La historia de la exhumación más grande de cuerpos desaparecidos en Colombia

Cinco cementerios de los Llanos Orientales tienen estructuras que no suelen encontrarse en otros lugares: un bloque de osarios sin identificar, otro con cuerpos de quienes hay indicios pero no certeza de su identidad y otro con personas que estuvieron desaparecidas durante años y ya recibieron sus familiares.

En La Macarena, Vistahermosa, Villavicencio, Granada y San José del Guaviare, la Fiscalía ha exhumado 1.667 cuerpos no identificados. Muchos murieron en combates entre guerrilleros, paramilitares y Ejército o en ejecuciones extrajudiciales. En diez años, han identificado plenamente y entregado 280 a sus deudos. Este es el trabajo de búsqueda de desaparecidos más grande hecho en el país.

Todo estalló en 2010. Los habitantes del Meta venían denunciando cientos de crímenes de civiles. Tras el fin de los diálogos de paz del Gobierno de Andrés Pastrana con las Farc, se acabó también la zona de distensión de la guerrilla. Los paramilitares entraron con violencia a disputar el territorio y la fuerza pública militarizó la región. El resultado fue una guerra que puso en el medio a la población civil.

Entre las denuncias, algunos decían que en el cementerio de La Macarena podría estar una de las fosas más grandes del mundo. La comunidad aseguraba que los actores armados ilegales, así como el Ejército, enterraban allí a decenas de personas. Los reportaban como bajas en combate, sin cumplir protocolo judicial alguno. En ese contexto, la Comisión de Paz del Congreso, encabezada por Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Gloria Ramírez, convocó el 22 de julio de 2010 una audiencia pública en La Macarena. Participaron alrededor de 4.000 personas, que peregrinaron desde los pueblos de los Llanos para denunciar.

Josefa Angulo recuerda que llegó la noche anterior tras un viaje tortuoso, en la oscuridad, por el río Guayabero. Desde La Uribe, su pueblo, salieron dos canoas llenas de personas con algún tipo de reclamo por hacer. Al día siguiente, en un evento público masivo, los congresistas y las autoridades recogieron denuncias de desapariciones, asesinatos, ejecuciones y todo tipo de abusos. Ella buscaba noticias de su esposo, Wílmer Parra, quien salió a jornalear a las cuatro de la mañana del 24 de agosto de 2007 y nunca volvió. En La Macarena, las autoridades le hicieron una inspección al cementerio y sacaron los primeros cuerpos. En ese momento, Josefa no lo supo, pero ahí estaban los restos de su esposo.

Entre 2010 y 2012, la Fiscalía investigó el camposanto de La Macarena y los otros cuatro de los Llanos donde denunciaban algo parecido. Hizo uno de los primeros grandes hallazgos en Granada a finales de 2010. Se trataba de una tumba colectiva con 42 cuerpos de personas no identificadas y 12 bóvedas con 24 más. Habían muerto en las violentas tomas de las Farc en Puerto Rico y Puerto Lleras, en ese mismo departamento, en 1999. De entrada quedó clara la crudeza de lo que había en los Llanos: cientos de muertos en acciones del ELN, los paramilitares y el Ejército. Eran cuerpos de civiles y combatientes.

Por esos mismos días, el colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda llenó los pueblos de esta región con la información de las identificaciones preliminares que hizo la Fiscalía: las fotos y los números de las cédulas de los exhumados, cuenta Adriana Pestana, de esa corporación. Muchas familias se enteraron del paradero de sus muertos.

Así llegaron las primeras identificaciones plenas en 2013. Josefa Angulo recibió la llamada. Los restos de su esposo habían aparecido en el cementerio de La Macarena. Hicieron la primera entrega masiva en Villavicencio. En ese mismo evento colectivo estaba la familia de Miller Ortiz, a quien el Ejército se llevó de su casa una mañana, cuando él salió descalzo y sin camiseta hacia el patio de la finca a lavarse los dientes. Tenía 14 años.

Su hermana Nubia recuerda la última vez que lo vio. Los soldados lo llevaron a rastras hasta su finca, vecina de donde sacaron a Miller. Lo habían tirado frente a su casa y le preguntaron a ella si conocía a ese guerrillero, y la tiraron también. En el suelo, los hermanos se miraron sin decir nada. Luego, lo recogieron y nadie volvió a saber nada de él hasta que la Fiscalía exhumó su cadáver en Vistahermosa y lo entregó ese día de 2013, junto con el esposo de Josefa Angulo y 23 desaparecidos más.

Desde entonces, la Fiscalía y Medicina Legal no han parado de entregar cuerpos en esos cinco cementerios de los Llanos. Salomón Strusberg, director de la Unidad de Justicia Transicional, explica los hallazgos: “Se establece a partir de la intervención en los cementerios de los Llanos que las víctimas han fallecido a causa del conflicto entre estructuras de autodefensas y guerrillas de las Farc y el ELN, así como delincuencia común. Se registran cuerpos inhumados que corresponden a muertes en combate entre la fuerza pública y las diferentes estructuras criminales. Los casos por ejecuciones extrajudiciales hasta ahora documentados allí son 16, mínimos en comparación con la totalidad de casos”.

Una de las últimas entregas fue la del hijo de Zenaida Rubio, quien recibió el cuerpo de Wilson Castro en febrero. A su muerte, a los 18 años, era el sustento de Zenaida y cinco hermanas. Las madres de los desaparecidos cuentan experiencias similares, de cómo la vida les cambió después de que se llevaron a sus hijos. El relato de Zenaida recoge mucho de lo que esas historias tienen en común.

“La desaparición de un hijo es algo que queda marcado por siempre. Usted vive diariamente pensando en esa persona que está ausente, que no sabe qué ha sido de su vida. Usted lo llora día y noche, y se va a sentar a comer y está pensando en él. Se va a acostar y está pensando en él. A todo momento. Es una angustia que no tiene acabadero. Tiene acabadero, pero de la vida de uno”, dice.

Pese a los numerosos resultados, aún falta mucho en la búsqueda de los Llanos. Lo principal es entregar los 1.387 ya exhumados e identificarlos plenamente. “Todavía nos faltan diligencias por efectuar en todo el país, pero del tamaño y las dimensiones de los Llanos Orientales no lo creo”, asegura el fiscal Strusberg. En todo caso, las organizaciones de víctimas creen que en otros lugares del país pudieron ocurrir casos de dimensiones similares a las de los pueblos llaneros.