La horrible pesadilla de un comerciante de Bogotá que hoy sigue siendo víctima de extorsión por parte de integrantes de la primera línea

Desde la terraza de su empresa, en la zona industrial de Puente Aranda, en Bogotá, Hernando Franco grabó varios videos de los intensos enfrentamientos entre el Esmad y miembros de la primera línea durante las protestas de 2021. No solo capturó los actos violentos y criminales, sino también a los encargados de suministrarles piedras, munición, droga y hasta dinero. Las imágenes se convirtieron en una denuncia, y la denuncia, en una condena, no contra los delincuentes, sino contra él. Ahora es amedrentado, extorsionado, y los delincuentes los tienen en la mira a él y a su familia.

Al principio, dice Hernando, lo tomó como un juego en el que lo acompañaban su pequeña hija y su hermano. Pero a medida que los enfrentamientos se iban desbordando y la protesta se convertía en una avalancha criminal, las escenas que capturaba se hicieron aterradoras y hasta desnudaban la forma de operar de la primera línea y sus cómplices.

Estas personas, según Hernando, eran las encargadas de la logística de la protesta, impartían órdenes y nunca se enfrentaron a la policía. No eran jóvenes como los manifestantes, tampoco se hacían en la línea de fuego, pero sí dictaban órdenes a los protestantes.

Cuando caía la noche, empezó lo que para él es hoy una pesadilla. Un grupo del Esmad quedó acorralado y a merced de los manifestantes en la cuadra donde Hernando tiene su empresa y desde donde estaba grabando. La única salida para estos agentes, irónicamente, era una entrada: la de la empresa de Hernando, quien, sin pensarlo dos veces, los resguardó en su bodega.

“No podía permitir que los mataran. Era mi obligación protegerlos, entre ellos había una mujer policía y yo pensaba en mi hija. Nos lanzaron piedras y palos, pero no pudieron tumbar la puerta, gracias a Dios”, dice Hernando, recordando el que se convirtió en el día de su sentencia.

Después de varias horas de ataques, los jóvenes se dispersaron, curiosamente, cuando el grupo de logística se fue y dejó de pagarles dinero, así quedó registrado. Pensó, de forma que hoy considera inocente, que debía denunciar ante las autoridades y esa misma noche envió todos los videos que grabó a la Policía. Lo hizo, dice, a la cuenta de Twitter de esta institución.

“Les cuento por Twitter toda la historia y comienzo, poco a poco, a mandarles los videos que grabé de la extrema violencia con la que nos atacaban. Pero lo más importante, a mi juicio, eran las imágenes en las que se identificaban plenamente las personas que abastecían a los jóvenes y les daban órdenes”, sostiene Hernando.

Tuvo que pasar un mes para que la Policía se comunicara. Le pidieron entregar los videos que había grabado con su celular. “Vinieron dos policías del cuadrante y un investigador. Les entregué todos los videos en 4K”, dice Hernando.

Comienza la tragedia

Pasó exactamente un año y tres meses. El 29 de agosto del año pasado, Hernando recibió un mensaje de texto que lo dejó frío. “Desde un número desconocido me escribieron que sabían todo de mí, de mi esposa y mi hija. Y que si quería seguir con vida tenía que pagar. La sentencia no dejaba opción, o pagaba, o nos mataban”.

En principio, no le preocupó, no le “paró bolas” al mensaje, pero el pasado 8 de septiembre recibió una nueva amenaza. “Ustedes son unos HP uribistas y echaron al agua a gente de la primera línea de nosotros. Los tienen encanados por culpa de ustedes”, señalaba la advertencia que conoció SEMANA (ver imagen).

En el mensaje de texto de ese día, los anónimos remitentes los sentenciaron a pagar 20 millones de pesos mensuales para dejarlos en paz y no matarlos, pero ese era apenas el principio de una persecución que lo tiene a punto de abandonar el país.

Las amenazas se incrementaron desde el pasado 13 de septiembre. “Mínimo las hermanitas ya hablaron con la policía y nos quieren grabar, así como grabaron a nuestros amigos de la primera línea y los echaron al agua”.

Sin duda, interceder para tratar de salvar a miembros del Esmad acorralados y presentar la denuncia en video de todo lo que había ocurrido en esos actos vandálicos había tenido un efecto bumerán. Lo lanzó esperando que la Justicia hiciera algo con los delincuentes disfrazados de protestantes y regresó convertido en intimidaciones y amenazas de muerte.

“Ustedes nos boletearon a los de primera línea y ahora les toca pagar por perros. Los tenemos vigilados. Pagan o se mueren”, afirmaba otro de los mensajes, por lo que Hernando asegura que siente la respiración de sus verdugos muy cerca.

“Comenzaron a mandarnos fotos de lo que hacíamos. Un día llegó un contenedor a la bodega y a los pocos minutos nos mandaron una foto del contenedor afuera de la empresa. Están aquí al frente de nosotros”, así explica la razón de su temor.

Por si fuera poco, además de las amenazas que se extendieron con la sentencia de matar a su esposa e hija, su fábrica de textiles fue asaltada. Uno de los carros fue desvalijado y hasta le llegó un macabro mensaje, en una hoja ensangrentada, con amenazas. “Un día íbamos caminando con mi hermano cerca de la empresa cuando de repente nos abordaron dos tipos armados en una moto, pensé que nos iban a matar. Nos dijeron, o pagan, o se mueren, y se fueron”, relata Hernando.

Pero lo más duro, dice, han sido las amenazas a su hija. “Atentan contra lo más sagrado de un padre. Me mandan fotos mientras caminaba con ella, con la advertencia de que, como no quisimos pagar y los delatamos, van a matarla; eso no tiene perdón de Dios”, relata, entre lágrimas. La intimidación es contundente: “Les vamos a dar donde más les duele hps sapos. Esa monita va a ser la primera”.

Desesperado, Hernando ha tocado todas las puertas de las instituciones judiciales en las que su denuncia nada ha logrado. En la Fiscalía el caso duerme el sueño de los justos y no avanza. Solo ahora, dice, con el cambio del fiscal 78, en donde está su expediente, confía en que se investigue y capture a los delincuentes que lo tienen en la mira. También tocó las puertas de la Unidad Nacional de Protección y no pasó nada. Acudió a la Defensoría del Pueblo y allá hicieron un oficio botándole la pelota nuevamente a la Fiscalía.

“Yo no soy un delincuente. No tengo por qué estar escondido o vivir en una cueva. Pagamos nuestros impuestos para que ahora los estén despilfarrando con estos delincuentes a los que les dan subsidios y se dedican a hacer este tipo de fechorías”, sostiene Franco.

Pero no todo está perdido, dice Hernando. Sus denuncias tuvieron eco en el Gaula de la Policía, que decidió hacerle un acompañamiento al caso. “Nuestra confianza está puesta en los agentes del Gaula. Yo decía que confiaba en las instituciones y no en las personas. Hoy digo, lo siento, no confío en las instituciones, yo confío en las personas y ojalá ellos acaben con esta pesadilla”, dice Hernando.

Han pasado dos años desde el momento en el que pensó que era necesario socorrer a miembros del Esmad acorralados y que el mejor camino era presentar la denuncia contra los que considera unos delincuentes.

Hoy no entiende que el Gobierno esté buscando a toda costa la liberación de los miembros de la primera línea detenidos por parapetarse en las protestas para cometer delitos, y, mientras tanto, él y su familia perdieron la tranquilidad.

Por eso dio la cara, pese a los amedrentamientos. Se está jugando la última carta, tiene temor, pero no está dispuesto a dar un paso atrás. “En Colombia nos estamos acostumbrando a ver todo lo malo bueno. Entonces, el que daña, el que destruye, el que rompe es el bueno. Y los que nos levantamos todos los días a trabajar, que pagamos impuestos, somos los malos del paseo, es terrible. No sé qué hacer, pero no me voy a echar para atrás”, puntualiza Hernando Franco.