La incómoda decisión de un magistrado

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, enfrenta una incómoda situación. Él fue ponente del fallo de la acción de tutela que este viernes definió la tenencia de 320 hectáreas de la isla Tierra Bomba, en Cartagena. No era una decisión cualquiera si se tenía en cuenta que uno de los propietarios de los terrenos es sobrino del magistrado. Se trata de Luis Javier Palacio Naranjo.

En esa isla, como sucede en otras del país, se presenta un ‘carnaval’ de títulos en donde cientos se creen propietarios de las tierras. El caso de Tierra Bomba es más complejo debido a su pasado judicial. Hace muchos años, decenas de personas y empresas adquirieron terrenos que más tarde se vieron comprometidas en un proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía, un capítulo ligado al escándalo de corrupción de Dragacol, protagonizado por Reginaldo Bray Bohórquez.

Mientras el proceso recorría los pasillos de la justicia, los terrenos fueron ocupados por colonos.
Algunos de ellos adquirieron derechos de más 20 o 30 años de posesión. En otros casos, y de manera ilícita, ofrecieron las tierras en venta. Entre los compradores a los colonos está Palacio Naranjo, el sobrino del magistrado, quien adquirió un lote en enero del 2012.

Pero el proceso de extinción se cayó tras ser impugnado y declarado nulo por la Fiscalía 11 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. Entonces los accionistas interpusieron recursos para recuperar los bienes incautados.

Un juez de tutela ordenó la devolución de todos los bienes. Es decir, fueron devueltas más de 320 hectáreas cuando solo se habían afectado 60.

La decisión de la Corte

Este viernes, el complicado caso se esclareció con la decisión de la Sala Quinta de Revisión de la corte, integrada por los magistrados Palacio, Nilson Pinilla y Jorge Pretelt.

El alto tribunal garantizó los derechos de los colonos que se establecieron en 280 hectáreas durante el tiempo que duró el proceso de extinción de dominio, porque ya tenían derechos de posesión de 20 o 30 años.

De igual manera, la Corte dispuso devolver al denunciante Fernando Bohórquez tan solo cinco lotes de terreno, es decir, 60 hectáreas. Esta decisión, firmada por los magistrados Palacio y Nilson Pinilla, estaba tomada desde el pasado 3 de mayo, día en el que llegó al despacho de Jorge Pretelt, quien salvó su voto tras no compartir el fallo.

La explicación de Palacio

Durante el proceso que llevó el alto tribunal se conoció una llamativa coincidencia. Los denunciantes aseguraron que el fallo del magistrado Palacio podría beneficiar a su sobrino en tercer grado de consanguinidad y a los colonos que invadieron esas tierras.

Sin embargo, y ante la advertencia, el magistrado no se declaró impedido. Aunque no existió una irregularidad por parte de Palacio, el tema bordea un conflicto ético. Es natural: cualquiera que fuera su decisión, estaba de por medio el nombre de su pariente.

En conversación con Semana.com, el presidente del alto tribunal reconoció el parentesco y explicó por qué continuó al frente de la que llama “una voluminosa sentencia”. “Tengo un sobrino que se llama Luis Javier Palacio Naranjo. Con él no he conversado en el último año. Ni siquiera lo he visto”, dijo el magistrado. Además, argumentó que solo hasta el pasado 19 de abril supo que su sobrino era el dueño de un lote en Tierra Bomba.

“No sabía que Luis Javier había comprado esos terrenos en Tierra Bomba hasta que trajeron la solicitud de recusación. Esa circunstancia (la recusación) aparece después de la fecha de la sentencia, que es el 28 de noviembre del 2012. ¿Cómo iba a declararme impedido antes? Tengo claro los impedimentos, pero esta situación no la podía prever”, indicó.

En efecto, en los procesos de tutela que lleva la Corte Constitucional no procede la recusación. Sin duda, este fue uno de los argumentos de Palacio y Pinilla para firmar el sentido del fallo, el cual, hasta este viernes, se guardó con celo en el alto tribunal. “En este caso no hay recusación, hay impedimentos”, aclaró Palacio.

En este sentido, Palacio advirtió que si se presenta un recurso de nulidad del proceso y el caso llega a Sala Plena, se declarará impedido sin pensarlo dos veces. “Si la solicitud de recusación hubiera sido antes del 28 de noviembre del 2012, me hubiera declarado impedido. Ahora, esto tiene todavía los recursos de nulidad. Si se llega a estudiar de nuevo, analizaría en ese momento, y por supuesto que me declararía impedido”.