La isla del tesoro

Cuando la luz electrica llegó a este pueblo la vaina se jodió”. Las proféticas palabras de Moisés Medrano, un humilde palenquero que ronda por los 60 años, resume lo que hoy está pasando en Tierrabomba. Esta isla, enclavada en el mar Caribe en las cercanías de Cartagena, se ha convertido en el tesoro más codiciado de políticos, constructores y narcotraficantes. La razón: la tierra vale oro. Los proyectos de desarrollo urbano que están programados para los próximos años convertirán a Tierrabomba en una de las zonas más exclusivas del país, pues allí el metro cuadrado de tierra superará el millón de pesos. Así lo afirman los expertos de las 10 empresas de finca raíz que funcionan en Cartagena y que conocen estos proyectos como la palma de su mano.

Pero aunque los potenciales dueños de esas tierras son los isleños, nada indica que ellos salgan beneficiados por esa bonanza. Desde el mismo momento en que se conoció que el gobierno había dispuesto la entrega legal de parte de los terrenos de Tierrabomba a sus habitantes, comenzó una disputa encarnecida por la adquisición de unas tierras tan valiosas. En ella han participado políticos como, entre otros, el presidente del Concejo de Cartagena, David Dajer, empresarios como el controvertido Moisés Araújo, socio de Reginaldo Bray, involucrado en el caso Dragacol y quien hoy se encuentra huyendo de la justicia. Y narcos como Heriberto Coneo, extraditado hace dos años a Estados Unidos cuando fue capturado en alta mar traficando con cocaína.

Todos ellos han tratado de diferentes formas de influenciar a los nativos de Tierrabomba para que les vendan sus tierras. “Uno de los primeros que vino por aquí fue Moisés Araújo. Como muy pocos le vendieron sus tierras, él decidió trazar cercas y cerrar los caminos que comunican algunos sectores de la isla. En esos predios metió capataces, uniformados con overoles de Dragacol para que cuidaran las tierras”, le dijo a SEMANA Rafael Contreras, nativo de Tierrabomba y miembro de la red de Veedurías Ciudadanas de Cartagena.

El negocio de tierra en esta isla es tan lucrativo que William Dau, director ejecutivo de la Corporación Cartagena Honesta, lo comparó con las transacciones de Internet. “Comprar tierras hoy en la isla es el equivalente a haber adquirido acciones de Microsoft cuando Bill Gates fundó la compañía”.

Así lo confirman los gerentes de las 10 empresas de finca raíz que tienen sus oficinas en Cartagena. Uno de sus gerentes señaló que “el valor del metro cuadrado en la isla, que hoy se cotiza según el Instituto Agustín Codazzi en 10.000 pesos, podría llegar a costar en sólo cinco años casi 100 veces más” .

Para un conocedor del tema con intereses en la actividad turística, “los terrenos de Tierrabomba son los únicos que quedan por estos lados y no hay mejor sitio en el país para su desarrollo turístico. Tienen dos grandes ventajas: sus playas son vírgenes y de aguas cristalinas. Y sus tesoros arqueológicos son invaluables y todavía la mayoría de ellos están enterrados”.



Una vieja historia

¿Por qué Tierrabomba se ha convertido en un tesoro tan codiciado?

Urbanizar la isla no ha sido un proyecto de ahora. Desde hace más de cuatro décadas decenas de propuestas privadas y públicas, incluida la construcción de un puente que comunique a la isla con Cartagena, han pasado por la Alcaldía y despachos del Ministerio de Obras Públicas. Pero durante años ninguna de esas iniciativas prosperó por un asunto tan delicado como complejo: el litigio que existe sobre los títulos que acreditan a los nativos como los verdaderos dueños de Tierrabomba.

Los nativos han asegurado a lo largo de los años que ellos son los únicos propietarios de las tierras. “Tenemos escrituras de los años 1871 y 1929, que demuestran que la isla es propiedad de nosotros”, dijo a SEMANA Medrano, vicepresidente de la junta de defensa de los derechos de la comunidad de Carex y Bocachica. Carex era el nombre con el que se llamaba Tierrabomba a mediados del siglo XVI.

Sin embargo, en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena los certificados de tradición y libertad demuestran que la isla tiene otros propietarios. Según el Registro, en 1931 la Nación compró Tierrabomba por 350.000 pesos a la petrolera estadounidense Andian National Corporation Limited. Treinta años más tarde el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla decidió ceder parte de la isla al Ministerio de Defensa a través de la Armada y otra parte al municipio de Cartagena (ver infografía).

El litigio por establecer el verdadero dueño de la isla nunca ha sido aclarado totalmente. No obstante, eso no fue impedimento para que en 1989 el gobierno expidiera la ley 9, con la cual pretendía ceder tierras de la Nación para viviendas de interés social. La medida buscaba legalizar las tierras a personas que estaban ocupando terrenos considerados como propiedad de la Nación, con todas las ventajas que ello implicaba. “La ley en esencia era buena porque buscaba legalizarle tierras a la gente más pobre. El problema es que la ley era demasiado buena y no tenía restricciones que garantizaran que otros se aprovecharan de ella”, dijo a SEMANA el comandante de la Armada Nacional, almirante Mauricio Soto.

La Armada realizó un censo en 1993 en las 969 hectáreas de la isla que son de propiedad del Ministerio de Defensa. Basados en esos datos, entre 1995 y 1997 el ex ministro Juan Carlos Esguerra firmó un total de 73 cesiones de terrenos a nativos de Tierrabomba. Consciente de las fallas de la ley 9, Esguerra señaló que durante su gestión se impusieron algunas restricciones con el fin de intentar garantizar que las predios no terminaran en otras manos diferentes a las de los nativos. Pero el efecto no se logró. La razón: el Ministerio no podía introducir a fondo las limitaciones necesarias para evitar que los habitantes de Tierrabomba se convirtieran en testaferros de políticos, empresarios y narcotraficantes que ya habían comprado parte de sus mejoras a los isleños por cifras irrisorias.



Los invasores

Esa situación desencadenó una oleada de invasiones de terrenos en la isla. Después de que el nativo vendía la posesión de su tierra y se gastaba los pocos pesos que había recibido, se apoderaba de un nuevo terreno para iniciar nuevamente los trámites con el fin de tratar de reclamar la posesión. En muchas ocasiones era alentado por los intereses del comprador: “Algunos contrataron a nativos a quienes les dieron alambres para que cercaran nuevos terrenos. Uno de los que más acudió a esa táctica fue Moisés Araújo”, señaló Rafael Castro.

Cuando Luis Fernando Ramírez asumió como ministro de Defensa, en su escritorio reposaban más de 50 escrituras que esperaban su firma para legalizar igual número de terrenos. Ramírez, que poco o nada conocía del asunto, decidió acudir a la oficina jurídica del Ministerio para que estudiara el caso. “Después de analizar cada uno de los casos y conocer a fondo de lo que había ocurrido en el pasado, el ministro Ramírez decidió congelar la cesión de terrenos. En este momento estamos estudiando mecanismos que nos garanticen la transparencia en el sistema de adjudicación de los predios”, señaló a SEMANA Luz Marina Gil, jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Defensa.

Este trabajo que desarrolla la oficina jurídica del Ministerio de Defensa hasta ahora está empezando. Y perfeccionarlo va a tardar un buen tiempo. Incluso se ha llegado a proponer una reforma de fondo a la ley 9 por parte del Congreso, con el fin de que los nativos no se presten para ese turbio carrusel de invadir terrenos, buscar su legalización y venderlos a terceros.



Las otras tierras

Pero no sólo el problema de los terrenos de Tierrabomba están ligados con el Ministerio de Defensa. Un total de 1.052 hectáreas están bajo el control del municipio de Cartagena. En este caso es de libre albedrío que el municipio ceda los terrenos que supuestamente debe terminar en manos de los nativos. Pero eso no ha ocurrido.

“Los terrenos que se supone le pertenecen al Distrito y que deben ser única y exclusivamente para los nativos, son los que están más invadidos”, afirmaron algunos líderes cívicos del corregimiento de Bocachica, quienes han denunciado públicamente esta irregularidad y hoy sus vidas están amenazadas.

Las irregularidades en el manejo de estas tierras ya tocaron las puertas del municipio. El actual presidente del Concejo de la ciudad, David Dajer, está vinculado por la Fiscalía Seccional en casos relacionados con la compra irregular de terrenos en Tierrabomba. No son las únicas investigaciones que hoy están en las dependencias de la Fiscalía.

De acuerdo con estimativos del Instituto Agustín Codazzi y del departamento de Planeación Distrital de Cartagena, la posesión de cerca de 350 hectáreas ha sido adquirida en los últimos años por el valor de 280 millones de pesos. Según los cálculos de los funcionarios, el verdadero costo de esas tierras puede acercarse a la cifra de los 3.000 millones de pesos.

Esos terrenos están hoy en manos de varios de los más importantes políticos de Bolívar. Sus nombres no se dan a conocer porque están siendo investigados por parte de la Fiscalía para establecer sus responsabilidades con las tierras de Tierrabomba. En Cartagena también se especula que esos terrenos serán utilizados para desarrollar una serie de proyectos turísticos que incluyen la construcción de clubes, embarcaderos y condominios de lujo.

El tema de Tierrabomba tiene hoy dos aristas. Por un lado, el Ministerio está haciendo un esfuerzo jurídico con el fin de buscar una serie de ajustes a la ley 9 que permita amarrar la entrega de las tierras a los nativos y evitar que éstas terminen en manos de terceros. Por otro lado, está el tema de Cartagena, más complejo porque los tentáculos de corrupción también se enquistaron en las casas de los pescadores y palenqueros cartageneros. Y como lo dijo Moisés Medrano “esa joda del desarrollo corrompe hasta la sal”.