"La JEP quedó solo con el 30 por ciento de la justicia del posconflicto": Fiscal General

En medio de un choque con la Jurisdicción Especial para la Paz por la captura con fines de extradición de Jesús Santrich, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, entregó durante el Foro Semana En qué van los acuerdos su balance de las investigaciones relacionadas con el conflicto armado que comenzará a entregarle a la justicia transicional. 

Actualmente, el ente investigador cuenta con 223.282 expedientes del conflicto armado, de los cuales 52.220 casos corresponde a hechos cometidos por las Farc, es decir, un 23 por ciento. En un 25 por ciento el presunto autor fueron las Auc; en un 6 por ciento el señalado responsable fue la Fuerza Pública y en un 39 por ciento (alrededor de 87.000 casos) se desconoce al responsable. 

En este contexto, el fiscal puso los reflectores sobre la sentencia de la Corte Constitucional, que limitó la competencia de la JEP solo para resolver los casos de antiguos integrantes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública. En casos de terceros civiles y agentes de Estado este sometimiento a la jurisdicción especial deberá ser voluntario.

"Todo el mundo cree que la JEP es la justicia del posconflicto y no, la JEP, teniendo en cuenta las estadísticas, tendrá el 30 por ciento de la juticia del posconflicto; el 70 por ciento restante se quedó en la justicia ordinaria porque los terceros civiles no son, desde el punto de vista subjetivo, parte de la jurisdicción de transición", indicó Martínez.

Así las cosas, el fiscal destacó el papel "protagónico y cuantitativo" que en todo caso jugará la justicia ordinaria en el posconflicto. Aunque la idea original era que la jurisdicción transicional conociera de todos los hechos del conflicto la realidad jurídica terminó siendo otra. 

La Fiscalía anunció que entregará en las próximas semanas a la JEP 18 informes de macrocrímenes. De estos, 10 tendrán relación con las FARC y estarán relacionados con: retención ilegal de personas (secuestro), u tilización de menores en el conflicto (reclutamiento ilícito), violencia basada en género, vínculos con terceros civiles y miembros de la Fuerza Pública, retención y ocultamiento permanente de personas (desaparición forzada), movilización forzada de población y apropiación de tierras (desplazamiento forzado), medios y métodos de guerra no permitidos (infracciones al DIH), muertes grupales y selectivas (homicidios, masacres) y dos informes de financiación.

Sobre terceros civiles -precisó Martínez- la Fiscalía tiene 16.407 compulsas de copias a todos los actores, que han llevado a la apertura de 8.490 procesos. "En los primeros meses a partir de la fecha se podrán ver los resultados de 29 macroinvestigaciones que tenemos practicamente listas y que comprometen a terceros en el marco del conflicto", dijo el fiscal.

Unidad de investigación, a paso lento

El fiscal aprovechó este escenario para llamar la atención sobre la debilidad que rodea la creación de la Unidad de Investigación de la JEP, creada para investigar los hechos del conflicto. Como director de esta unidad está el fiscal Giovanny Álvarez, quien viene tocando las puertas de diferentes entidades a la espera de apoyo para poder funcionar de manera óptima con el reto que afrontan.

"Debo señalar algo grave, a este señor de la Unidad de Investigación hay que darle una mano. En medio de esa copiosa nómina de la JEP, él no tiene sino 67 investigadores y 16 fiscales, eso causa risa y perplejidad. Cómo va a conocer del 30 por ciento de los delitos atribuibles a agentes del Esado y las Farc. O le dan los fiscales o claudiquen de una vez y entreguen las llaves", cuestionó Martínez.

Precisó además que el procedimiento que adoptará la JEP en materia penal será el sistema oral acusatorio, según se está discutiendo en el Congreso, y la nueva Unidad de la Fiscalía entrará a funcionar sin tener laboratorios de criminalística. "De qué estamos hablando, necesitamos tener conciencia", manifestó. 

Aunque aseguró que prestará lo que esté a su alcance para cooperar con el nuevo organismo, alertó porque el grueso de estas investigaciones estará en riesgo porque no tienen las condiciones mínimas para su funcionamiento.