JEP le ordena a EPM entregar la información sobre el traslado de tres cementerios de Hidroituango

Aunque Empresas Públicas de Medellín alegaba que la Jurisdicción Especial de Paz no tenía competencia para dictarle órdenes y exigirle cuentas, la determinación de los magistrados de la justicia transicional es exactamente la contraria. En un auto de 40 páginas la JEP consignó los argumentos legales con los que dio respuesta a EPM.

Por un lado rechazó de plano la pretensión de la compañía de salir del radar de la jurisdicción de paz, y por otra parte le da un plazo de máximo diez días para que informe minuciosamente todo lo relativo a la remoción de tres cementerios que hizo la empresa en la zona de influencia del proyecto Hidroituango.

El auto está firmado, de forma unámime, por los cinco magistrados integrantes de la Sección Primera para Casos con Ausencia de Reconocimiento de Verdad. El expendiente se remonta a una audiencia pública convocada por la JEP y realizada en Medellín el 8 y 9 de octubre pasado. Los magistrados citaron a todas las autoridades competentes en atención a una solicitud de un grupo de víctimas que pidieron dictar medidas cautelares para salvaguardar evidencia clave sobre el fenómeno de desaparición forzada en relación con el conflicto armado en la zona de influencia del megaproyecto hidroeléctrico.

En esa audiencia pública participaron, entre otros, EPM, la Universidad de Antioquia, la gobernación y voceros de la firma Integral. Estos fueron citados para explicar, de viva voz, los pormenores sobre el traslado de tres cementerios en la zona de Hidroituango y de donde se estima fueron exhumados 349 cadáveres. El problema es que esa operación se hizo sin la participación de la Fiscalía General de la Nación. La ley prohíbe que particulares manipulen cadáveres cuya muerte haya sido violenta o sin identificación plena en virtud de que estos están relacionados con procesos penales. 

En la audiencia EPM explicó que el ente investigador le dio luz verde para proceder pero eso no está claro para la JEP. Luego de la audiencia EPM alegó que la JEP no tenía competencia y fue renuente a entregar toda la información solicitada por los magistrados. Ahora la respuesta legal de los magistrados es declarar que “no prospera la oposición al presente trámite, presentada por Empresas Públicas de Medellín”. Y le ordena aportar un cúmulo de información que será determinante para verificar si hubo irregularidad y establecer qué ocurrió con los tres cementerios removidos.

En el caso de Hidroituango, las víctimas argumentan que en los seis municipios de influencia directa del proyecto (Briceño, Peque, Sabalarga, Ituango, Toledo y Valdivia) hay centenares de desaparecidos. Ese eje en torno al cañón del río Cauca ha sido una de las zonas más estremecidas por la violencia a lo largo de décadas. Los cañoneros aseguran que muchas veces bajaban cadáveres por el río y los enterraban en las playas. El Centro Nacional de Memoria Histórica registra que desde 1982 hasta 2016, hubo cerca de 600 casos de desaparición forzada en esos seis municipios.

En relación con ese panorama, varias comunidades y organizaciones critican el proyecto de Hidroituango de EPM, pues para llenar los 79 kilómetros del embalse hubo que inundar muchas zonas y hasta trasladar comunidades. Así pasó con la comunidad indígena Nutabe, de Orobajo, la cual por la megaobra quedó fragmentada y reubicada en otro territorio. También hubo que levantar el cementerio de esta población marginal. Pero no fue el único. Otros dos cementerios fueron removidos: el de Barbacoas, en el municipio de Peque, y La Fortuna, en Buriticá.

La antropóloga y profesora de la Universidad de Antioquia Timisay Monsalve, lideró todo ese trabajo. Ella le dijo a SEMANA: "De Orobajo, donde la comunidad decía tener cerca de 100 muertos, exhumamos 180; de Barbacoas, donde la gente también calculaba 100 muertos, recuperamos 151, y de Fortuna, donde estimaban 10 individuos, resultaron 18 a pesar de que las retroexcavadoras ya habían destruido la mitad del cementerio.

La profesora Monsalve explicó a la JEP que en total recuperó 349 cadáveres. “Uno a uno rotulado y documentado”, dice, y recalca que hizo el trabajo con todo el rigor profesional a pesar de las condiciones adversas del terreno y de la precariedad de esos lugares. Define lo hecho como una operación “bioantropológica” y asegura que siempre estuvo en compañía de la comunidad. También explica que al aceptar la misión asumió que no eran muertos vinculados a la violencia. “Nosotros no estábamos buscando desparecidos, lo que hicimos fue un traslado administrativo que venía dentro de la licencia ambiental de EPM”.

Los documentos indican que EPM contrató a Integral, una firma de ingeniería, y que esta a su vez subcontrató con el convenio 14 de 2017 a la Universidad de Antioquia para trasladar tres cementerios. Esto dentro del marco de la licencia ambiental otorgada al proyecto Hidroituango. De ese modo Monsalve lideró un equipo de 25 profesionales que hicieron las exhumaciones.

Respecto a los 180 cadáveres de Orobajo que están en el laboratorio de osteología de la Universidad de Antioquia, en Medellín, la antropóloga dice que la comunidad le autorizó la custodia con documentos escritos, dado que no tenían definido a dónde trasladarlos. Así mismo, señala que los demás cuerpos recuperados quedaron inhumados nuevamente en el municipio de Peque.

Por su parte, los magistrados de la JEP consideran que el traslado de los tres cementerios está plagado de irregularidades. En la audiencia pública cuestionaron duramente a la profesora Monsalve cuando esta narró que había lavado la ropa de los muertos para que las familias pudieran identificarlos mejor. Desde el punto de vista forense eso es una alteración de evidencia.

Por otra lado, la JEP ordenó la intervención del laboratorio de la Universidad de Antioquia y dispuso una inspección a los cadáveres que allí se encuentran. 

También está en entredicho el rol de la Fiscalía en Antioquia. En la audiencia pública las directivas de EPM explicaron a los magistrados que el ente acusador dio luz verde para actuar sobre los cementerios, con el argumento de que las búsquedas oficiales ya se habían agotado. La JEP considera que la Fiscalía no podía delegar esa labor. “No estamos hablando de Noruega, estamos hablando de zonas con altísimos índices de violencia”, le dijo el magistrado Gustavo Salazar al fiscal regional que intervino en la audiencia.

En el auto en que se requiere a EPM dice expresamente que: "No obra en el expediente documento alguno de la Fiscalía General de la Nación que certifique, establezca o señale, que se ha realizado un proceso de búsqueda, prospección, recuperación y exhumación exhaustiva en la zona de influencia del proyecto Hidroituango (especialmente en el área inundada y que no subsisten lugares de inhumación o cuerpos de personas víctimas del conflicto en especial de desaparición forzada en dicha área"

De momento para la JEP lo que está claro –según la interevención de la propia Fiscalía en la audiencia pública– es que el ente investigador le advirtió a EPM de manera categórica que "si en los cementerios a intervenir existen cuerpos en condiciones de no identificación, estos no pueden ser intervenidos por ustedes". Y aún más, la Fiscalía habría indicado a EPM que "de existir estos cuerpos (NN) se requeriría realizar un inventario y registro de cada uno para tomar decisiones de fondo".