La hacienda de la senadora Dilian Francisca Toro

La senadora Dilian Francisca Toro está en la cúspide de su carrera política. Fue presidenta del Congreso, es una de las baronesas electorales del país y una poderosa dirigente del Valle del Cauca. Sin embargo, el pasado miércoles el fantasma de la narcopolítica se le volvió a aparecer: la Corte Suprema de Justicia la llamó a indagatoria por presunto lavado de activos.

Esta no es la primera vez que la senadora se ve envuelta en un lío judicial: desde 2010 la Corte la investiga por narcopolítica basándose en testimonios de capos y de jefes de las autodefensas (alias HH, que después se retractó, y alias Rasguño, entre otros). Todo indica que la Corte la llamó porque, además de testimonios, tiene documentos oficiales de movimientos financieros que comprometerían a la senadora y a su esposo Julio César Caicedo Zamorano.

Uno de los momentos más críticos para la senadora fue en 2008 cuando se supo de un chantaje contra ella y su esposo: un sujeto los llamó en varias ocasiones y, haciéndose pasar por el hermano de un capo del narcotráfico -Víctor Patiño Fómeque- les ordenaba que le devolvieran la hacienda San Miguel; la Justicia lo capturó y condenó por extorsión en 2010. Desde entonces, la pareja enfrentó varias veces a los medios de comunicación. Con documentos en mano, demostraban que la hacienda no le había pertenecido al capo. "No existe ninguna relación, legalmente", respondió Julio César Caicedo a La W, el 20 de mayo de 2009, tras la aparición de un video en el que se observa al narco en una fiesta, al parecer en la cuestionada hacienda.

Sin embargo, SEMANA ha recogido documentos sobre el caso desde tiempo atrás y encontró que, contrario a lo que afirmó el esposo de la senadora, la hacienda San Miguel sí tenía una tradición mafiosa. La finca perteneció a la mafia a través de una maraña de testaferros y, antes de que llegara a manos de la senadora, se dieron todo tipo de movimientos con documentos falsos, al parecer tendientes a borrar conexiones con empresas o personas de dudosa reputación. Asimismo, la sociedad Ceiba Verde (a través de la cual la senadora y su esposo compraron la finca) hizo pagos a personas condenadas por lavado de activos.

San Miguel es una hermosa hacienda de 93 hectáreas, ubicada a diez minutos de la cabecera municipal de Palmira. La propiedad le perteneció primero a dos grandes capos de la mafia: Phanor Arizabaleta e Ignacio Álvarez Meyendorff; luego estos se la vendieron a dos empresas, que tenían en común que el contador de ambas hacía parte de la organización del también narco Víctor Patiño Fómeque. Estas empresas le vendieron la hacienda, en 2005, a Ceiba Verde, la sociedad de la familia Caicedo Toro (ver organigrama).

Phanor Arizabaleta fue condenado en 1995 a 28 años de cárcel por secuestro. Tras recuperar su libertad por enfermedad, fue extraditado a Estados Unidos y retornó al país este año, pero la Policía lo volvió a capturar. Su nombre no aparece en las escrituras de la hacienda, pero sí una de sus empresas de fachada, Interorbe, a través de la cual, según las autoridades, lavaba dinero. Una de las pruebas son los bienes decomisados al capo y que estaban a nombre de esa sociedad. Y la otra es, según pudo establecer SEMANA, que los seis accionistas de Interorbe están en el Sisbén, es decir, no tendrían cómo aportar los 400 millones de pesos con que se constituyó la sociedad. Solo para citar un ejemplo, quien aparece como gerente de Interorbe, Carlos Eduardo León Guarín, es un campesino que vive en una vereda de Cundinamarca. Subsiste del cultivo de yuca, plátano y maíz en una parcela de tres hectáreas que heredó. Cuando SEMANA le preguntó si trabajó como gerente de Interorbe, respondió: "Un hombre como yo que apenas hizo hasta tercero de primaria solo puede aspirar a sembrar yuca".

Otro pedazo de la hacienda San Miguel perteneció a Ignacio Álvarez Meyendorff, un reconocido narcotraficante colombiano capturado en Argentina en abril de 2011 y extraditado a Estados Unidos. Su hermano, Juan Fernando, es considerado por la DEA como el 'señor de los narcosumergibles' y por su cabeza ofrecen 5 millones de dólares.

Antes de que la hacienda llegara a manos de la senadora, su esposo y su cuñado, a través de la sociedad Ceiba Verde, la propiedad fue escriturada en dos bloques, cada uno a una firma diferente: uno a Rentabienes Giraldo Rincón y otro a Agrigan. Pero en ambas, curiosamente, tenían el mismo contador, Nelson Barbosa Rojas, quien, según una investigación de la Fiscalía en poder de esta revista, era uno de los hombres de confianza del capo Víctor Patiño Fómeque. El contador fue asesinado.

También despierta la curiosidad de los investigadores el hecho de que una de esas transacciones se hizo en la Notaría 3 de Cali, al frente de la cual estaba Jorge Enrique Caicedo, hermano de Julio César y cuñado de la senadora y, a su vez, el tercer accionista de la sociedad Agropecuaria Ceiba Verde, hoy dueña de la finca. Precisamente, el cuñado de la senadora es el llamado a responder los interrogantes más gruesos, ya que en su notaría se dio fe de escrituras de esa finca con firmas falsas (aparece varias veces la supuesta rúbrica del campesino Carlos Eduardo León Guarín).

Hasta este punto podría decirse que Dilian Francisca Toro no tenía por qué saber que la finca que compró había sido propiedad de una empresa fachada de la mafia y un narcotraficante que para la época no tenía antecedentes. Su esposo explica que adquirieron la hacienda con un crédito del Banco de Colombia y presenta como constancia una carta de uno de los abogados externos que hizo el estudio de los títulos de la finca y no encontró irregularidad alguna. "Ese predio se lo compré a un señor transportador del Valle de apellidos Giraldo Rincón. El banco contrató un estudio de títulos y dijo que la tradición era lícita", explica Julio César Caicedo.

SEMANA conoció además que la investigación que la Corte adelanta contra la senadora Toro tenía un testigo estrella: el narcotraficante Ignacio Álvarez Meyendorff. Este confirmó que él vendió su parte de la hacienda al hermano medio de Víctor Patiño Fómeque a través de testaferros. Según Meyendorff, la transacción se hizo por 800 millones de pesos que se pagaron en efectivo y las escrituras estuvieron a cargo del abogado y comentarista taurino asesinado en Cali José Gregorio Barney Martínez, hombre de confianza de los Fómeque.

De otro lado, un informe de la Uiaf, del Ministerio de Hacienda, remitido a la Fiscalía, dice que la sociedad Ceiba Verde realizó operaciones financieras "sospechosas". El informe 1845 de abril de 2008 relata cómo, desde Agropecuaria Ceiba Verde, se realizaron depósitos por valor de 289 millones de pesos en junio de 2007 a una de las cuentas de Hans Barney Salazar, condenado en 2005 por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además, señala que esa misma sociedad "registra transacciones en efectivo por 1.358 millones de pesos, bienes avaluados en 11,5 millones y transacciones notariales por 3.855 millones".

Pero esa no es la primera vez que la pareja Caicedo Toro se ha visto envuelta en transacciones con presuntos testaferros o narcos. De hecho, SEMANA pudo establecer que en las fiscalías de Buga y Cali existen desde hace varios años diez procesos por diversos delitos, entre los que figuran enriquecimiento ilícito, testaferrato, falsedad en documento público y peculado, entre otros. Algunos de ellos no han concluido, otros se declararon inhibidos o sencillamente prescribieron.

La senadora Dilian Francisca Toro siempre ha rechazado las acusaciones. La semana pasada volvió a insistir: "Nunca he tenido ninguna relación con ningún tipo de persona al margen de la ley, ni financiera ni políticamente. Yo estoy tranquila, mi conciencia, tranquila. Siempre he estado dispuesta a mostrar mi inocencia y, además, no conozco ningún narcotraficante del Valle del Cauca", dijo.

Todo este ruido alrededor de la hacienda, la sociedad de la senadora y su familia, con testaferros y lavadores de la mafia, es lo que está tratando de desentrañar la Corte Suprema de Justicia.