La historia del exjuez y los abogados que habrían defraudado a Colpensiones

Este jueves el juzgado décimo de control de garantías de Barranquilla, a solicitud de la fiscalía 14 delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, decidió imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al exjuez 14 laboral de esa ciudad y a tres abogados, que según la acusación habrían defraudado a Colpensiones a través de demandas de pensiones de vejez.

La supuesta organización criminal, detenida en un operativo en diferentes sitios de Barranquilla el pasado 6 de diciembre, estaría compuesta por el exjuez Juan Carlos Correa Olaya y los abogados José Eulises Torres Narváez, Maryori Sofía De la Hoz Peña y Zirina Galezzo Bolívar. Los hombres fueron conducidos a la cárcel de Sabanalarga (Atlántico), que alberga a funcionarios, y las mujeres al centro de El buen pastor.

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Los cuatro detenidos responden por las conductas de concierto para delinquir, peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricado por acción y prevaricado por omisión. Aún hay capturas pendientes, según señaló la Fiscalía en anteriores audiencias, absteniéndose de dar más detalles o identidades.

La investigación, que ha tomado unos cuatro años, hasta ahora ha identificado cuatro procesos que suman unos 3.120 millones de pesos, pero la suma podría aumentar conforme avanzan las pesquisas.

Modus operandi

El exjuez Correa Olaya había tomado posesión transitoriamente del cargo en julio de 2013 y duró un año al frente del despacho, adonde —según el ente investigador— le eran dirigidas demandas con pretensiones pensionales multimillonarias que terminaban reconocidas a los demandantes sin que tuvieran tal derecho y sin que mediaran elementos suficientes de juicio.

Un elemento macabro que todavía está paralelamente bajo indagación es el asesinato de dos de los pensionados beneficiarios, cuya abogada era la abogada De la Hoz Peña. Uno fue identificado por la Fiscalía como Néstor Carlos Serrano, quien demandó exigiendo el reconocimiento de una pensión de vejez en la modalidad especial de alto riesgo, lo que le implicaba un reajuste en la mesada pensional que ya recibía y un jugoso retroactivo.

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El juez 14 falló favorablemente a un demandante que ya había sido asesinado por sicarios —así lo dice en su sentencia— y evitó enviar su decisión a consulta de un juez superior que debe revisarla de oficio si no hay apelación, como lo contempla la normativa laboral. Además, sin que la liquidación estuviera en firme, permitió a los abogados disponer de los dineros.

Otro caso similar ocurrió con Manuel María Steel, quien fue asesinado una vez le fueron reconocidos sus supuestos derechos pensionales por el juez Correa Olaya. Nuevamente, son los abogados quienes pueden decidir sobre los recursos producto de la decisión judicial.

Lo mismo estuvo por pasarle a Alcides Suárez, quien logró salir ileso de un atentado que aún está en indagación. Representado por el abogado José Eulises Torres González, el juez 14 accedió a sus pretensiones, pero a cambio recibió de la letrada Zirina Galezzo un texto de la sentencia diferente al que dictó Correa Olaya, que implicaba una diferencia en los valores a pagar que —según los investigadores— ascendía a 1.200 millones de pesos. Hoy Suárez es testigo clave de la Fiscalía.

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Otra condena contra Colpensiones tuvo lugar a partir de una demanda a nombre de una perosna que no fue identificada en el expediente y quien reside fuera del país, una decisión que tomó una vez más el mismo togado presuntamente concertada con los abogados que hoy lo acompañan en el banquillo.

Tras la audiencia de imputación de cargos, Galezzo y Torres aceptaron los cargos, aunque extemporáneamente. Su esperanza es alcanzar con la Fiscalía un acuerdo de oportunidad que deberá validar un juez para obtener beneficios judiciales a cambio de develar de una vez por todas la verdad detrás de esta trama de corrupción y, probablemente, muerte.