“La iniciativa del Gobierno podría poner en riesgo los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”: Defensor del Pueblo sobre posible liberación de integrantes de la ‘primera línea’

La propuesta del presidente Gustavo Petro de liberar antes de Navidad a centenares de integrantes de la primera línea que están presos se podría estrellar con una barrera legal. Los detenidos enfrentan graves cargos por delitos como tortura, concierto para delinquir, lesiones personales y terrorismo, entre otros. De hecho, nueve de ellos ya fueron condenados por jueces que valoraron todo tipo de pruebas en su contra.

En diálogo con SEMANA, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, sentó su postura frente al anuncio del Gobierno. Dijo que la entidad expresa “su preocupación por la decisión del Gobierno Nacional, de otorgar beneficios a 230 ciudadanos que en la actualidad se encuentran privados de la libertad por presuntos hechos delictivos en los que habrían incurrido en el marco del Paro Nacional de 2021″.

“La Institución Nacional de los Derechos Humanos de Colombia respeta las decisiones de cada una de las ramas del poder público; sin embargo considera imperioso poner de presente que la iniciativa del Gobierno podría poner en riesgo los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, toda vez que no se advierte que esta decisión política esté acompañada de las medidas necesarias para garantizar el debido proceso y la protección a las víctimas y a la sociedad”, señala el defensor.

“Colombia ha ratificado numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, así como también ha expedido leyes fuertemente represoras de ciertas conductas penales consideradas explícitamente como no amnistiables e inindultables. La Ley 733 de 2002, por ejemplo, da ese tratamiento a los delitos de terrorismo, secuestro, tortura y extorsión al calificarlos como atroces y no susceptibles de ser considerados como conexos con el delito político, dando como consecuencia, la imposibilidad de adoptar medidas de perdón para algunos de los delitos en los que habrían presuntamente incurrido los integrantes de la denominada primera línea”, agregó Camargo.

“Este no resulta ser el único antecedente que desconoce la iniciativa del Gobierno Nacional, pues resulta importante recordar que el proyecto de la “Ley de Orden Público”, recientemente aprobado y base jurídica de la propuesta en mención, incluía un articulado que hacía referencia a los beneficios jurídicos de los que podrían ser acreedoras las personas judicializadas en el marco del paro nacional; sin embargo, el Congreso decidió excluir esos artículos. Es por ello que, si bien la Defensoría del Pueblo está presta a brindar oportunidades sociales y jurídicas a la juventud colombiana, hace un llamado a que las propuestas e iniciativas observen las garantías fundamentales de las víctimas y ante todo se mantenga el equilibrio e independencia de las ramas del poder público como principios rectores del estado social de derecho”, dijo el defensor.

“Nos preocupa como Defensoría del Pueblo que se respeten los principios de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y que de ninguna manera se indulte a personas que hayan cometido delitos que puedan ser catalogados como graves”, agregó Camargo.

Según cifras conocidas por SEMANA, tras las protestas del año pasado 171 personas fueron imputadas por hechos delictivos que habrían cometido en medio del violento paro. De ese total, 160 ya tienen escrito de acusación en su contra. De hecho, en menos de dos años hay nueve sentencias condenatorias en primera instancia. Ese es el caso del temible alias 19, quien sembró el terror en el Portal de las Américas, en el suroccidente de Bogotá. Terminó condenado por un juez a 14 años de cárcel por los delitos de tortura y concierto para delinquir. Además, amenazó al juez que lo condenó en medio de la audiencia.

El arsenal de pruebas que han presentado los fiscales en las audiencias ha sido demoledor. Líneas interceptadas, registros videográficos, evidencias técnicas, horas de análisis de cámaras, uso de antenas para determinar la presencia de los indiciados en el lugar de los hechos, entre otras, les han permitido a los jueces dictar las primeras condenas.

SEMANA conoció que los nueve condenados son Fernando Urrea Martínez, Johan Sebastián Popayán González, Johan Stiven Sainea Rubio, Laura Sofía Bermúdez Galán, Marcela Ivone Rodríguez Parra, Nelson David Villamil Tolosa, Sergio Andrés Pastor González (alias 19), Yeison José Alcázar Borja y Yonatan Jair Ramírez Carrillo. Aunque a todos no les imputaron los mismos delitos, en esos nueve casos los jueces los hallaron culpables de concierto para delinquir, tortura, tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos, violencia contra servidor público, lesiones personales y perturbación en transporte colectivo u oficial.

Los hechos que fueron objeto de las primeras nueve condenas a integrantes de la primera línea ocurrieron en mayo de 2021.

SEMANA conoció detalles de dichas condenas. Por ejemplo, se probó la existencia de “una organización criminal conformada desde el 28 de abril hasta julio de 2021, en el marco de las protestas sociales desarrolladas en el territorio nacional, liderada por Marcela Ivone Rodríguez Parra, Johan Steven Sainea Rubio, Fernando Urrea Martínez y Sergio Andrés Pastor González (alias 19), asentados en varios sitios de las localidades de Kennedy y Bosa, en campamentos improvisados, especialmente en el Portal Américas”.

Según documentos oficiales conocidos por esta revisa, desde allí “se dedicaban a recolectar, almacenar y elaborar diferentes elementos para atentar contra la integridad de miembros de la fuerza pública y de la comunidad en general, como lo son botellas, líquidos inflamables, sustancias químicas y corrosivas, pólvora para elaborar bombas incendiarias o molotov”.

Dichas personas, según se probó en el juicio, “conjuntamente abordaron de forma violenta a dos ciudadanos, uno de ellos, Luis Miguel Jaramillo Arias, bajo la sospecha de que se trataba de un integrante de la Policía Nacional, a quien condujeron hasta el interior del campamento ubicado en el parque, le hurtaron sus pertenencias, le quitaron su pantalón, le amarraron los pies y manos con unas cuerdas, lo ataron a un poste y durante dos horas le infligieron dolores físicos y psicológicos, con palos y maderas, punciones con arma blanca, lo cubrieron de pintura, lo rociaron con gasolina, amenazándolo con quemarlo vivo para obtener información acerca de la institución policial; gracias a la intermediación de otro grupo, este ciudadano fue liberado”.

Entre las acciones criminales de la primera línea que son investigadas, hay hechos como el ocurrido con Camilo Vélez Martínez, un ingeniero que luego de una jornada de trabajo estuvo a centímetros de terminar decapitado cuando atravesaron un cable en una vía para exigirles a los conductores la vacuna, para ellos peaje, que no era más que una extorsión para permitirles el paso. Vélez creyó que acelerando su moto podría escapar de los criminales, pero su cuello se enredó en el alambre y falleció por una herida mortal.

También murieron tres bebés que eran transportados en ambulancias en Buenaventura y Tocancipá, Cundinamarca, ya que no les permitieron su paso en medio de los bloqueos de la primera línea.

El país se estremeció, además, con las imágenes del CAI de La Aurora, en Usme, en el sur de Bogotá, que querían quemar con los policías adentro. O con las imágenes del Palacio de Justicia de Tuluá en llamas, así como la sede de Medicina Legal en Popayán. Asimismo, le prendieron fuego al tradicional hotel La Luna, en Cali. Tampoco será fácil de olvidar el agente del CTI que terminó asesinado en el pavimento en medio de la confusión en la capital del Valle del Cauca. El video es escabroso.

Uno de los casos trágicos fue la tortura y el asesinato del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez, cuyo cuerpo apareció flotando en las aguas del río Cauca, en mayo de 2021. Entre otras cosas, integrantes de la primera línea, aliados con grupos armados ilegales, como el ELN y las disidencias de las Farc, terminaron secuestrando a Cali durante varias semanas, impidiendo el paso de alimentos y medicinas. Nadie daba crédito al ver cómo la tercera ciudad del país quedaba sitiada por unos delincuentes. Incluso allí planearon hacerle una gran asonada y literalmente secuestrar al entonces presidente Iván Duque para tratar de sacarlo del poder. La situación fue tan crítica que el mandatario, fuertemente escoltado, tuvo que aterrizar en Cali de madrugada.

Sobre la relación con el ELN y las disidencias de las Farc, entre las pruebas están correos electrónicos encontrados en computadores de los abatidos excomandantes del Frente de Guerra Occidental del ELN, Andrés Felipe Vanegas, alias Uriel, y de Ogli Ángel Padilla, alias Fabián. Ahí estaba la orden, directamente del Coce: “Infiltrar la primera línea”.

En uno de estos correos, enviado en junio de 2021, el Coce da instrucciones a la dirección nacional y a los frentes de guerra. “El bloqueo sirve para afectar la economía del país y el funcionamiento del capitalismo (...) en cuanto a insurgencia popular, teníamos algo resuelto para los acumulados rurales, hoy en la ciudad se resuelve con la primera línea. La militancia debe estar en esta y en las ciudades donde no existan, llevarlas. La construcción tiene que ir con la visión de sus especialidades: salud, defensa, logística, comunicaciones y derechos humanos

”En los correos en poder de SEMANA, hablan de la necesidad de dotar a estos grupos para enfrentar a la fuerza pública. “La práctica militar de masas tiene elementos para hacer una sistematización y hay un kid (sic) de primera línea, con máscaras, cascos, etc. Hay que avanzar rápidamente en una primera racionalización”.

En otra de las contundentes pruebas aparece alias Argiro o alias Santiago, quien entrega recursos a la primera línea, y hay evidencia de que desde los campamentos del ELN salieron tulas y cajas de cartón con más de 300 millones de pesos en efectivo a finales de 2021 y principios de 2022.

“Bueno, Argiro me resolvió lo del dinero 50 (millones), pero me dijo que me enviaba 23 (millones) más para aportar a las primeras líneas. Necesito que me desenreden bien la pita porque Clara me dice que Madi está reclamando el efectivo del carro, para yo saber bien con qué cuento para ese apoyo y para lo que ya te dije de la reactivación de las cuentas del CU (cuentas urbanas)”, se escucha en audios de los mismos miembros de la primera línea, que hoy son las evidencias en su contra.

Y hay más pruebas. En la primera reunión de la Asamblea Nacional Popular, en Bosa, en junio de 2021, queda clara la llegada del ELN con un documento que señalaba: “En la mesa programática se plantean dos posiciones: la primera considera necesario una reforma a la estructura de la Policía y, la segunda, que la primera línea actúe de forma similar a la guardia indígena. La primera línea debe ser fortalecida y llenada de contenido político”.

No se trató de simples intenciones de infiltrar las protestas. Efectivamente lo hicieron. Un joven capturado que decidió colaborar con la justicia contó de qué forma: “Antes de las manifestaciones nos hacían inteligencia, nos ubicaban y nos llegaban de una con comida, vicio, trago y plata. Nos decían que eso era parte del apoyo que enviaban los compañeros que estaban luchando en el monte”.

La Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, quien hoy hace fila en la paz total, también infiltró las protestas. Jefes de la primera línea llegaron hasta sus campamentos en el estado de Apure, Venezuela, donde recibieron instrucciones, dinero y hasta enviaron cartas firmadas por Márquez, en las que los alentaban a continuar delinquiendo.

Información de inteligencia advirtió que desde Venezuela enviaron 160.000 dólares para financiar actos terroristas. Con rastreos, grabaciones de comunicaciones de la red urbana de las disidencias, archivos de computadores e infiltraciones de agentes encubiertos se logró la captura del emisario de Márquez, Leonardo Díaz, alias Richard, a quien le asignaron la misión de ejecutar el plan criminal en Cali.

Con él fueron capturados David Bernal, alias Alejandro; Yidwar Mondragón, alias el Negro; Yovani Jojoa, alias Chepe; Nivel Vallejo, alias Nene; Anyi Vallejo, alias Anyi; y Edwar Ramírez, alias Edwar. Varios son disidentes del proceso de paz encargados de la “coordinación de masas”, aprovisionamiento de armas, manejo de explosivos y estructuras delincuenciales, entrega de dinero en efectivo, logística y transporte.

De hecho, cuando surgió la primera línea, sus integrantes se preocuparon por iniciar una campaña en la cual aseguraban que no tenían una sola cabeza ni control de mando. Tampoco había un solo vocero y, por tanto, cada grupo era autónomo e independiente. Esto le ha servido a la justicia para procesar a los detenidos como delincuentes comunes, no pertenecientes a una organización criminal al margen de la ley.

Aunque todavía no es público el documento final que permitiría hacer efectiva la libertad de los detenidos, el presidente deberá ser cuidadoso para evitar que con su decisión quede lesionada la autonomía de la justicia en Colombia. En una democracia, los jueces son independientes y sus decisiones deben ser respetadas. Cualquier acción en contra puede convertirse en un peligroso precedente de intromisión del Ejecutivo en la Rama Judicial. Esto, sin contar con la impunidad y la burla hacia las víctimas, lo que, sin duda, en nada contribuye a la paz total.