La increíble pelea detrás de las playas de Barú

Esta semana la Corte Constitucional emitió una sentencia que va a alborotar un gran avispero. En esta ordena reconocer a los pobladores afrodescendientes de Barú los derechos que reclaman sobre parte de esas tierras.

La decisión tendrá un gran impacto en uno de los proyectos de desarrollo turístico más importantes del país liderado por la sociedad Playa Blanca Barú, propiedad de dos de las más familias más prestigiosas de la clase empresarial colombiana: los Santo Domingo y los Echavarría.

El alto tribunal le pidió al Ministerio del Interior que en un plazo de un mes inicie un proceso de consulta previa con la comunidad afro del Consejo Comunitario de la Vereda de Playa Blanca. Esto con el fin de que ellos aprueben la realización de ese complejo hotelero. La Corte Constitucional asegura que la construcción de este proyecto podría modificar las actividades diarias de la comunidad.

La sentencia de la Corte Constitucional seguramente generará una enorme discusión jurídica. Se sabe que el Gobierno y la sociedad ya anunciaron que interpondrán un recurso de nulidad de la sentencia. Argumentan, entre otras cosas, que el fallo confunde los derechos de las comunidades étnicas con los de las asociaciones civiles. También que hay malestar pues del grupo de afrodescendientes reclamantes hacen parte personas que no son miembros de esa comunidad e incluso extranjeros. Este debate se sumará a las tensiones que hasta ahora no han permitido que se construya el proyecto.

Sin embargo, detrás de la decisión de la Corte está una de las pujas más fuertes de la clase empresarial del país. Hace un par de meses la revista Dinero reconstruyó la historia de este conflicto.

La historia de una disputa

La idea de desarrollar uno de los más ambiciosos proyectos turísticos del país en Barú, un lugar que se conoce como Punta Cana tiene enfrentadas hoy a dos de las familias más poderosas del país: los Santo Domingo y los Echavarría. Y en medio de este pulso está el Gobierno, que también hace parte del negocio.

Este es un proyecto que lleva más de 40 años y que, como otras obras en el país, aún no ve la luz. Tras una evolución y cambios en el modelo de la sociedad y de las participaciones de los accionistas, hoy la iniciativa está bloqueada.

El proyecto está en cabeza de la empresa Playa Blanca Barú, que tiene tres socios: 1) la Nación –a través del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade)– con el 49 %. 2) Valorem, sociedad del Grupo Santo Domingo, con el 26,47 % y 3) Inmobiliaria Barú, de propiedad de Gabriel Echavarría, miembro de la familia propietaria de la Organización Corona, con el 24,53 %.

El modelo de negocio es sencillo. Los socios aportan más de 300 hectáreas de tierras cuyo valor podría estar cercano a US$100 millones. Se contempla la vinculación de un desarrollador que haga una inversión adicional de entre US$100 millones y US$200 millones. Con ese capital sumado se buscará apalancar el proyecto, cuyo valor al final podría ser del orden de US$1.000 millones.

Estaría conformado por una combinación de más de mil viviendas, dos hoteles, un centro comercial y un gran campo de golf. El desarrollo iría por etapas, en la inicial contempla toda la construcción de la infraestructura –vías, acueductos, energía–, y luego se avanzaría en los aspectos habitacionales y comerciales.

¿Cuál es el gran gancho del proyecto? Es la única playa blanca al lado de Cartagena y permite grandes sinergias con la actividad turística de esta capital. Esto pondría a la ciudad amurallada al nivel de los mejores sitios turísticos del Caribe. Además de la inversión que traería, significaría la creación de más de 1.000 empleos formales en la playa y 3.000 directos en la construcción del complejo turístico, lo que generaría unos 10.000 indirectos.

¿Por qué se bloqueó?

Con tantas ventajas –playa paradisíaca, excelentes socios, voluntad política–, ¿cómo se explica que en 40 años no se haya podido volver realidad esa iniciativa?

La primera respuesta que salta a la vista es porque se trata una sociedad donde no hay un dueño, sino tres. Y, como se sabe, cuando en un negocio no hay quien mande, las cosas se complican. A eso se suma que los dos minoritarios, los privados, tienen plata, y el mayoritario, el Estado, no. En diferentes etapas en los últimos cinco años se han buscado alternativas para llevar a cabo ese desarrollo, pero no se han logrado acuerdos y los recursos de la empresa se agotan, situación que inevitablemente conduciría a la necesidad de capitalizar.

Para Gabriel Echavarría, la mayor preocupación es que el estancamiento del proyecto y las necesidades de capital pueden llevar a una dilución de la participación del Estado. De hecho, hoy el 49 % que está en manos de Fonade es menor al 66 % inicial que tenía el Estado; esto es producto de una primera capitalización de los privados.

El aumento de capital que produjo esa dilución fue un aporte de los otros dos socios por $32.000 millones. Según Fonade, esto no fue una dilución forzada sino la implementación de una medida de carácter regulatorio para cumplir las exigencias del Estatuto Financiero, en el cual se le puso un tope del 49 % a la participación que podía tener el Estado en el proyecto. De ahí que los otros dos socios sumados tengan el 51 %.

Hasta ahí todo el mundo estaba más o menos de acuerdo, pero de ese punto en adelante las cosas se complican. De acuerdo con Echavarría, el Grupo Santo Domingo insiste en que se haga otra capitalización para desarrollar el terreno, lo cual implicaría bajar la participación de Fonade al 35 %. Ese grupo también han mencionado la posibilidad de una capitalización posterior que reduciría aún más a Fonade, que quedaría con poco más del 20 %. “Nosotros como grupo empresarial privado no podemos ser parte de una dilución de una empresa del Estado. No aceptamos eso. La pelea es que nosotros no podemos ser parte de algo en lo que no creemos. La reputación nuestra como empresarios, y en un negocio con el Gobierno, es que estamos primero protegiendo los intereses del Estado. Fonade se metió en esto con un propósito: hacer el desarrollo”, afirma Echavarría, y agrega que los terrenos de Fonade en el proyecto Playa Blanca Barú representan casi el 45 % del total del patrimonio de esa entidad.

“Si se sigue bloqueando el desarrollo del proyecto, hay que seguir aportando plata y lo que va a pasar es que Valorem va a terminar con el 51 % y nosotros con el 48 % y Fonade va a desaparecer sin haber recibido un peso por la tierra”, advierte Echavarría.

El Grupo Santo Domingo tiene una interpretación algo diferente. Sobre nuevas capitalizaciones, voceros de Valorem aseguraron que serán la junta directiva y la asamblea de Playa Blanca Barú las que deberán tomar una decisión al respecto, la cual dependerá exclusivamente de si se quiere o no el capital. Sin embargo, aclaran que Valorem no tiene interés de quedarse con el control del proyecto. “Valorem no está interesado en cambiar su participación accionaria ni en el proyecto, ni en la sociedad”, aseguró la firma en respuesta a Dinero.

¿Y qué opina de todo esto Fonade, el mayor accionista del proyecto? José Alejandro Bayona, gerente encargado de Fonade, le dijo a Dinero que nadie le ha comunicado ninguna intención de diluir a Fonade, y agrega que el Gobierno no lo permitiría, pues considera que debe seguir siendo el socio mayoritario del proyecto. “Bien sea porque vamos a poner los recursos que se requieran para el funcionamiento de la sociedad o porque otra entidad del Estado entre al proyecto, lo que es un hecho es que no estamos dispuestos a que Fonade pierda participación. Ha sido una directriz de la junta directiva de la entidad y frente a los recursos que se requieran en el 2015 para las actividades que tienen que ver con Playa Blanca Barú, Fonade aportará lo equivalente para mantener su 49 %”, agrega.


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En una edición del pasado mes de mayo, Dinero reconstruyó toda esta historia. Los antecedentes de Barú, cómo llegaron allí a tener propiedad ambas familias, el lío en la propiedad de las tierras, las eventuales decisiones de la corte y el impacto que este proyecto podría tener para la economía y el turismo del país.