La impunidad asoma sus orejas: ¿Por qué 10.000 procesos podrían prescribir en la Procuraduría?

El 8 de julio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro. El tribunal señaló que la Procuraduría violó el artículo 23 de la Convención Americana, teniendo en cuenta que un funcionario elegido por el voto popular solo puede ser destituido e inhabilitado para ejercer sus derechos políticos por un juez, en un proceso de doble instancia. En el caso de Petro, el entonces procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó y lo inhabilitó por el caos en el modelo de las basuras.

En la decisión que favoreció al exalcalde de Bogotá, la Corte IDH le pidió al Estado colombiano revisar las competencias de la Procuraduría y adaptarlas al sistema interamericano. Por ese motivo, la procuradora Margarita Cabello presentó ante el Congreso una reforma que ya logró avanzar en sus dos primeros debates con una amplia mayoría. La oposición puso el grito en el cielo y Petro lo refutó fuertemente. La iniciativa será debatida en las plenarias de Senado y Cámara esta semana, ya que el proyecto tiene mensaje de urgencia del Gobierno.

La procuradora Cabello se defiende y dice que el proyecto cumple con lo exigido por la Corte IDH. Según sus cuentas, hay más de 10.000 casos represados de funcionarios elegidos por el voto popular que deben ser resueltos y podrían prescribir.

El proyecto busca modificar el Código General Disciplinario. El principal ajuste que ha desatado controversia es el que establece nuevas funciones jurisdiccionales para la Procuraduría, con el fin de que pueda sancionar a los funcionarios elegidos en las urnas. Cabello explica que estos cargos se escogerían por méritos para asegurar su independencia. Sin embargo, el punto no deja de causar polémica.

Algunos constitucionalistas han cuestionado la reforma porque consideran que se le está buscando un esguince al fallo de la Corte IDH y no se está acatando. Uno de los más críticos ha sido el profesor Rodrigo Uprimny, quien asegura que el proyecto es inconstitucional, porque quien juzgue debería ser independiente de la entidad y no estar adscrito a la Procuraduría. “Es una burla a la sentencia de la Corte Interamericana”, le dijo a SEMANA.

Uprimny agrega que la Procuraduría es una entidad administrativa y no judicial, y señala que ese no es un tema menor. “Si le doy funciones judiciales a la Procuraduría para que investigue y sancione a los funcionarios elegidos popularmente, la estoy desfigurando. Le estoy otorgando funciones judiciales a autoridades administrativas”, advierte.

Juan Manuel Charry tampoco cree en la reforma. “Atribuirle funciones jurisdiccionales al órgano de control me parece un camino equivocado”, asegura. El constitucionalista dice que la ruta ideal sería que la destitución tenga un control judicial automático, en el que un juez decida si se aplica o no la sanción. Considera que así se cumpliría el requisito de la Corte IDH de que la sanción solo puede proceder por una orden judicial.

Sonia Téllez, procuradora delegada, asegura que la entidad decidió asumir otra interpretación. “Si bien la sentencia habla del juez penal, recientemente la Corte Constitucional señala que la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana no puede ser literal”, asegura.

El proyecto seguramente será aprobado en los próximos días en medio de esta polémica, ya que las mayorías en el Congreso lo respaldan. Hay quienes alertan que podría caerse en la Corte Constitucional si los magistrados interpretan que no va acorde con los lineamientos de la carta magna. Mientras esto ocurra, la Procuraduría podría seguir adelantando sus funciones y destrabar los procesos disciplinarios que hoy están represados en la institución.