¿Ampliar la despenalización del aborto o dejarlo como está? Esa es la cuestión

La Corte Constitucional reabrió esta semana uno de los debates más complejos y sensibles de su historia: determinar si el Estado puede decidir cuándo comienza la vida y si puede dejar en manos de las mujeres la determinación de no continuar con su embarazo. Pocos dilemas hay como este. Se trata de una encrucijada que le interesa por igual a todo el mundo, con implicaciones que van mucho más allá de lo legal. En efecto, atañe también a la bioética, la salud pública y, por supuesto, la política.  

Pasaron apenas unas horas desde la radicación de la ponencia del magistrado Alejandro Linares y en el país ya se había alborotado un avispero de enormes dimensiones, con Álvaro Uribe a la cabeza. Mientras que el exmandatario animaba al pueblo, como en las viejas épocas, a salir a manifestarse contra el aborto mediante un referendo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, invitaba al país a sintonizarse con el siglo XXI y no permitir criminalizar a las mujeres por ejercer el derecho de elegir su proyecto de vida.

En las primeras horas de la mañana del jueves, a las afueras del Palacio de Justicia centenares de personas vivían este pulso con intensidad. Miembros de las comunidades religiosas oraban para que los magistrados no decidieran “aprobar los infanticidios” en el país. Y, al mismo tiempo, un buen número de mujeres celebraban la ponencia de Linares, que por primera vez en la historia reconocía su derecho a “decidir sobre su cuerpo”. Los congresistas también entraron en masa a terciar en este debate y no hubo programa de noticias que no recogiera los espinosos pros y contras de la controversia. Entretanto, las redes sociales ardían. 

Álvaro Uribe y el Centro Democrático en pleno anunciaron un referendo para contrarrestar la posibilidad de que en la corte se legalice el aborto. Claudia López aseguró que es impensable que en pleno siglo XXI las mujeres puedan ser criminalizadas por su derecho a elegir su proyecto de vida. 

La ponencia de Linares sostiene una tesis audaz. El magistrado propone despenalizar totalmente el aborto en las primeras 16 semanas, y en adelante dejarlo condicionado a las tres causales de excepción que existen desde 2006: 1. Por grave riesgo para la vida de la madre. 2. Cuando el embarazo es producto de una violación. 3. Por malformación del feto que impide la viabilidad de la vida. El proyecto de fallo aboga por dar un nuevo paso histórico: que si una mujer desea abortar, lo pueda hacer en la etapa temprana del embarazo sin dar explicación alguna ni agotar un trámite legal.

Esa fórmula no es una invención colombiana. En la mayoría de los países donde el aborto es libre, las mujeres tienen derecho a interrumpir su embarazo en los primeros tres meses con solo manifestar que quieren hacerlo. Después, el proceso se vuelve muy complejo, con autorización de juntas médicas y otros procedimientos. El número de semanas límite en cada país puede variar, pero con la misma filosofía: el aborto como una opción libre en la etapa inicial de la gestación. En España se trata de 14 semanas; en Suecia, 18; en Estados Unidos, 16 (aunque existen variaciones por estado); en Singapur, 24, por solo citar algunos ejemplos. 

Esos plazos se explican por razones médicas, pero también filosóficas y religiosas. Antes del primer trimestre, este procedimiento suele hacerse con medicamentos, pero después se requiere una intervención quirúrgica. Con el paso del tiempo, el riesgo para la madre también aumenta, y, por eso, pocos ginecólogos se le miden a interrumpir el embarazo en un momento avanzado de la gestación. Además de la complejidad del procedimiento, en este punto también entra la difícil pregunta: a partir de cuándo empieza la vida. Y a su vez ese dilema lleva a otro: ¿cómo ponderar los derechos de la mujer frente a los del no nacido?

Al respecto, la Corte Constitucional ha dado prevalencia a los derechos de la mujer con la lógica de que las personas adquieren derechos a partir del nacimiento. El Código Civil establece que existe una persona una vez el ser humano respira por sí mismo, separado de su madre. En la histórica sentencia de 2006, cuando despenalizó el aborto en las tres causales, el alto tribunal se refirió a la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental de las mujeres. Y en sucesivas sentencias ha reiterado ese concepto.

El reciente caso de Juan Pablo Medina, en Pereira, demostró que el debate es delicado desde todo punto de vista. El joven hizo pública la intención de su expareja de interrumpir su embarazo a los ocho meses. Su llamado dejó ver el enorme riesgo en el que están las mujeres al ser expuesta su intimidad ante millones, pero también abrió la discusión sobre la necesidad de fijar plazos para interrumpir el embarazo. 

Medina habló en todos los medios de comunicación. Con voz temblorosa rogó no por el destino de un feto anónimo, sino por la vida de Juan Sebastián, su hijo en gestación. Algunos médicos explicaron que después de los siete meses el nasciturus puede sobrevivir sin su madre, y tiene órganos ya desarrollados. En los países donde han discutido este tema bioético, el punto central consiste en determinar la capacidad del feto de sentir dolor en el vientre de su madre y, por lo tanto, de sufrir ante el aborto.

A partir de este miércoles, la Corte Constitucional comenzará a debatir la ponencia del magistrado Alejandro Linares. De momento, las fuerzas están parejas. 

La comunidad científica no se ha puesto de acuerdo en esa respuesta, pero algunos sostienen que después de las 24 semanas el sistema nervioso ya está desarrollado, y la interrupción del embarazo no se debería permitir. “A esas alturas no puede considerarse un aborto, sino un parto prematuro y fatal con consecuencias para la madre”, considera Carlos Zorro, un reconocido ginecólogo. Dice, además, que en un caso así él acudiría a la objeción de conciencia.

Por otro lado, las Iglesias de todas las denominaciones sostienen que la vida comienza en la concepción y es sagrada, y que, en consecuencia, el aborto, por cualquier causa y en cualquier momento, implica el asesinato de un ser humano.

En Colombia los abortos a los ocho meses son la excepción y no la regla. Profamilia, la organización líder en derechos reproductivos en el país, envió un concepto a la corte en el cual explica que, en su experiencia, el 94 por ciento de las mujeres que solicitan un aborto lo hacen antes de las 15 semanas. Para ellos, este es el plazo idóneo, pues solo hasta ese momento los procedimientos son sencillos y seguros, pero también le permiten a la mujer tener un tiempo razonable para recibir la información necesaria para decidir.

El costo de penalizar

En el fondo, la ponencia reconoce que detrás de la controversia del aborto también hay un debate de inequidad. En últimas, penalizarlo no ha impedido que miles de mujeres se lo practiquen, y más bien ha hecho que quienes eligen esa vía lo hagan por un camino inseguro. El documento señala que anualmente en Colombia se practican un poco más de 400.000 abortos, de los cuales apenas el 0,08 por ciento son legales. Las cifras indican que justamente por esa condición de clandestinidad las mujeres enfrentan alto riesgo. Según el Ministerio de Salud, por causas evitables, alrededor de 72 mujeres murieron en 2016. Esto es un promedio de 6 mujeres al mes y 1,5 por semana. 

La ponencia que discutirá la corte plantea la necesidad de reemplazar el aborto clandestino por una atención legal y segura. Las mujeres que quieren abortar aun dentro de las tres causales enfrentan trabas enormes. Por tanto, en muchos casos, aunque solicitan el procedimiento a las pocas semanas de embarazo, las negativas las llevan a acudir a la tutela. Y cuando los jueces y magistrados resuelven el asunto, la gestación ha avanzado demasiado.

“Cuando se habla de despenalización, la gente se imagina hordas de mujeres que quieren abortar, pero la verdad es que esto no ha pasado en ningún país, ni siquiera en Colombia hace 14 años cuando se permitieron las causales actuales; lo que sí pasa es que se salvan muchas vidas”, argumenta Women’s Link Worldwide, una de las organizaciones más reconocidas en la materia.

Irónicamente, detrás de esas barreras existe una dura pelea política y jurídica no resuelta desde hace tiempo. Tiene su origen en el pulso que sostuvieron la Corte Constitucional y Alejandro Ordóñez en los primeros años de implementación de la sentencia. El entonces procurador general enfiló acciones disciplinarias contra los médicos de instituciones públicas que realizaban el procedimiento, lo cual provocó temor en muchos hospitales. Asimismo, solicitó investigar a los magistrados de la corte que emitían las sentencias de tutela a favor de las mujeres. 

Por otro lado, la Procuraduría también demandó ante el Consejo de Estado la regulación expedida por el Ministerio de Salud del Gobierno de Álvaro Uribe. El Consejo, al final, le dio la razón con el argumento de que solo el Congreso puede regular estos temas. Así, el aborto quedó en un limbo.

El argumento de que solo el legislador puede reglamentar los derechos fundamentales de los ciudadanos tiene mucho peso jurídico. Pero la ponencia del magistrado Linares evidencia que desde los años setenta han pasado por el Capitolio 33 proyectos de ley que no han logrado hacer esa tarea. Para la senadora evangélica Claudia Rodríguez de Castellanos, esas iniciativas se han estancado no por inoperancia del Congreso, sino porque sus miembros no están de acuerdo con la legalización.

El aborto es un tema complejo de resolver en la política criminal. Desde hace muchos años, tratadistas internacionales como Luigi Ferrajoli han subrayado la imposibilidad de resolver todos los problemas de la sociedad con el derecho penal. “Es más fácil persuadir a alguien de no interrumpir un embarazo ofreciéndole apoyo y solución a los problemas que esa situación le plantea, que amenazándola con llevarla a la cárcel”, dice Yesid Reyes. El exministro de Justicia participó en el grupo de expertos que realizó el informe de política criminal que recomendó una despenalización más amplia.

Pero el aborto es a la vez un pulso político. En Estados Unidos ha sido una bandera que han usado varios presidentes para llamar a la unidad. En 1980 lo hizo Ronald Reagan y hoy es una de las principales causas de Donald Trump. El magnate ha sido el único presidente en la historia que ha acudido y encabezado la marcha provida realizada cada año en Washington, a la que acuden miles de personas. Allí, la sentencia Roe versus Wade despenalizó el aborto en 1973, pero el tema es tan importante para su Gobierno que fue uno de los ejes del discurso de la Unión. “Los niños no nacidos nunca han tenido un defensor tan firme en la Casa Blanca”, ha dicho. Trump se la juega por hacer cambios en la composición de la Corte Suprema. La posibilidad de que llegue un magistrado de derecha hace pensar a algunos que la posición del país frente al aborto podría cambiar. 

En Colombia, el senador Álvaro Uribe ondea con mayor fuerza la bandera contra el aborto. Su salida para pedir un referendo contra una posible decisión de la corte devuelve al exmandatario a su apuesta por el estado de opinión. Uribe sabe que Colombia es un país católico, con una población evangélica creciente, y que las mayorías votarían contra este eventual fallo. Él le apuesta así a una fórmula efectista pero riesgosa, pues fracasó en 2003 cuando era presidente y gozaba de una altísima popularidad. En esa oportunidad la iniciativa no pasó el umbral. 

La Constitución de 1991 estableció un camino muy estricto para llevar a las urnas vía referendo este tipo de temas. Un grupo de ciudadanos, una organización social, partido o movimiento político pueden presentar la solicitud. En los siguientes seis meses deben recoger un número de firmas equivalente al 5 por ciento del censo electoral, que hoy tiene 36,6 millones de personas. Luego, para que el referendo tenga validez, se necesita que salga a votar el 25 por ciento del mismo. Esto quiere decir que deberían acudir a las urnas al menos 9.150.000 ciudadanos, lo que significaría casi la totalidad de personas que votaron por Iván Duque en la segunda vuelta (10.362.080). Con un ingrediente adicional: la ley que convoca un referendo está sujeta al control de la misma Corte Constitucional, que difícilmente aprobaría una iniciativa que permita tumbar sus decisiones por la vía popular. 

En el otro lado de la discusión está Claudia López. La alcaldesa fue la primera en darle un espaldarazo a la ponencia de Linares. “Desde Bogotá apoyamos esa postura. Las mujeres somos la población más violentada, con mayores brechas socioeconómicas y cargamos a nuestra costa el cuidado que corresponde a la sociedad. En pleno siglo XXI tenemos derecho a elegir nuestro proyecto de vida sin ser criminalizadas”.

Mientras en las calles y en las tribunas políticas el debate se pone al rojo, la tensión en la corte está al límite. El pulso entre los nueve magistrados es muy fuerte. La ponencia de Linares tiene el respaldo de Alberto Rojas, presidente de la corporación, y José Fernando Reyes. Asimismo, está cantado que se oponen los magistrados Luis Guillermo Guerrero, Cristina Pardo, Carlos Bernal y Antonio José Lizarazo. Y hay dos indecisos: Gloria Ortiz y Diana Fajardo. Es decir que en manos de estas dos mujeres está la definición de lo que pueda ocurrir con el aborto, pues la postura que consiga cinco votos triunfará. El miércoles los magistrados empezarán a discutir y a votar.