La fórmula de la Farc para evitar que le "hagan conejo" a la implementación

Sólo el 18,3 por ciento de lo que se pactó con las Farc en La Habana se ha implementado. Un año después de la firma del acuerdo de paz y dos meses antes de las elecciones parlamentarias, ese fue el balance que entregó el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz. Apenas 10 de 24 iniciativas que había en cola fueron tramitadas y ninguna incluyó aspectos fundamentales de la negociación como la reforma rural integral, la ley sobre tratamiento penal diferenciado para cultivadores ilegales, la reforma política y las Circunscripciones Especiales de Paz.

"Quiero lanzar un S.O.S por el proceso de paz en su implementación. Estamos viendo cómo se unifican las pequeñas fuerzas que quieren hacer fracasar este histórico proceso de paz que ha sido ejemplo en el mundo", señaló el candidato presidencial Timoleón Jiménez. Pero además ahora La Farc solicitaron que la Corte Internacional de Justicia emita un concepto sobre el compromiso que adquirió el presidente Juan Manuel Santos cuando presentó su penúltimo discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas.

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¿La razón? De los cinco pasos que se delinearon en la isla para blindar el acuerdo de paz, además de radicarlo ante el Consejo Federal Suizo, se pactó que el mandatario haría una declaración unilateral a nombre del Estado colombiano ante el secretario general, para solicitar que este le dé la bienvenida al acuerdo final y para que lo relacione con la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad que crea la misión de verificación, anexando el acuerdo a dicha resolución. De esa forma, para varios juristas, se le daría un carácter de cumplimiento obligatorio ante la comunidad internacional.

Sin embargo, a la fecha todavía subsiste la duda de si la radicación lo convertiría automáticamente en parte de la Constitución como aún piensan algunos y si las palabras del presidente comprometen al próximo Gobierno a poner en marcha todo lo que falta de la implementación. Por eso, este miércoles los plenipotenciarios que representaron a la guerrilla en La Habana le pidieron a la ONU que se dirijan a la Corte Internacional de Justicia para que emita una opinión consultiva sobre el alcance jurídico en Derecho Internacional de la Declaración Unilateral del Estado realizada por el presidente en marzo pasado.

De aceptar la solicitud, "la Corte emitirá un concepto declarando que el cumplimiento e implementación, de manera fiel, del acuerdo final es una obligación, conforme al Derecho Internacional, que alcanza a cualquier administración colombiana, incluida la Presidencia y el Congreso, al menos hasta el año 2030. De facto esa obligación de cumplimiento conforme al derecho interno ya existe en Colombia a consecuencia de la inclusión en la Constitución política de la norma aprobada en el Acto Legislativo 002 de 2017", advierte el comunicado.

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Desde que comenzaron las conversaciones, las Farc han tenido una obsesión: blindar jurídicamente los acuerdos. Es decir, que lo que se firmó en Cuba no esté al vaivén de los aconteceres políticos, sino que tenga rango constitucional. La angustia reside en el riesgo de que un gobierno futuro incumpla o desconozca lo pactado, o que se cambien los contenidos de los acuerdos en sus desarrollos legislativos. Un escenario que no se distancia de las dificultades que tuvo este Gobierno para sacar adelante las leyes y reformas que necesitaba.

De ahí que la solicitud no haga énfasis en comprometer las voluntades del periodo actual, sino en los venideros. "Son los futuros gobernantes e instituciones que serán elegidos en las próximas citas electorales quienes deben ser conscientes de que deben asumir el cumplimiento e implementación del Acuerdo como una obligación del Estado colombiano, no como una obligación exclusiva de un gobierno ya extinguido", señalan los representantes de la nueva Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. A su juicio, el concepto internacional supondrá un paso más en la construcción internacional de la denominada Lex Pacificatoria. Es decir, el conjunto de normas de derecho internacional que persigue la paz.

El miedo no es otro que la llegada del uribismo al poder en las elecciones. Uno de los últimos en advertirlo fue el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, que propuso desde el año pasado una coalición para derrotar a la oposición en primera vuelta, después de que el senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria, aseguró que si alguien de su colectividad llegaba a la presidencia en el 2018 cambiarían el acuerdo con las Farc. Al poco tiempo Uribe salió a aclarar lo que significaba esa afirmación. Aunque dijo que mantendría el acuerdo y que respetaba la desmovilización de los guerrilleros de base, aseguró que cambiaría los puntos fundamentales de la negociación: la justicia y la elegibilidad política. Por eso, lo que quedó en el ambiente fue la idea de que la coraza que protege al acuerdo no es tan dura como se creía.

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