarse hasta que terminara.

El tiroteo ocurrió alrededor de la escuela Estela Vélez, donde unos 250 niños de primaria quedaron atrapados. Pero esta no es la primera vez que la violencia de Medellín pone en apuros a los jóvenes estudiantes y sus maestros.

Testimonios de profesores, alumnos y madres preocupadas dan cuenta de que la situación se ha vuelto normal. Aquellos ataques hacen parte de lo que la Personería municipal denomina un “escenario de violencia indiscriminada y generalizada” que se ha configurado en la ciudad.

¿Quiénes disparan?

A menudo, los muchachos quedan en el fuego cruzado que provocan “dos tipos de conflictos violentos que se entrecruzan”, según explica la Personería. Por un lado, provocan violencia bandas y combos que quieren controlar la población de los barrios. Por otro, agrupaciones armadas derivadas de los paramilitares y del narcotráfico quieren expandirse hacia otras regiones del departamento.

La Policía Metropolitana y la Secretaría de Gobierno dicen que los grupos armados pueden ser en total 227 y el Ministerio del Interior y de Justicia calcula que son 308. Su meta, en resumidas cuentas, es quedarse con las rentas legales (comercio y servicios) e ilegales (extorsiones y controlar el comercio de drogas ilícitas).

“En su mayoría -dice la Personería- tienen su origen en las décadas de los años 80 y 90 y han sufrido las metamorfosis propias de la evolución del conflicto armado en la ciudad”. O sea, empezaron cuando existía el Cartel de Medellín, después hicieron parte de la Oficina de Envigado y, más tarde, de los bloques paramilitares Cacique Nutibara y Héroes de Granada. Muchos se desmovilizaron y desde el 2007 empuñaron armas otra vez y comenzaron a pelear por el control del narcotráfico.

La Policía tiene identificados a dos grandes jefes de estas bandas que se están peleando entre sí. Uno es Eric Vargas, que se hace llamar ‘Sebastián’, y el otro, Maximiliano Bonilla, que prefiere que le digan ‘Valenciano’.

En los partes policiales y en las calles se volvió casi una muletilla atribuir las masacres, los asesinatos y las balaceras al choque que mantienen ellos dos. Pero hay más protagonistas poderosos en la violencia de Medellín. En el informe ‘¿El declive de la seguridad democrática?’, publicado por la corporación Nuevo Arco Iris, dice que en esa guerra también participan Los Paisas, “considerado el brazo rural de la Oficina de Envigado y comandada por Ángel de Jesús Pacheco Chancí, también conocido con el alias de ‘Sebastián’”.

Los 'Rastrojos', dirigidos por Luis Enrique Calle Serna, más conocido como ‘Comba’, también tienen su cuota de hombres en la ciudad. Y Pedro Olivero Guerrero, alias ‘Cuchillo’, participa en esa guerra con fracciones de su Ejército Revolucionario Popular Anticomunista Colombiano (Erpac).

Entre enero y mayo del 2010, Medicina Legal registró 884 homicidios, muchos más que los ocurridos en el mismo periodo del 2009, cuando fueron 726.

El alcalde de Medellín, Alonso Salazar, y el director General de la Policía, Óscar Naranjo, se reunieron este jueves para analizar la situación. Coincidieron en que “hay que enriquecer las medidas en contra de la delincuencia” y en que “son insuficientes las que actualmente se aplican, como los incrementos en el pie de fuerza o los esfuerzos frustrados de judicialización”.

Niños en riesgo

En medio de toda la violencia que están generando esos hombres armados, están los niños. Muchos entran a los combos reclutados a la fuerza y otros porque encuentran en las armas un modo de vida que les gusta.

A quienes no sufren esas consecuencias y prefieren estudiar, que es lo único que tienen que hacer a sus cortas edades, se les dificulta, muchas veces, hacerlo. “Los constantes enfrentamientos armados entre los grupos ilegales; los intentos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para dedicarlos a actividades ilícitas; la fijación de límites territoriales o fronteras invisibles; los señalamientos de ser informantes del bando contrario o de las autoridades, y las amenazas de diversa naturaleza, incluso contra niños de 10 años en adelante, ocasionan un temor generalizado en la mayoría de comunas y algunos corregimientos de la ciudad”, dice la Personería.

El miedo de salir a las calles ha provocado una preocupante consecuencia: la deserción escolar. La Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) guarda información que habla de que de las 16 comunas que tiene Medellín, 10 presentan este problema.

El dato de niños que dejaron de asistir al colegio por temor no está muy consolidado. Pero la Secretaría de Educación arroja una cifra por lo menos inquietante. En el primer semestre del año, 757 estudiantes dejaron sus estudios, de acuerdo con la información del sistema de matrícula.

El temor de los menores no es para menos si se tiene en cuenta que a cuatro jóvenes los mataron en el primer semestre del año cerca de las escuelas y a uno dentro del sitio donde estudiaba.

Otro problema que está afectando la educación es la violencia contra los maestros. En el primer semestre de este año, fue asesinado el profesor Gustavo Gil Sierra, y 39 colegas suyos se acogieron al Comité de Docentes Amenazados.

Las advertencias de muerte son directas. Por ejemplo, varios maestros de la institución educativa Cedepro, en el corregimiento de Altavista, se enteraron de que querían matarlos mediante un panfleto donde aparecían sus nombres junto con los de otras 20 personas, entre ellos, los de algunos niños.

El presidente de Adida, Over Dorado, ha recibido constantes amenazas. En abril, unos hombres llegaron con armas a un sitio donde él estaba, y sus escoltas tuvieron que disparar. Hirieron a uno de los atacantes y capturaron a dos. Al poco tiempo, le hicieron saber a Dorado que iban a poner una bomba en la sede principal del sindicato que él preside.

Varios casos fueron documentados recientemente por el Instituto Popular de Capacitación (IPC).

En un colegio de la comuna 6, por ejemplo, el pasado mayo los estudiantes encontraron que para ingresar a su escuela, tenían que ser requisados previamente por la Policía. Ante las inquietudes que provocó la presencia de los uniformados, la rectora prefirió decir que se trataba de una intervención pedagógica. No quiso advertir que desde el día anterior se regó el rumor de que un hombre armado iba a intentar disfrazarse de estudiante para matar a un joven en el salón.

El rector de un colegio de la comuna 5 confesó su preocupación porque alrededor del lugar pelean los 'Mondongueros’, los 'Buchepájaros’ y los 'Machachos’. “En ocasiones, esos conflictos de la calle se quieren trasladar al interior del colegio. Eso se evidencia cuando le prohíben a estudiantes de otros barrios venir a estudiar, simplemente por eso, porque son de otro barrio”, le dijo al IPC.

El temor que generan esos grupos hizo que en los primeros meses del año por lo menos 50 muchachos del barrio Doce de Octubre dejaran de estudiar. A pesar de que, de ellos, sólo tres fueron amenazados, los padres de los otros sintieron temor de que sus hijos corrieran con la misma suerte.

En la comuna 7, un muchacho contó que una vez, hacia el mediodía, mataron a un joven cerca del colegio. Al rato, llegó un chico integrante de un combo “y le dijo al portero: dígales a los profes que es mejor que manden temprano a los estudiantes para la casa porque esto se va a prender”, le dijo al IPC.

El vigilante habló con los directivos de la escuela y ellos decidieron dejar salir a los muchachos a las 4:00 p. m., cuando las clases se terminaban a las 5:00 p. m. Después de que los jóvenes salieron, se inició un enfrentamiento cerca de la institución.

Difícil solución

La Alcaldía no se ha quedado quieta ante el problema. La Secretaría de Educación coordina el Comité de Convivencia y Seguridad en las Instituciones Educativas, que está conformado por varias secretarías y organismos del Estado.

Para prevenir y controlar la violencia, ha contratado transporte para que los muchachos puedan pasar de un barrio a otro con facilidad, reformó los calendarios académicos para permitir que los jóvenes terminen sus cursos, modificó los horarios de entrada y salida a clases, ha trasladado de colegio a muchachos que tienen riesgos, autorizó a los rectores para organizar talleres que les permitan a los alumnos estudiar desde sus casas, creó consejos para que los jóvenes aprendan a convivir entre sí en los colegios, mientras la Secretaría de Gobierno y la Policía vigilan alrededor de las escuelas.

Pero la solución policial a veces desemboca en otros problemas. La Personería lo describe así: “Las innumerables dinámicas violentas en los barrios, en algunos casos, han llevado a considerar la práctica de requisas o registros llamados pedagógicos en las Instituciones Educativas solicitadas por actores diversos y en ocasiones sin que existan hechos relevantes, sino motivos originados en miedos, sospechas y una equívoca pretensión de prevenir acudiendo a la Policía en la vida escolar”.

Para evitar la indebida presencia de policías en escuelas y colegios, fue necesario crear un protocolo que dice que aquellos procedimientos se realizarán como última medida y respetando siempre los derechos de los jóvenes, que ya tienen suficientes padecimientos por cuenta de los hombres armados que afectan con violencia su vida cotidiana.