La historia de 800 profesores que “estafaron” al Estado por supuestos retrasos en el pago de cesantías

Los profesores que en el Valle del Cauca debían dar ejemplo de rectitud y honestidad, terminaron metidos en una maraña de corrupción que enredó a un juez. Los docentes demandaron al Estado, a través del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en una multimillonaria reclamación por los supuestos retrasos en el pago de cesantías. La Fiscalía investigó y encontró irregularidades en el proceso, acusó al juez que estuvo a cargo de la demanda.

Los docentes exigieron a los colombianos una indemnización superior a los 11.000 millones de pesos, una suma de dinero que se ordenó con un fallo judicial a cargo del entonces juez Wilson Escarria Camacho, encargado de un despacho laboral en Buenaventura, Valle del Cauca.

“La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Wilson Escarria Camacho que habría fallado de manera irregular siete procesos en favor de un grupo de profesores que reclamaba el pago de los dineros que, supuestamente, les debía reconocer el empleador por retrasos en la consignación de las cesantías”, dijo el director especializado contra la corrupción Eduar Alirio Calderón.

Los agentes a cargo de la investigación y en el curso de este proceso, lograron establecer que en 2011 el juez, al parecer, desconoció normas legales que eran de su conocimiento para favorecer a los 800 profesores que demandaron al Estado y que le exigían el pago de una indemnización al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

“En ese sentido, se estableció que el entonces juez debía rechazar las pretensiones porque los peticionarios no anexaron el título ejecutivo que daba cuenta del posible incumplimiento por parte del empleador. Adicionalmente, se constató que asumió el estudio de hechos prescritos, y notificó sus decisiones a la Alcaldía de Buenaventura y no al fondo demandado”, dijo Calderón.

En el curso de la investigación, los funcionarios de la dirección contra la corrupción de la Fiscalía, lograron demostrar que se ordenaron varios pagos a los docentes con las irregularidades advertidas por los denunciantes y además se incluyeron honorarios de abogados. En otras palabras, la demanda pretendía obligar al Estado a costear la maniobra fraudulenta en el juzgado y las actividades de los defensores.

“También quedó en evidencia que fijó pagos para los docentes, más honorarios para los abogados que los representaron; y dispuso el embargo de cuentas bancarias que administraban recursos públicos para garantizar el desembolso de 11.281 millones de pesos para los profesores”, reiteró el encargado de la dirección contra la corrupción.

Con el material de prueba recaudado y las evidencias expuestas en el proceso, la Fiscalía acusó de manera formal al exjuez por una serie de hechos irregulares que terminaron beneficiando a los docentes y demandantes en el proceso que, de acuerdo a sus decisiones, fijó la millonaria indemnización.

“Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó al exjuez Escarria Camacho siete eventos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y 21 casos de prevaricato por acción. La etapa de juicio se realizará a instancia del Tribunal Superior de Bogotá”, explicó la Fiscalía.

Con la acusación formal, la Fiscalía espera presentar en juicio todo el material probatorio de cara a conseguir una condena ejemplar en contra de este juez, pero también establecer las responsabilidades de quienes demandaron al Estado y le hicieron conejo a la justicia.