La hacker que también chuzó para los militares

La Fiscalía 11 de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación dispuso, desde el 24 de junio de 2022, orden de archivo de las diligencias adelantadas en su momento respecto del General Martin de Jesús Nieto Nieto, citado en este artículo. De otra parte, La Procuraduría General de la Nación, mediante fallo del 4 de mayo de 2021, terminó el procedimiento disciplinario adelantado en contra del mencionado oficial mediante archivo definitivo del mismo. Por este motivo SEMANA precisa y actualiza la publicación.

El escándalo que SEMANA destapó entre diciembre y abril pasado ya generó las primeras decisiones disciplinarias. El jueves de la semana pasada la Procuraduría llamó a juicio al general Martín Fernando Nieto, quien hasta el año pasado estuvo al mando del Comando Conjunto de Inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares (CCONI). Esa entidad tomó la misma decisión frente a los coroneles John Ortiz, el segundo al mando de esa unidad; y Alexander Parga, comandante de la Regional de Inteligencia Militar Estratégica (Rimec), una dependencia del CCONI. Por primera vez en la historia del país altos oficiales deberán enfrentar un proceso como este.

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En un documento de 79 páginas, el Ministerio Público relata detalladamente la investigación para concluir que los tres altos oficiales habrían participado en un entramado para desviar dineros de gastos reservados destinados al pago de fuentes humanas de información secreta. Esto, al parecer, con el fin de pagar gastos irregulares. Sin embargo, investigan también si ese dinero sirvió para comprar aparatos de inteligencia que habrían servido para espiar irregularmente a personajes públicos o incluso a otros mandos militares, como reveló SEMANA.

El procurador, Fernando Carrillo, supervisó la investigación. Este es el documento por medio del cual el Ministerio Público llamó a los tres primeros oficiales a juicio disciplinario señalados de cometer “faltas graves a título de dolo”. Entre ellos está el general Martín Nieto, quien hasta diciembre estuvo como jefe del Comando Conjunto de Inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares. Foto: SEMANA

La Procuraduría comenzó sus pesquisas a final del año pasado, cuando la revista publicó un artículo titulado ‘Espías, dinero y traición en el Comando de las Fuerzas Militares’. Cuatro meses después, profundizó los detalles en ‘Dineros camuflados’, una segunda entrega. Los hallazgos del Ministerio Público, tras ocho meses de investigación, apuntarían en la misma dirección de esas denuncias.

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En cuanto a Nieto, la Procuraduría le endilga una supuesta negligencia en su deber de vigilar el uso de los recursos de la Rimec y también por presuntas faltas a la verdad en los certificados suyos sobre el pago de fuentes humanas por un valor que sería falso. “Entre las pruebas con las que cuenta la Procuraduría figura que entre 2016 y parte de 2018 desde la Rimec se hicieron 159 pagos a colaboradores por cerca de 340 millones de pesos, que fueron registrados como ‘gastos de operaciones de inteligencia’ y no como ‘pago de información, informantes o fuentes humanas ocasionales’”, afirma uno de los apartes de la resolución.

General Martín Nieto Foto: SEMANA

Nieto tiene 34 años de trayectoria militar, fue jefe del Comando General de las Fuerzas Militares y, en 2016, asumió la jefatura del Comando Conjunto de Inteligencia (CCONI), un cargo que también lo ponía al frente de la Rimec y en el que estuvo hasta que renunció en diciembre pasado. Los hallazgos del Ministerio Público apuntan a que el alto oficial habría aprobado los pagos inflados por cifras superiores a las reales, a las fuentes humanas que les entregaban información a sus agentes.

La confesión de esta mujer uniría las dos redes ilegales y ayudaría a aclarar la verdadera dimensión de este escándalo, una cuerda de la que falta aún mucho por halar.

Uno de los testimonios plasmados en el documento de la Procuraduría revela la supuesta forma para desviar los recursos: “Al director de la regional (Rimec) le daban la orden, hasta donde tengo claro el jefe de Estado Mayor del CCONI, el coronel Ortiz, de apoyar con 10 millones, los cuales manifestaban eran para gastos de apoyos a los soldados de la escolta de mi general Nieto. Para poder entregar esos 10 millones se debía ordenar a las CBI (Compañía de Búsqueda de Información) que retornaran esa suma de su presupuesto de pagos de información. Para que las CBI pudieran retornar esas sumas, durante el comité de pago que se realizaba, el señor director de la regional ordenaba incrementar el valor del pago de información”.

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Para el Ministerio Público existen suficientes elementos probatorios para investigar también si los recursos desviados sirvieron para comprar aparatos de inteligencia usados en chuzadas ilegales, y si incluso habrían financiado el viaje de tres agentes a Las Vegas, a una cumbre mundial de hackers.

Uno de los testigos aseguró que parte de esos dineros “se utilizaban para la adquisición de equipos o ‘software’ para la Compañía Huila (de la Rimec), para el viaje a Las Vegas que ordenaron a los integrantes de la Compañía Huila a Defcon (la cumbre informática), para la compra de los equipos que sirven para gemelar las redes wifi y acceder la información de los equipos conectados a esa red conocidas como piñas y otros gastos ocasionales”.

Estos pagos inflados se habrían concretado a lo largo de 2017. De hecho, tras analizar los informes financieros del pago por información, los investigadores detectaron un incremento disparado de ese rubro. En 2015 se pagaron 323 millones de pesos; al año siguiente fueron 742 millones; y en 2017, 1.285 millones. La Procuraduría encontró además supuestas irregularidades en 159 cuentas que llevaron a esa entidad a investigar a Nieto, por presunta negligencia en el control de esos dineros que estaban bajo su custodia.

El segundo hombre del general en el CCONI, el coronel John Ortiz Soto, también tendrá que responder. Los testigos que declararon ante el Ministerio Público lo señalan como una de las personas que coordinaba esa especie de fondo en el que se reunían los dineros descontados irregularmente al pago de las fuentes. Al parecer, participaba en la determinación del monto que se le debía pagar al colaborador y del valor inflado.

“En el 2017 cuando uno cobraba el cheque se le entregaban los dineros del comité y se dejaban los recursos para el pago de las fuentes y él nos decía que quedaba un recurso para control operacional, quien lo controlaba con el coronel Ortiz, quienes se reunían una vez al mes y verificaban cómo se habían manejado los dineros del control operacional”, relató otro de los agentes que declararon.

También está bajo la lupa el coronel Alexánder Parga Rincón, comandante de la Rimec. Para el ente de control, él “recaudó en efectivo los dineros producto del denominado ahorro operacional y destinó que dichos recursos fueran utilizados para comprar elementos, sufragar gastos de capacitaciones, patrocinar viajes al exterior y la adquisición de bienes para desplegar labores de inteligencia”. Por eso, lo investigan por un posible peculado, basado en testimonios como el de un capitán que afirmó que “el señor Parga era quien definía qué se hacía con los dineros, era quien disponía: vayan y compren los tiquetes o un computador. Los dineros se los devolvía en efectivo a mi coronel Parga, estábamos el jefe de Operaciones y el señor Parga, pero era a él quien le hacía entrega de dineros”.

Esta determinación no es el primer efecto generado por las revelaciones de SEMANA. A mediados de abril el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció en una rueda de prensa que el gobierno había decidido cerrar definitivamente las columnas vertebrales de la inteligencia en el Comando General de las Fuerzas Militares: la Rimec y el CCONI, como consecuencia de las denuncias de SEMANA, corroboradas posteriormente por las investigaciones internas.

Capítulo chuzadas

En diciembre y abril SEMANA publicó dos informes revelando cómo se desvió dinero en el Comando de las Fuerzas Militares para la compra de equipos de monitoreo. Foto: SEMANA

Si bien la Procuraduría se refiere inicialmente en su decisión a estos tres militares retirados, también advierte que las investigaciones están lejos de terminar, ya que la lista de procesados involucra a otros uniformados, entre ellos el ex comandante general de las Fuerzas Militares general Juan Pablo Rodríguez, actual embajador de Colombia en Corea del Sur.

Justo cuando se conoció el llamado a juicio disciplinario por el desvío de recursos, el procurador general, Fernando Carrillo, expidió una resolución en la que ordenaba la ruptura procesal como consecuencia de los hallazgos, es decir, abrir una segunda línea de investigación diferente a la relacionada con la pérdida de plata.

Esta tiene que ver con el hecho de que para los investigadores hay serias evidencias de que parte de los recursos fueron destinados a “la adquisición y utilización de equipos para la interceptación de comunicaciones”. En efecto, entre las revelaciones hechas por SEMANA se detalló como compraron varios aparatos para escaneo de comunicaciones.

Más allá de todo lo anterior, a esas averiguaciones por irregularidades en el CGFM, recientemente le surgió un nuevo capítulo. Hace dos semanas la Fiscalía desarticuló una red de interceptaciones ilegales en la que estaban involucrados militares y policías retirados (Ver: ‘Los secretos de la red de espionaje’).

En esa operación el CTI capturó, entre otras personas, a María Alicia Pinzón. Conocida como Mary, según la Fiscalía esa hacker se encargaba de interceptar correos electrónicos en forma ilegal, vulnerar celulares y acceder irregularmente para conseguir conversaciones privadas de cuentas de aplicaciones como WhatsApp, Telegram, etcétera. Ya detenida accedió a contar a la Fiscalía todo lo que sabía como parte de una negociación.

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Pero hasta ahora pocos conocían que esa mujer no solo trabajó para esa red recientemente descubierta, como pudo establecer SEMANA. Hace varios años la reclutó el coronel Parga, quien previa autorización de sus superiores, entre ellos Nieto, la contrató para efectuar labores de interceptaciones ilegales para el CGJF. La confesión de esta mujer uniría las dos redes ilegales y ayudaría a aclarar la verdadera dimensión de este escándalo, una cuerda de la que falta aún mucho por halar.