La inocencia perdida: el drama del reclutamiento forzado

Roy Barreras, con sus revelaciones sobre el bombardeo del ejército contra un campamento de la disidencia de las Farc al mando de alias el Cucho, en el que murieron ocho menores de edad, causó la renuncia del ministro de Defensa Guillermo Botero. Pero también puso sobre la mesa el problema del reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes en el país. Los colombianos esperaban que ese drama se redujera o desapareciera con la desmovilización de las Farc, pero volvió a tomar fuerza desde 2018. El asunto tiene tal magnitud que desde antes de este escándalo varias instituciones nacionales e internacionales venían llamando la atención sobre el mismo. Si bien las cifras varían, coinciden en el incremento del fenómeno.

Entre enero de 2018 y lo que va de 2019, la Defensoría del Pueblo ha emitido más de 100 alertas tempranas para denunciar esta práctica; tan solo en 2018 hizo 73 informes. Para esa entidad, los departamentos con mayor riesgo son Antioquia, Nariño, Chocó, Meta, Bolívar, Tolima, Córdoba, Cundinamarca, Valle del Cauca, Casanare y Putumayo. De igual manera, en su nuevo boletín, el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia revela que en el primer semestre de 2019 hubo 33 eventos de reclutamiento forzado, que representan un incremento del 41,6 por ciento frente al mismo periodo de 2018.

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Y el más reciente informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) relata el aumento del reclutamiento forzado de menores de edad. Este organismo multilateral identifica al ELN como responsable de este delito en Catatumbo (Norte de Santander); Segovia (Antioquia); Santa Rosa del Sur y Simití (Bolívar); y Alto Baudó, Bajo Baudó, Bojayá, Riosucio y Juradó (Chocó). Según la MAPP, en el suroriente las disidencias de las Farc lideran esta práctica. Los municipios más afectados son: “San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Solano (Caquetá); La Macarena (Meta); San José del Guaviare y Miraflores (Guaviare); y Arauca y Arauquita (Arauca)”. Finalmente, las bandas criminales, en especial el Clan del Golfo, completan este sombrío panorama.

Del reclutamiento forzado ni siquiera se salvan los menores indígenas, afrodescendientes y venezolanos. En el Catatumbo y el suroriente del país han denunciado casos de jóvenes del vecino país que, con la promesa de un sueldo, terminaron en las filas del ELN. La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) también ha reportado que en Chocó, niños embera han caído en manos de las disidencias, del ELN y de las bandas criminales. Además, las comunidades afrodescendientes de Jiguamiandó, Curvaradó (Chocó) y Alto Mira y Frontera (Nariño) han corrido con la misma suerte, según la MAPP.

Finalmente, de acuerdo con las estadísticas del Ejército, a lo largo de 2019 las tropas han recuperado (nombre técnico con el que se conoce este procedimiento) 185 menores de edad que quedan en custodia de las comisarías de familia para que comiencen el proceso de restitución de derechos.

Con respecto a los departamentos del suroriente, una de las regiones del país más golpeadas por este flagelo, la Defensoría dirigió en enero de este año una alerta temprana al Ministerio del Interior en la que relataba cómo en las veredas y zonas rurales de San Vicente del Caguán y La Macarena se habían presentado denuncias de reclutamiento forzado. Seis meses después, el defensor del pueblo Carlos Negret, en una rueda de prensa, dio una cifra que mostró la gravedad del problema: “Tenemos conocimiento de que en los últimos 12 meses más de 50 niños han sido reclutados, y gracias a la acción de la policía y al ejército hemos logrado recuperar 13 menores de edad, que ahora se encuentran en Bienestar Familiar”.

De este trágico panorama todavía no se sabe su real dimensión porque no hay estudios sistemáticos. ¿Por qué ha crecido en los últimos dos años? Las instituciones consultadas por SEMANA coinciden en señalar que el aumento del reclutamiento forzado va de la mano de la expansión de las bandas criminales, del ELN y de las disidencias de las Farc.

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De acuerdo con fuentes de inteligencia del Estado, desde que las divisiones al mando de Iván Mordisco y Gentil Duarte decidieron no acogerse al proceso de paz, planearon expandir sus estructuras, basadas en el financiamiento con los dineros de economías ilegales y en el reclutamiento de menores. En 2017, estos dos exguerrilleros y otros más se reunieron en zona rural del municipio de El Retorno (Guaviare) con el fin de acordar su estrategia para el periodo 2018-2021. Allí estipularon la meta de alcanzar los 6.000 miembros, y que la mejor manera de hacerlo implicaba reclutar a la fuerza menores de edad.

^{De enero de 2018 a la fecha, la Defensoría del Pueblo, encabezada por Carlos Negret, ha emitido cerca de 100 alertas tempranas relacionadas con el reclutamiento forzoso de menores.}

En la lógica de los grupos ilegales, el reclutamiento forzado tiene varias funciones. Es la forma más rápida de aumentar el número de combatientes, con la ventaja de que por su edad son más fáciles de manipular para que se conviertan en máquinas de guerra. Por otra parte, este delito también sirve para consolidar el control territorial sobre una zona. Cuando reclutan un niño, sus familiares temen que las mismas bandas criminales lo asesinen si una comunidad incumple una orden como, por ejemplo, informar sobre movimientos de la fuerza pública. Ese miedo aumenta con la posibilidad de que esos menores puedan morir o ser heridos en operaciones militares. Esta situación hace que la gente comience a colaborar forzosamente con estos grupos ilegales.

El reclutamiento forzado, independientemente del grupo armado ilegal, tiene varias modalidades. La MAPP ha identificado cuatro: la primera es el ofrecimiento de dinero, artículos de lujo y de un “empleo formal”. Otra tiene que ver con la seducción de niñas que terminan de amantes o compañeras sentimentales de los jefes. También recurren al rapto. Y, por último, está la amenaza y manipulación psicológica. Una vez en las filas, los menores cumplen funciones como vigilar, cobrar extorsiones o participar en la milicia armada.

Además de ser un flagelo que acaba con el futuro de los chicos, el reclutamiento forzado trae consigo muchos inconvenientes más. En primera instancia, esta práctica rompe con el tejido social de las comunidades. Por otra parte, constituye un problema de seguridad nacional, ya que por este medio los grupos ilegales agrandan sus ejércitos a bajo costo. Así mismo, los menores se convierten en carne de cañón reemplazable y en una dificultad para la fuerza pública a la hora de realizar operativos contra estas estructuras. Por eso, como recomiendan la Defensoría del Pueblo y el MAPP, el Gobierno debe tomar medidas más allá de las estrategias militares para combatir este delito.

Durante más de 50 años de conflicto armado en el país, miles de menores sufrieron el desplazamiento forzado. Unos murieron en medio de la guerra, y otros, adoctrinados y curtidos por la guerra, se convirtieron en sanguinarios cabecillas que continuaron con este espiral. De acuerdo con el Centro de Memoria, entre 1958 y 2015 hubo 16.879 registros de reclutamiento y utilización de menores de edad.

El proceso de paz con las Farc prometía poner fin a esta tragedia. Sin embargo, ha sido progresivo el crecimiento de los grupos armados ilegales, que coparon los espacios dejados por la exguerrilla y recogieron la tradición de décadas anteriores. De las acciones que tome de ahora en adelante el Estado colombiano depende que no se repita la historia de los ocho niños muertos en un bombardeo.