La JEP estudia decretar medidas cautelares para proteger la Casa del Florero, las Caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio Sur

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, estudia la posibilidad de decretar medidas cautelares para proteger la Casa del Florero, las Caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio Sur, en Bogotá.

La decisión de la JEP se da al recibir la solicitud por parte de Helena Urán Bidegain, hija de Horacio Urán, hija del magistrado Horacio Urán, quien fue asesinado por los mismos militares que lo habían rescatado tras haber salido con vida tras la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

Para la JEP, la solicitud comprende la salvaguarda de los derechos a la verdad, a la reparación y a la no repetición de las víctimas de los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia.

En el trámite, la Sección de la Jurisdicción solicitó información que permita recabar nuevos elementos probatorios que permitan adoptar una decisión de fondo sobre su competencia frente a este asunto. De dictarse las medidas cautelares, el objetivo es poder encontrar en estos lugares nuevos elementos que puedan contribuir a esclarecer plenamente lo ocurrido con las víctimas de estos hechos.

Estos sitios resultan ser claves en las investigaciones que aún hoy se adelantan por los hechos que rodearon la toma y la retoma del Palacio de Justicia, en los que desaparecieron 11 personas. Muchos de los desaparecidos y asesinados fueron llevados hasta estos lugares donde posteriormente se perdió su rastro.

y por estos delitos la justicia ordinaria ha condenado a varios exmilitares, como el general Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante de la Brigada 13 del Ejército, quien en marzo fue expulsado de la JEP por no aportar verdad plena, exhaustiva y detallada sobre los desaparecidos del Palacio.

Por los hechos acontecidos en el Palacio de Justicia fue condenado el general Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante de la Brigada 13 del Ejército. El uniformado fue expulsado de la JEP por no contar la verdad sobre los desaparecidos del Palacio.

Hace apenas unos días el juzgado 49 de Bogotá emitió orden de captura en contra del coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y los militares Antonio Rubay Jiménez Gómez, Óscar William Vásquez Rodríguez, Luis Fernando Nieto y Ferney Ulmardin Causaya Peña para que cumplan las respectivas condenas que se han emitido en su contra por su responsabilidad en la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández e Irma Franco Pineda durante la operación de recuperación del Palacio.

En la determinación, el despacho judicial advierte que el hecho varios de estos militares hayan presentado su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es motivo para que se suspendan las órdenes de captura emitidas en su contra por el delito de desaparición forzada agravada.

En marzo pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema dejó en firme la condena de 40 años de prisión en contra del coronel Sánchez Rubiano, quien fue el primer oficial del Ejército capturado por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, fue señalado de haber ejercido labores de inteligencia desde la Casa del Museo del Florero, donde se montó un improvisado puesto de control.

Hasta ese lugar, ubicado a un costado del Palacio de Justicia, eran trasladados los rehenes que eran liberados por las Fuerzas Militares. Sin embargo, una vez llegaron a la Casa, un grupo fue separado y subido al segundo piso, lugar donde fue sometido a torturas. Lo anterior, debido a que los hombres a cargo de coronel Sánchez Rubiano los señalaron de ser “sospechosos”, haber tenido vínculos con la guerrilla del M-19 y, por ende, participar en la toma del Palacio.