La hora del juicio político al magistrado Gustavo Malo

El auto resolutorio con el que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes le endilgó al magistrado Gustavo Malo cinco delitos, bien podría resumir lo que en los medios se ha llamado el cartel de la toga: “Los hechos objeto de investigación indican que un grupo de magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el doctor Gustavo Enrique Malo Fernández, en concierto con particulares, abordaban aforados que tuvieran procesos de única instancia activos en esa alta entidad, y a cambio de altas sumas de dinero, ofrecían intervenir ilegalmente para obtener diferentes beneficios procesales, los cuales podían ir desde archivos, preclusiones, impedir órdenes de captura o dilatar los procesos en búsqueda de prescripciones”, se lee en uno de los párrafos del auto de acusación.  

Los representantes investigadores, luego de más de un año de pesquisas, encontraron una serie de indicios que les llevan a concluir que Malo fue uno de los protagonistas del cartel y que es presunto responsable de los cargos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asunto sometido a reserva.

Malo, quien integraba la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cuando estalló el escándalo, actualmente está suspendido de sus funciones. Su investidura como alto magistrado llevó a que la Comisión de Acusación adelantara la investigación. Allí se encontraron méritos para acusarlo, primero ante la plenaria de Cámara y ahora ante el Senado en pleno, que deberá votar si respalda o no la acusación.

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Basta con que la mayoría simple del Senado (mitad más uno de los 107 senadores) respalden la acusación para que el togado sea despojado de su fuero. De ocurrir esto el expediente pasaría a manos de la Corte Suprema de Justicia para un juicio penal con la eventual consecuencia de que el magistrado termine en la cárcel.

El auto de la Comisión de Acusación sostiene que las diferentes diligencias practicadas en el curso de dicha investigación no arrojaron medios de prueba que permitieran afirmar “sin lugar a dudas” que Malo Fernández recibió dinero directamente de los aforados a los cuales se adelantan procesos en su despacho. Pero el documento –de 74 páginas– a renglón seguido señala que sí hay medios de prueba para afirmar “por vía indiciaria”, que en efecto existía una organización criminal muy bien estructurada, por medio de la cual se hacían se exigencias de altas sumas de dinero para retorcer el destino de los procesos de aforados y que Malo “hacía parte de esa banda criminal”.

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En ese sentido, la investigación, instruida por los representantes Edward Rodríguez y Fabio Alonso Arroyave, documenta episodios bien conocidos como lo son el pago realizado por los senadores Musa Besaile y Álvaro Ashton –ambos detenidos– por 2.000  y 1.200 millones de pesos, respectivamente, al llamado cartel de la toga.

Sobre estos desembolsos se señala que no hay una prueba documental o testimonial que dé cuenta de que las sumas, o parte de estas, terminaron en los bolsillos de Malo. Pero “lo que sí está probado, es que la entrega de esos dineros sí se produjo. Y que dentro de las pruebas recaudadas se aprecia inexorablemente que esos montos dinerarios iban encaminados a buscar afectar ilegalmente los procesos de única instancia de los senadores Besaile y Ashton que cursaban en el Despacho del Dr. Gustavo Malo”.

Agrega la acusación que es normal que no exista prueba directa porque tal como lo enseña la experiencia “ese tipo de entregas se hacen con el mayor sigilo y en medio de la clandestinidad, cuidando al máximo no dejar evidencia alguna de lo ocurrido, precisamente porque quienes lo hacen saben que lo que están haciendo es delito y deben procurarse todas las medidas que puedan asegurarles la impunidad”. Además se argumenta que los sujetos involucrados en el cartel de la toga son personas inteligentes que se cuidan al extremo de no cometer el error de dejar testigos o documentos de su proceder delincuencial máxime si es un Magistrado titular activo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Bajo esa lógica –sostiene el corolario de la  investigación–, no puede imponerse a las autoridades encargadas de indagar “la insuperable carga de traer prueba directa de la solicitud u ofrecimiento ilícito, ni mucho menos en este caso de la entrega de dineros”.

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Sobre el trámite que debe surtirse en la plenaria del Senado este martes, el representante Roosvelt Rodríguez (La U) asegura que de darse la votación mayoritaria contra Malo terminaría el juicio político. “Significa que hoy sería despojado de su credencial para que posteriormente se inicie el juicio penal en la Corte Suprema por los delitos endilgados. Pero en todo caso la corte podrá obtener nuevas pruebas. Este es un antejuicio político que protege la institucionalidad y la presunción de inocencia de las personas, pero que reprocha cuando estas usan su investidura y el poder que les brinda ser parte de las altas instituciones para cometer actos de corrupción”.

Malo sería el segundo magistrado de una alta corte en ser despojado de su fuero constitucional y ser declarado indigno. El primero había sido Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, de la Corte Constitucional, quien hoy afronta un juicio en la Corte Suprema de Justicia por el delito de concusión por presuntamente haber pedido 500 millones de pesos para favorecer una tutela de Fidupetrol.