La hora de las víctimas en La Habana

Aunque no faltará quien atribuya este nuevo avance en La Habana a las necesidades electorales del presidente-candidato, el acuerdo en sí mismo representa un avance sustancial en la posición negociadora de las partes, en especial la de las Farc, y la posibilidad de mejorar notablemente el ritmo al que se viene llegando a acuerdos.

Las partes arrancan por reconocer que, en el marco del conflicto, hay “víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”, que tienen “derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.

Que así lo acepte el gobierno colombiano, que lleva casi tres años implementando una ley de víctimas bajo estos criterios clásicos de la Justicia Transicional, es importante. Pero que las Farc admitan, en blanco y negro, que hay víctimas de crímenes en los que ellas también han incurrido (no otra cosa son las violaciones al DIH) y que sus derechos deben ser resarcidos bajo parámetros de Justicia Transicional, era un paso crucial que le faltaba dar a la guerrilla.

El acuerdo establece diez principios bajo los cuales se hará la discusión del tema de víctimas en la Mesa (ver recuadro). Todos ellos responden a los parámetros de la Justicia Transicional; a la necesidad de que las víctimas participen en las discusiones, y al criterio, clave, de que “los derechos de las víctimas no son negociables” sino que, como manda el derecho internacional, lo que se deberá acordar es cómo satisfacerlos.

Las víctimas enviarán una delegación a La Habana, representativa, con propuestas para la satisfacción de sus derechos y medidas para la construcción de paz en sus territorios. Este es el primer punto en el que se involucra directamente en la Mesa a una delegación de la sociedad.

Es todo un avance que las partes se doten de antemano de un marco de principios que pone a las víctimas como protagonistas. Y es otra decisión de hondo alcance, en la línea de que “resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo”. A ojos de organismos como la Corte Penal Internacional, la legitimidad de lo que acuerden las Farc y el gobierno para poner fin al conflicto depende en buena medida de la prominencia que tengan en el mismo la satisfacción de los derechos de las víctimas y las garantías de que los crímenes de la guerra no volverán a repetirse.

Un principio clave es el reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas. “No vamos a intercambiar impunidades”, dice el documento. Otra admisión de fondo, de parte del gobierno y de las Farc, de que han causado víctimas y deben responsabilizarse ante ellas. Pero la responsabilidad va más allá de ambas partes e, incluso, más allá de otros actores armados. Tal como está formulado, este punto es una invitación a otros estamentos y a la sociedad en general a reconocer la responsabilidad que les corresponda en el conflicto armado.

Hay otros tres puntos que evidencian acercamientos de fondo entre el gobierno y las Farc y que pueden mejorar notablemente el ritmo de la negociación, que lleva ya 18 meses en los tres puntos en los que se ha llegado a acuerdos (agro, participación política y drogas ilícitas).

En primer lugar, se recoge la propuesta de las Farc de crear una “comisión histórica del conflicto y sus víctimas”, compuesta por expertos (las Farc venían insistiendo hace meses en una comisión de esclarecimiento de las causas del conflicto). Y se estipula que esta no sustituye al mecanismo para el esclarecimiento de la verdad, una comisión de la verdad como la que está contemplada en el Marco Jurídico para la Paz.

En segundo lugar, las Farc aceptan la idea del gobierno de empezar a discutir, en paralelo con el punto de víctimas, en otra comisión, el punto denominado “fin del conflicto” que incluye los temas más duros, como desmovilización, entrega de armas, reintegración, seguridad, justicia y lucha contra el paramilitarismo, entre otros. Un paso que puede mejorar notablemente el ritmo de la negociación, que las propias partes reconocen como en exceso parsimonioso.

Se harán tres foros regionales sobre víctimas, en Villavicencio (4 y 5 de julio), Barrancabermeja y Barranquilla, y otro, nacional, en Cali.

Y se ha constituido una comisión conjunta de género, que ya empezó a trabajar para garantizar que ese enfoque esté presente en los acuerdos.

En medio del zafarrancho de la última semana previa a las elecciones, el acuerdo puede pasar de agache. Incluso, la suerte del propio proceso depende del resultado de los comicios. Pero, si llega a verse el protagonismo que, según lo acordado, van a cobrar las víctimas y si las Farc empiezan a adoptar públicamente una postura de reconocimiento de sus responsabilidades, este acuerdo puede tener un impacto de fondo para reforzar la credibilidad del proceso y acelerar su ritmo.

Por eso, pese a esas incertidumbres, la trascendencia de este nuevo acuerdo no debe soslayarse. Las Farc empezaron por declararse víctimas a sí mismas y el mundo aún recuerda la sorna con la que Jesús Santrich, cuando le preguntaron en Oslo, en octubre de 2012, si las Farc pedirían perdón a las víctimas, contestó, tarareando: “Quizás, quizás, quizás”. Este acuerdo pone la discusión sobre las víctimas en un terreno completamente distinto. Para las Farc, para el gobierno y para la sociedad.