La JEP, según el uribismo

El gobierno de Juan Manuel Santos aspiraba a que la paloma de la paz –su gran legado histórico– volara sin mirar atrás y con piloto automático. Pero las cosas no serán así. Del fulminante anuncio de hace un año de “volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo con las Farc”, hecho por Fernando Londoño en la convención del Centro Democrático, el país pasó a una realidad política que en mejores términos dice paz sí, pero con otro plan de vuelo.

La nueva realidad política, llamada Iván Duque, empezó a materializarse anticipadamente en el texto de la ley de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la paz (JEP). El proyecto estuvo empantanado varios meses en el Congreso, sometido a una operación tortuga aceptada tácitamente por las bancadas a la espera de ver qué ocurría en las elecciones presidenciales. Y una vez resultó ganador, el candidato electo del Centro Democrático pidió suspender ese trámite, ya en el remate de esta, la última legislatura del actual gobierno.

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El pronunciamiento de Duque le puso una lápida instantánea a la iniciativa. Y entonces, tarde, el gobierno trató de reaccionar. El ministro Guillermo Rivera le recordó al Senado la responsabilidad de votar y que el proyecto tenía mensaje de urgencia. Nadie le paró bolas. Terminado el tiempo, el gobierno se vio obligado a llamar a sesiones extras y conformó una “subcomisión accidental” para escuchar las decenas de peros que el uribismo tenía sobre el proyecto. Al final logró negociar y adaptar el grueso de las proposiciones, salvo dos artículos realmente espinosos.

En paralelo diferentes sectores desplegaron una fuerte presión. La magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, señaló la urgencia de expedir la ley de procedimiento, pero advirtió que en caso de ausencia de esta norma los jueces de paz no denegarían justicia, sino que se verían obligados a actuar con las pautas del Código de Procedimiento Penal ordinario. Por su parte, la Misión de Naciones Unidas llamó “a las instituciones del Estado y a las fuerzas políticas para que remuevan los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz en Colombia cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas”. E incluso, en una salida atípica, la mismísima cúpula militar dijo que si la ley no prosperaba, miles de uniformados quedarían en la incertidumbre judicial, lo que podría significar una carta de invitación para que la Corte Penal Internacional viniera a actuar contra ellos.

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A nivel del alto gobierno también hubo movimientos urgentes. El presidente Santos recibió a su sucesor y en una reunión privada hablaron del asunto. Allí Duque se mostró receptivo y aseguró que no tenía el propósito de hacer trizas la paz, sino de construir sobre lo construido. Santos comprendió que el tiempo se agotaba y que no había espacio para esperar a que las buenas maneras del presidente electo ablandaran la vehemencia de su bancada. Analizada la estrechísima situación, el gobierno saliente decidió jugarse una carta de alto riesgo: salvar en tiempo extra la ley al hacer que se aprobara con los artículos que el uribismo le impuso. Y así fue.

El miércoles, por primera vez en año y medio desde la firma de la paz, la bancada del Centro Democrático se quedó en el recinto del Senado y votó la aprobación de una norma relativa a los acuerdos. Solía ocurrir que los parlamentarios uribistas se marginaban antes de votar, pues de antemano se sabían derrotados por la mayoría oficialista. Ahora ellos tienen la mayoría, y bajo esa ecuación actuó Santos. A su gobierno no le queda más que confiar en que los dos artículos contrarios a su visión de la paz se caerán en la instancia jurisdiccional. “Veremos lo que pasa en la Corte Constitucional”, aseguró el presidente.

Los artículos aprobados sobre los cuales hay lecturas radicalmente opuestas tienen que ver con el trámite de extradición y la comparecencia de militares ante la JEP. El primero realmente no tiene incidencia mayúscula. Surgió a raíz de la determinación –desatinada– de la JEP de congelar el trámite de extradición contra el exjefe guerrillero Jesús Santrich. Para el Centro Democrático la maniobra evidencia que el Tribunal para la Paz no permitirá enviar a Estados Unidos a quienes reincidan en delitos como el narcotráfico. Y por eso propuso un artículo que puntualiza que la JEP, en casos de extradición, no puede practicar pruebas y que debe únicamente verificar que el supuesto delito tuvo lugar después de la firma de la paz.

El gobierno, por su parte, insiste en que la JEP en su autonomía puede practicar pruebas si lo requiere, pero únicamente a fin de verificar la fecha del supuesto delito. Aunque la extradición de Santrich es una papa caliente para el proceso, es claro que se trata de un caso excepcional. Por eso, aunque este punto es delicado, no afectará a muchos. La Corte Constitucional ya zanjó el asunto esta misma semana.

Más implicaciones tiene el artículo 75 que abre un compás de espera de 18 meses para que los miembros de la Fuerzas Armadas que van a comparecer ante la JEP puedan abstenerse hasta que ese tribunal sea reconfigurado. El uribismo considera que la Jurisdicción para la Paz, tal como quedó, es una justicia inquisitiva frente a los militares y que por tanto es necesario crear una sección especial para estos, con jueces diferentes.

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El gobierno y muchas más voces especializadas señalan que los acuerdos crearon un sistema integral de verdad y justicia que contempla un tratamiento diferenciado para los miembros de la fuerza pública, “pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo”, según dice el Acto Legislativo 01 de 2017 que expidió el propio Congreso y que la Corte Constitucional encontró ajustado a la Carta Política. Por eso, insiste el gobierno, el artículo 75 de la ley de procedimiento de la JEP con el que el uribismo crea un escenario excepcional para los militares no resistirá el examen constitucional.

El presidente Santos anunció que no objetará la ley. De esta forma, una vez el mandatario la promulgue, esta empezará a regir. Es decir que desde la semana entrante la JEP tendrá las herramientas para acometer su misión judicial. Aun así, los dos artículos en cuestión irán a la Corte Constitucional por cuenta de demandas ya anunciadas. El máximo tribunal podría tardarse entre dos y tres meses en decidir si los elimina o no.

De cualquier forma, este episodio permite avizorar que esos artículos constituyen apenas un par de pétalos dentro de un voluminoso ramillete de cambios. La senadora Paloma Valencia, al celebrar la aprobación de la ley con los ajustes impuestos por el uribismo, aseguró: “¡Esto es el gobierno de Iván Duque!”, y leyó un documento en el que enunció “los lineamientos básicos frente a las necesarias reformas a la JEP”.

Y entre las modificaciones anunciadas, además de la reconfiguración del Tribunal para la Paz en favor de los militares, se señalan otras de gran calado como la creación de curules para combatientes de la fuerza pública víctimas de crímenes de guerra, y el cierre de la posibilidad de que los exguerrilleros vayan al Congreso antes de pagar sus culpas ante la JEP. Además, el propio Iván Duque, en campaña, insistió en la necesidad de hacer una reforma para que el narcotráfico no sea admitido como delito conexo en el paquete de la paz.

El senador Armando Benedetti cree que detrás del galimatías jurídico hay solo una razón política poderosa: “Lo que se proponen es dejar inservible la JEP porque a Uribe no le interesa que ningún militar vaya a hablar mal de él”, aseguró. El propio expresidente dio su lectura de lo acontecido en un solo trino: “Gran trabajo de la senadora Paloma Valencia en la JEP: evita más trabas a la extradición y evitar que sigan igualando a nuestros soldados y policías con el terrorismo. Reformas necesarias pero no desconociendo los acuerdos”.

En suma, el país transita del discurso de campaña a la nueva realidad política. Y corre el peligro de que el plan de vuelo del nuevo piloto termine por extraviar a la desconfiada paloma de la paz.

Que continúe la extradición: Corte Constitucional

El alto tribunal resolvió la disputa de competencias entre la Fiscalía y la JEP por el caso del exjefe guerrillero de las Farc Jesús Santrich.

La JEP desató una enorme controversia hace poco más de un mes, cuando metió al congelador el proceso de extradición contra Jesús Santrich, al amparo de una regla interna. El gobierno, el uribismo y el fiscal general, al unísono, pusieron el grito en el cielo. Nadie comprendía cómo un reglamento podía sobreponerse a una ley como la que regula los procesos de extradición. El asunto produjo un conflicto de jurisdicciones que esta semana resolvió la Corte Constitucional.

El alto tribunal dejó sin efectos la medida de la JEP y señaló que la Fiscalía ha actuado correctamente en lo que va del proceso. En su decisión, la corte puntualiza que la JEP debe limitarse a verificar la fecha de los hechos y que si establece que estos ocurrieron después de la firma de la paz (diciembre de 2016), el expediente debe seguir su curso en la justicia ordinaria. También señala que el Tribunal para la Paz, únicamente en función de verificar la fecha, puede decretar pruebas. Este último punto contradice uno de los artículos polémicos con que pasó la ley de procedimiento de la JEP en el Congreso. Lo cual anticipa que se caerá una vez llegue a la corte por vía de demanda.