La jueza se cansó y se fue hasta la clínica para realizar audiencia contra Enrique Vives Caballero

El país ha sido testigo de cómo el empresario Enrique Vives Caballero, quien forma parte de una de las familias más poderosas de Santa Marta, se ha escabullido de su responsabilidad penal luego de causar la muerte a seis personas mientras conducía en estado de embriaguez. A la jueza Olmis Cotes se le colmó la paciencia y, ante la literal tomadura de pelo a la justicia, decidió ella misma ir hasta la clínica donde está recluido evitando la imputación de cargos, para realizarla en el centro médico.

Se trata de un rosario de irregularidades: Vives Caballero no solo estaba borracho, manejaba con exceso de velocidad, fue trasladado a hurtadillas a la clínica y el diagnóstico ha sido imposible de conocer por la juez. Además, el reporte de alcoholemia presentado por la Policía, pese a que estaba con grado tres de alcohol (el más alto), las autoridades lo calificaron como grados dos y, de colofón, ahora se conoce que fue la Policía la que sin previo aviso permitió que llegara a la clínica evadiendo la imputación.

Pero lo que colmó la paciencia de la jueza fue que ayer en la noche en la audiencia fallida había advertido, con un oficio, que el protagonista del accidente en el que murieron seis personas no podía ser trasladado. Sin embargo, no se atendió su orden y se fue de la Clínica Perfect Body a la Fundación Santa Marta por el Niño, tal como lo había advertido el abogado de Vives Caballero, Álex Alberto Fernández Harding.

Por eso la jueza Cotes y la procuradora Gloria Guzmán Duque, miembros de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y los abogados de ambas partes, realizaron una visita a la clínica psiquiátrica Fundación Santa Marta por el Niño, donde, a su llegada, fue recibida en medio de vítores y arengas con las que la gente reclamaba: “justicia, justicia, justicia”.

Muchas dudas ha dejado este caso. Mientras seis personas ya tuvieron sus honras fúnebres y otras más se debaten entre la vida y la muerte, hay señalamientos contra el abogado Álex Alberto Fernández Harding por usar maniobras para dilatar la imputación, pero las principales dudas están contra la Policía.

En primer lugar, por haber presentado a Enrique Vives Caballero con grado dos de alcoholemia, cuando en realidad estaba en grado tres (el más alto). Además, por haber permitido que se fuera de la Clínica Perfect Body sin autorización de la Fiscalía.

Así lo dejó claro el representante de la Fiscalía, Arides Martínez López, quien en una de las fallidas audiencias hizo el reclamo por la dificultad para realizar la diligencia de imputación y dijo que “yo no tenía ningún conocimiento de que esa persona hubiera sido trasladada a Perfect Body. Por eso solicité al capitán Cuéllar (no dio nombre), que es el jefe de custodios, su colaboración para que se trasladaran los detenidos. Se trasladaron dos, pero cuando requerí a Enrique Vives Caballero, el custodio que lo acompañaba, de apellido Martínez (no dio nombre), me comunicó que estaba en la clínica. Así que es responsabilidad de la Policía”.